Por Victoriano Martínez
Sólo ellos (diputados y auditora Superior del Estado) saben la prisa que tienen por dejar aprobados los informes finales de auditorías a las cuentas públicas 2017.
El artículo 53 de la Constitución Política del Estado es claro y lo dice con todas sus letras:
“En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso del Estado (…) se ocupará del análisis y, en su caso, aprobación del informe general e informes individuales que le presente la Auditoría Superior del Estado, respecto de la revisión de las cuentas públicas del Estado; de los municipios y de sus organismos descentralizados; de los organismos constitucionales autónomos; y las demás entidades auditables, relativas al año próximo anterior”.
Pero seguro ellos saben cuál su prisa, al grado de no respetar una disposición constitucional.
Tanta es su prisa, que menosprecian la previsión constitucional que da tiempo suficiente para que se haga bien el trabajo de fiscalización. Está muy claro en el artículo 54, tercer párrafo, de la Constitución:
“La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del Estado, los informes (…) a más tardar el día treinta y uno de octubre del año en que éstas hayan sido presentadas”.
Tienen tanta prisa, que muestran capacidad para terminar 68 días antes.
Y la Comisión de Vigilancia, encabezada por el diputado Héctor Mendizábal Pérez, tiene mucha más prisa.
Dictaminarán 113 informes finales de auditoría en los que la ASE trabajó durante cinco meses, en tan sólo 14 días.
“El jefe de la Unidad de Evaluación y Control nos informó que estamos en posibilidad legal de atender los informes, toda vez que a la Legislatura le corresponde dictaminar tres ejercicios fiscales y en este caso, se trata de 2015, 2016 y 2017”, dijo Mendizábal Pérez en un comunicado oficial.
El funcionario a quien se refirió es ni más ni menos que una leyenda en el lavado de cuentas públicas: Héctor Mayorga Delgado.
Pero pierden de vista que tal aprobación debe darse dentro del primer periodo ordinario de sesiones, que comienza el 15 de septiembre y termina el 15 de diciembre.
Hacerlo fuera de ese periodo abriría la puerta a la impunidad para todos los entes fiscalizados, pues se incumpliría con un requisito constitucional del procedimiento y con un amparo podrían evadir toda responsabilidad.
Pero ellos tienen prisa.
Ellos, los de la Legislatura de la ecuación corrupta para limpiar cuentas públicas.
Ellos, cuya prisa parece hacerlos olvidar que perdieron la confianza de la ciudadanía no sólo por la ecuación corrupta, sino también por los escándalos de los falsos apoyos de gestoría.
Ellos, que en su prisa echan mano de un personaje como Mayorga Delgado.
Ellos, que con su prisa exhiben que pretenden dejar las cuentas, a pesar de todas las dudas que pesan sobre ellos, más limpias que cuando se reveló la ecuación corrupta.
Sí, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado superó a José de Jesús Martínez Loredo.
Con su prisa, informa de observaciones a los 113 entes auditables por 700 millones 883 mil 296 pesos en las cuentas de 2017.
Un 27.77 por ciento menos que lo observado a los 58 ayuntamientos y el Poder Ejecutivo en la Cuenta 2016 (con plena actuación de la ecuación corrupta) y un 23.37 por ciento menos que las observaciones de las cuentas 2015.
Sólo ellos saben la prisa que tienen por dejar aprobados, antes de terminar su periodo como diputados, los informes finales de auditorías a las cuentas públicas 2017.
Lo que se aprecia es que una vez más son capaces de violar la Constitución por hacerle el favor a los entes fiscalizados… como en los mejores tiempos de la ecuación corrupta.
