Por Victoriano Martínez
Aunque la construcción de un libramiento sobre el Ejido La Pila está suspendida por irregularidades en la compra de los terrenos y su trazo ha sido ocultado por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT), el caso traza una ruta que revela que no han cesado los embates para anular la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
Desde que de manera confabulada el Comisariado Ejidal de La Pila y el corporativo META promovieron que en una asamblea los ejidatarios aprobaran la venta de los terrenos para la autopista por 39 millones 349 mil 254 pesos, por el derecho de vía sobre 30.26 hectáreas, ejidatarios inconformes han requerido a la SICT la información sobre ese proyecto.
De oficinas centrales de la SICT señalaron que la información se encontraba en el Centro SICT, en tanto que la oficina en esta ciudad aseguró que resguardaba la dirección de Desarrollo Carretero. La información no ha sido proporcionada a pesar de que un juzgado federal ya ordenó que se proporcione.
Un ocultamiento que, por tratarse de terrenos ejidales, no podía librarse de que, en cualquier momento, las huellas sobre el terreno dejarían ver indicios no sólo del trazo del libramiento sino también de los alcances de las maniobras de las que forma parte.
Gabriel Martín del Campo Gaytán, quien aparece como director administrativo de CBBES SLP (Iglesia Bíblica Bautista), es ejidatario de La Pila tras comprar derechos y es propietario de varias parcelas, una de las cuales, la 702, se encuentra en litigio porque la asamblea ejidal se la asignó a Ma. del Carmen Gómez Silva, quien encabeza a un grupo inconforme con el libramiento.
Como parte del procedimiento se dio una visita sobre el terreno para, con un estudio topográfico, ubicar la localización de las parcelas. Para sorpresa de los ejidatarios que acudieron, encontraron que todo ese tramo está marcado y señalado, y corresponde a las 30.26 hectáreas en disputa para la autopista.
Un tramo señalado que corresponde en parte a terrenos de uso común y un tanto sobre una zona parcelada. Resulta que una de las parcelas afectadas es de Ma. del Carmen Gómez Silva, y Gabriel Martín del Campo Gaytán la reclama como suya porque, sospechan los ejidatarios, ya la vendió a grupo META para la construcción del libramiento.
Aunque ya no fue sorpresa, sino confirmación de algo sobre lo que ya tenían indicios, es que el trazo va a dar directamente a la planta de BMW, con lo que la armadora alemana podrá contar con salida directa a la autopista para Lagos de Moreno.
Entre los indicios sobre la participación de la BMW en las maniobras irregulares por la autopista se encuentra el hecho de que el Comisariado de Pardo intentó convencer a varios de los líderes inconformes de La Pila para negociar los juicios que tienen frenada la carretera y él podría conseguir hasta 20 millones de pesos para repartírselos.
Entre los argumentos que les dio se encuentra la presunta urgencia que se tiene por contar con esa vialidad porque la BMW condicionó la instalación de su segunda etapa a que se contara con esa vía.
Esa cadena de maniobras desemboca en un indicador de que el gobierno del estado ha comenzado a operar no sólo para convalidar ese libramiento, sino otros proyectos empresariales como la Vía Alterna, un libramiento desde la planta de IMMSA hasta la Vía Alterna, los desarrollos inmobiliarios e industriales en Mexquitic de Carmona y hasta proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito.
Se trata del “Aviso público de Inicio del proceso para elaborar el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí, que comprende los municipios de Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes y Zaragoza”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado viernes 9 de junio.
Un Programa Metropolitano y de Zona Conurbada que tiene posibilidades de abrir a la urbanización incluso parte del territorio de la Sierra de San Miguelito, como potencial negocio de y con los empresarios que participan en el Consejo Consultivo Potosí, por lo que no se descarta que se refuercen maniobras para anular el decreto de Área Natural Protegida.
Un esfuerzo por anular la protección a la Sierra de San Miguelito en el que no se descarta la participación del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona porque, a pesar de haber firmado un convenio de colaboración el 5 de enero de 2022 para impulsar la ANP, no le ha dado seguimiento, cual si no lo hubiera firmado.
¿Y si aquel día todo fue simulación por parte del gobernador? El documento no ha sido publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia, como la ley obliga, y –en consecuencia– no se tiene la certeza de que efectivamente lo firmó y todo fue un acto protocolario de simulación.
Tan no se descartan acciones reforzadas para anular la protección a la Sierra de San Miguelito, que desde el Gobierno Federal existe desconfianza sobre el papel que juega Gallardo Cardona con los grupos interesados en anular el decreto.
Los embates contra la propiedad ejidal y comunal, el extractivismo inmobiliario y los afanes de urbanizar la Sierra de San Miguelito son la característica de la depredación ecológico inmobiliaria e industrial, de tal manera que cualquier maniobra en cualquier lado suele estar conectada con la otras por un denominador común: autoridades que, por alguna razón, las alientan.
