Por Victoriano Martínez
El jueves 29 de junio, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, propuso modificar diez artículos de la Ley Electoral del Estado para cambiar la fecha del inicio del próximo proceso electoral del 30 de octubre del año anterior al de la elección, al primero de enero del año de la elección.
Este miércoles 5 de julio, apenas seis días después, la Comisión de Puntos Constitucionales ya dictaminó la iniciativa a favor con una sola modificación. En lugar de establecer el inicio del proceso electoral para el 1 de enero, lo cambiaron para el día 2… por aquello de disfrutar del recalentado de la cena de año nuevo y recuperarse de la desvelada.
¿Por qué tanta prisa?
En las dos mil 298 palabra de la exposición de motivos presentada por Vargas Hernández no aparece alguna idea o concepto que den cuenta de una verdadera urgencia.
Asegura que se pretende “acotar y optimizar aún más los tiempos del proceso electoral, que permitan buscar ahorros en la organización de las elecciones”. No obstante, en ningún momento da cuenta de la forma en que se lograrían esos ahorros.
Además, presenta una inexplicada relación entre el uso de insumos materiales, económicos y humanos onerosos con una “exigida garantía de confianza en la organización y desarrollo del proceso electoral”, como si el tamaño del gasto repercutiera en la confiabilidad con prácticamente una correlación a menos gasto más confiable.
Otra correlación presentada sin mayor explicación y/o demostración es que afirma que “la reducción de tiempos adapta el proceso electoral al modelo de austeridad prevaleciente en el país, y facilita la transparencia en el uso de recursos económicos y la fiscalización de gastos”. Otra vez como si a menor tiempo mayor transparencia y rendición de cuentas.
Hasta ahí, el argumento tiene que ver con “buscar ahorros”, adaptarse al “modelo de austeridad prevaleciente”, sin la aportación de un solo dato sobre la forma en que esa reducción de los plazos logrará ese efecto… y por qué razón se trata de una medida tan urgente.
Para rematar, la exposición de la iniciativa dictaminada con tanta prisa se libera de la necesidad de explicar y/o demostrar esas afirmaciones sobre búsqueda de ahorros y de modelos de austeridad cuando pretende argumentar sobre la inexistencia de efectos negativos para los derechos de los partidos, de los candidatos y de la ciudadanía en general.
“Tampoco existe ninguna afectación a la organización del proceso electoral, ni tampoco ningún impacto presupuestal que considerar al respecto”, concluye. ¿Cómo se logra “buscar ahorros” y ajustarse a un “modelo de austeridad” con modificaciones como las propuestas que no afectan ni para más ni para menos el gasto en el proceso electoral?
¿Cómo queda justificada una iniciativa que argumenta como pretensiones que le dan razón de ser las que en su propia exposición de motivos niega? ¿Por qué se le da tanta prioridad como para exhibir que se legisla en una especie de informalidad al presentar en la misma sesión de comisión en la que se da cuenta del turno de una iniciativa su dictamen? Eficiencias selectiva.
En las mil 298 palabras de la exposición de motivos se da cuenta de la que pudiera ser un primer indicio sobre algunas de las razones de la “urgencia”.
“Permitirá que se cuente con el tiempo necesario para desahogar otras iniciativas promovidas por los integrantes de esta LXIII Legislatura, que también son de importancia para considerarse en el próximo proceso electoral”.
Es decir, como la Ley Electoral no se puede modificar 90 días antes del inicio del proceso electoral, al pasarlo del 30 de octubre al 2 de enero, los diputados ganan 64 días para más modificaciones a la Ley Electoral. ¿Cuáles son esas iniciativas que también son de importancia? La iniciativa carente de elementos de juicio también incurre en esa omisión informativa.
Un indicio lo dan las declaraciones del diputado José Luis Fernández Martínez cuando afirma que hay “asuntos importantes que atender” y menciona la municipalización de Villa de Pozos y la iniciativa para llevar a cabo votaciones por usos y costumbres en los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio.
Retrasar el inicio del proceso electoral les da entonces 64 días para prestarle un servicio legislativo más a la intención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona por municipalizar Villa de Pozos.
La mención a las elecciones por usos y costumbres sólo fue para taparle el ojo al macho porque una reforma de ese tipo requiere, por ley, la realización de una nueva consulta indígena y no les alcanzaría el tiempo que negligentemente perdieron porque desde principios de este año ya tenían los elementos para trabajar en esas modificaciones electorales.
Los motivos reales de la prisa por modificar la fecha de inicio del proceso electoral sólo ellos los saben. Los indicios visibles vuelven a poner al Poder Legislativo como una institución integrada por representantes populares que, antes que atender el interés de la población, asume una vergonzosa y gallarda sumisión al Poder Ejecutivo.
