Por Victoriano Martínez
Desde que, a inicios de abril, quedó registrado el episodio de la desaparición de un grupo de turistas que al final resultó ser el secuestro de más de un centenar de migrantes, con impacto nacional e internacional, las autoridades de Matehuala se volvieron sospechosas de tener algo que ver con el panorama de inseguridad en la zona, no sin indicios de un manejo politiquero del asunto.
Aquel caso que se conoció públicamente el 4 de abril entre una humareda informativa provocada por la descoordinación y las versiones encontradas de las autoridades estatales dio paso a la presentación de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado como dictaminadora de una verdad triunfante.
“Al final la verdad siempre triunfa, y quedó al descubierto que los pasajeros de esas unidades eran indocumentados”, señaló en el revelador comunicado que a todas luces pretendía dar por cerrado el tema.
Apenas una semana después de conocido el caso de los migrantes secuestrados, como parte de las indagaciones para determinar la posible complicidad de las autoridades, tras un “operativo sorpresa” en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía de Investigación detuvo al director Eduardo Moreno Rosales y a tres elementos más de esa corporación.
El motivo de la aprehensión, que resultó momentánea, tuvo que ver con el presunto hallazgo de unas bolsitas presuntamente con droga, pero nada con lo que se estableciera alguna complicidad con los traficantes de migrantes.
La suerte de la relación entre el ayuntamiento de Matehuala y el gobierno estatal estaba echada: seguirían más acusaciones, aunque sin la presentación clara de los indicios que resolvieran la situación de inseguridad en la zona y, sobre todo, ofrecieran el paso a su resolución.
Se filtró un supuesto audio en el que presuntamente el alcalde Iván Noé Estrada Guzmán conversaba con representantes de un grupo criminal y se establecía la relación del edil con la delincuencia organizada. La denuncia aún sigue en proceso de investigación.
La tarde-noche del pasado martes, los matehualenses vivieron otro operativo policíaco en esta ocasión para aprehender al síndico y a otro colaborador del Ayuntamiento, con un flujo de información incompleta e imprecisa, que ha sido el sello de los acontecimientos de la humareda informativa del 4 de abril.
Se sabe que hubo dos detenidos. Uno, el síndico de Matehuala Jesús Cristóbal N., aunque no se mencionó por qué delitos se le aprehendió.
Sobre el otro detenido se mencionó el nombre de Francisco N., aunque después Marco Polo Méndez Alonso, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, denunció que se trató de la aprehensión ilegal de Alejandro Cázares Gutiérrez, delegado de la agrupación en el Altiplano.
Iván Estrada Guzmán, alcalde de Matehuala, señaló más tarde que se trató de un caso de abuso policial en el que además se actuó en contra de quienes defienden a un grupo de locatarios de un mercado ante un intento de despojo del inmueble.
¿Qué pasa en Matehuala? De lo único que se puede tener certeza es que lo primero que ocurre es una serie de actuaciones al amparo de la opacidad y lo que sin duda pasa es que falta información para que se puedan entender realmente los acontecimientos, antes que dejen abierto –como ocurre– el terreno de la especulación.
Actuaciones judiciales contra alcalde y colaboradores; eventos del gobernador a los que no se invita al alcalde; realización de obras como si un nivel de gobierno se impusiera sobre el otro, y hasta vacíos a sesiones solemnes del Congreso del Estado para que no se interpreten como “apoyo” al alcalde dan para pensar que se privilegia una politiquería electorera antes que una política de servicio.
¿Hasta dónde a la presunción de inocencia para los servidores públicos del Ayuntamiento de Matehuala se le tiene que sumar la posibilidad de que se trata de actos politiqueros y de presión por intereses totalmente distintos a una genuina motivación por procurar justicia por presuntos delitos?
¿Hasta dónde el hecho de que sea posible hacer una pregunta como esa es una señal de lo viciado de los procesos y resulta urgente y necesario que se acredite con toda transparencia la real intención de hacer justicia y no una vendetta politiquera?
Peor todavía, ¿hasta dónde ocultar y dosificar la información forma parte de una estrategia intencionada de generar la especulación sobre un gobierno estatal avasallante y capaz de recurrir a esas prácticas para imponerse en todo el territorio estatal a través de ese tipo de maniobras?
Cualquiera de esos tres cuestionamientos que resulte válido representa una señal indudable de que, en todo el Estado, en el gobierno estatal y en los ayuntamientos, se actúa con una lógica de intereses de grupo y hasta individuales en la que lo que menos importa es privilegiar un auténtico servicio para la población… que es la gran perdedora.
