Por: Eduardo Delgado.
“Como si defender mi dignidad como mujer fuera delito”, acotó.
“Su gabinete me está matando lentamente…, como si la defensa de mi dignidad como mujer fuera un delito”, le escribió Mary Chuy al gobernador, Juan Manuel Carreras López, en la carta que entregó esta mañana en el Despacho del Ejecutivo en el Palacio de Gobierno, precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“No nada más se mata físicamente, sino también psicológicamente”, asentó en la tercera misiva que le dirige al mandatario para reiterarle que desde hace tres años es víctima permanente de “violencia institucional”.
“Soy víctima y Usted está enterado” de que fue acosada y abusada sexualmente en la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y que derivado de ello fue enviada como comisionada al Instituto de las Mujeres del Estado.
En ese organismo, presidido por Erika Velázquez Gutiérrez y cuya misión consiste en proteger los derechos de las mujeres, la titular “me marginó en un proceso de certificación” y “dio por terminada mi comisión”, luego de que presentó su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Hoy debo agregar que mi calvario continuó a cargo de la Oficialía Mayor”, dependencia donde, “lejos de velar” por los derechos de los trabajadores, le fue entregado un oficio de comisión para la Secretaría de Educación, “donde no me recibieron”.
Por tanto, añadió, “me vi obligada a esperar una nueva comisión de parte de quien parece actuar como verdugo”, escribió en alusión a Elías Jesrael Pesina Rodríguez, Oficial Mayor de Gobierno del Estado.
“Finalmente me ha comisionado a la Secretaria de Cultura”, donde el Director Administrativo, Alejandro Rodríguez, le dijo que la asignaría al departamento de Control Presupuestal, pero dos días después cambió de opinión, luego de que personal de la CEDH dio fe de que no le tenía asignado un espacio.
Posteriormente, prosiguió en su carta, el funcionario administrativo la mandó al archivo de esa dependencia y le indicó que ahí solo iba a perforar hojas y a coserlas para archivarlas.
“Me encuentro en un sótano que, por la secuencia que ha seguido a la violencia institucional que padezco, pareciera la antesala a una futura segregación a unas mazmorras medievales”, añadió.
Tras señalarle en su carta al Gobernador que sus colaboradores la están matando “lentamente”, le solicitó “urgentemente” su ayuda para “que pare la violencia institucional de la que soy objeto”.
“Apelo a su sensibilidad como ser humano y confió en su intervención como prueba de que usted no avala ni es cómplice de los actos con los que se atenta contra mi dignidad”, agregó.
Enseguida le recordó que la Constitución Política de México, en su primer artículo, les impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, “la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Sostuvo que todas las acciones de que ha sido víctima, de parte de cada uno de los funcionarios responsables de las dependencias involucradas en ellas, han violentado esa norma constitucional. “Confió en que Usted no habrá de incurrir en la misma falta”, remató.
