Óscar G. Chávez
Diversas son las críticas que ha generado el que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, supongo que a propuesta del rector, haya decidido otorgar el grado de doctor honoris causa a los auditores David Colmenares Páramo y Emilio Barriga Delgado; el primero, auditor superior de la Federación y el segundo, responsable de la auditoría especial del gasto federalizado.
La deferencia de la institución hacia estos funcionarios no ha sido bien vista en lo general, los argumentos van desde la ausencia de méritos dentro de los currículos de los funcionarios hasta el excesivo pago por un simple artículo de la autoría de Colmenares con el que se daba un espaldarazo a la Universidad frente al órgano de fiscalización estatal, que como todos sabemos, por instrucciones del gobernador ha dirigido sus cargas y baterías contra la institución educativa desde el primer día de su administración.
En efecto, el pago es alto, pero no costoso; menos tratándose de personajes que con cierto nivel y alcance de acción pueden operar a favor de la institución, cosa que aquí al parecer (incluido el propio rector) no se tiene la capacidad de realizar. Con todo y la ausencia de méritos, que efectivamente son inexistentes, e incluso pretendiendo minimizarlos y magnificar a algunos que los antecedieron en con el reconocimiento, debe enfatizarse que la vulgarización de tamaña presea ya se había dado durante el rectorado de Mario García, cuando éste buscó, seguro aparentando ser chico culto, otorgar doctorados a cuanto personaje les pareció notable (incluidos Vargas Llosa y Monsiváis) y no es que no lo fueran, pero la propia institución, por esos caprichos cultos, acabó pagando a los recipiendarios por recibir la distinción.
Ya en otros espacios y en repetidas ocasiones lo he señalado, sólo hubo dos miembros del Consejo Universitario que con sólidos argumentos se opusieron a aquellas entregas masivas de las horrorosas medallas repartidas por la institución, me refiero a los entonces directores de las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Medicina, Jorge Arturo Miraval y Jesús Noyola Bernal, respectivamente.
Considerando el primer argumento de la crítica es necesario señalar que es precisamente ésa una de las funciones de un doctorado de este tipo, ya que reviste a partir de méritos particulares a quienes les fue otorgado “por causa de honor” y vaya que la defensa de la institución bien vale esa causa.
Hay que reconocerlo, dentro de toda la falta de carácter y yerros del actual rector, esta determinación, podamos estar de acuerdo o no, fue una de las mejor tomadas, máxime cuando por todos es sabido que hasta este momento la principal forma y más efectiva arma con la que el gobernador pretende doblegar y controlar a la institución es a través de los recursos (no entregados ni en tiempo ni forma) y con la posterior fiscalización de los mismos, de tal suerte que si las opiniones de los nuevos doctores benefician a la institución y la protegen del órgano de fiscalización potosino, ¿qué más da que se les cuelgue del pescuezo una medalla tan horrorosa que otros hasta cobraron por recibirla. Dicho de otra manera y en materia de centavitos: ¿si yo estoy contigo quién contra ti?
Relájense, mayores prebendas y canonjías, ésas sí costosas a más no poder, ha otorgado el gobernador y a él nadie lo cuestiona; y de los méritos de los agraciados ni qué decir, esos sí son inexistentes.
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A propósito de estrategias: mañana domingo 28 de enero, se presentará el libro Diez batallas que cambiaron a México, de la autoría de Pedro Salmerón Sanginés y Raúl González Lezama, editado por el Fondo de Cultura Económica; los comentarios estarán a cargo de los autores, de Alejandro Colunga Luna y Carlos Tapia Alvarado. La cita es a las 12:30 horas, en el salón Príncipe del hotel Real Plaza; entrada libre.
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