Por Victoriano Martínez
Con el nuevo Sistema de Justicia Penal, Ángel Sánchez Soto no fue considerado como víctima de un robo a casa habitación… hasta que demostró lo contrario ante un juez federal.
El 4 de septiembre de 2016, su padre y hermanos salieron de su casa, en la que sólo se quedó su hermano Miguel. Un grupo de delincuentes entró a robar en un asalto que se volvió violento en cuanto su hermano trató de impedir el robo. Hubo detonaciones de arma de fuego y uno de los asaltantes murió.
Sobre los hechos, al día siguiente los asaltantes presentaron una denuncia por su lado, en tanto que Ángel Sánchez Soto también acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia por el robo de pantallas de plasma y dinero, además de que quemaron un vehículo que se encontraba en la cochera de su casa.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas asignó como asesor legal en ambas denuncias a un mismo abogado: José Luis Ramiro Castillo.
Miguel Sánchez Soto, quien trató de impedir el robo, hoy enfrenta una condena por homicidio sin que se haya tomado en cuenta el testimonio de Ángel Sánchez Soto, a quien se le negó el acceso al juicio, en la audiencia del 20 de septiembre de 2018, por no considerarlo como víctima.
El carácter de víctima se lo negó en primera instancia el Ministerio Público, después lo hizo el juez, y aunque recurrió a las comisiones Estatal de Derechos Humanos y Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, tampoco lo reconocieron como tal.
Entonces recurrió a un juicio de amparo, el número 1136/2018, ante el Juzgado Cuarto de Distrito. El pasado 18 de enero el juez resolvió:
“Procede conceder el amparo y protección de la justicia Federal solicitado contra el acto analizado en este considerando, para el efecto de que la agente del Ministerio adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Robos a Casa Habitación, Industria y Comercio dicte un acuerdo en el que reconozca el carácter de víctima a Ángel Sánchez Soto dentro de la carpeta de investigación CDI/PGJE/SLP/ZC/7965/16”.
Para Sánchez Soto, al negarle su carácter de víctima, todas las autoridades estatales involucradas dejaron en desventaja la defensa de su hermano, quien hoy paga esa deficiencia recluido en el Ceprereso de La Pila.
“No es posible que un ciudadano recurra al amparo en contra de estas dependencias de gobierno que están para asesorarnos y cuidar que nuestros derechos humanos no sean violados. De verdad, qué mala suerte me ha tocado”, expresó.
Sánchez Soto se quejó además de la parcialidad con la que actuó el abogado de la CEEAV, Ramiro Castillo, quien dio preferencia a la defensa de quienes se metieron a robar a su casa, en tanto que a su denuncia le prestó poca atención.
“No puedo creer que mi asesor se decía que me estaba asesorando a mí, y por otro lado estaba asesorando a mis acusados. El muy cínico nunca se excusó”, mencionó Sánchez soto.
Informó que por estos hechos presentó un amparo en contra de la CEEAV, el 56/2019, cuya audiencia constitucional se estableció para el 6 de junio, además de una queja ante la Contraloría General del Estado, a donde ya está citado el abogado Ramiro Castillo.
“Espero que le den un castigo ejemplar a este licenciado, por no haber hecho su trabajo correcto en asesorarme en mi carpeta de investigación”, señaló.
Refirió que también recurrió a la CEDH tras ser reconocido por el juez Federal como víctima, y la Comisión turnó el asunto a la visitaduría de la Fiscalía General del Estado, que ya reportó que se inició un proceso administrativo en contra de la agente del Ministerio Público Juana Karina Luna Betancourt.
Sánchez Soto consideró que por la omisión de considerarlo víctima en el robo que denunció deben ser sancionados, además de la ministerio público, todos los funcionarios a los que recurrió para pedir que corrigieran esa deficiencia.
Dijo que tuvieron conocimiento del caso y no intervinieron el fiscal Federico Garza Herrera, el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez, el director de litigación, José Luis Reyes Licea, además de los funcionarios del juzgado y de la CEEAV.
