Por Victoriano Martínez
La situación provocada por el efecto de la baja recaudación del petróleo, la crisis económica mundial y el problema de la pandemia, que generaron el recorte de las participaciones federales y afectaron al gobierno estatal y a los 58 municipios.
Así fue como se describió –en corto– a los diputados la situación que obligó al gobierno del estado a pedir su apoyo para la aprobación de un crédito urgente, sin que importara la cercanía del final del sexenio.
En esa ocasión, fines de julio de 2009 –el año de la influenza AH1N1–, no fue el secretario de Finanzas quien se acercó a los diputados, ni se hizo a través de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
No. Fue directamente el gobernador Marcelo de los Santos Fraga quien invitó a desayunar a los diputados para hacerles ver la urgencia de que le autorizaran un crédito por mil 500 millones de pesos. Estaba por declararse el fin de la pandemia y faltaban dos meses para que cerrara el sexenio.
“En ese almuerzo, los diputados no levantaron el dedo, se habría visto muy mal, pero si agacharon la cabeza y la respuesta fue: sí señor, como no, estamos a sus órdenes”, describió entonces Juan Antonio González en su columna del periódico Pulso.
Las leyendas de aquella historia cuentan que no sólo habrían sido convencidos con las presuntas razones que les expusieron, sino también con incentivos económicos, que nunca suelen faltar.
Ocho años después, en la sesión del Congreso del Estado del 8 de junio de 2017, un mensaje de Whatsapp desde el celular de Fernando Chávez Méndez en pleno recinto legislativo durante un receso, mientras se discutía la aprobación de ampliar el presupuesto para la compra de luminarias a PANAVI, confirmó y dejó ver la forma en que se manejan esos incentivos.
“Quieren tiempo para comprar voluntades”, le dijo Chávez Méndez a su interlocutor. Enseguida agregó: “Les están doblando la cantidad a Esther y Rebeca ya se les había zafado”.
En los días previos se conocieron versiones en las que los operadores de esa compra de voluntades, encabezados por Enrique Flores Flores, presidente de la JUCOPO, ofrecieron incentivos dispares a los distintos diputados, al grado de que algunos se quejaron por ser discriminados.
Lo que tienen en común esos dos casos, el crédito de los mil 500 millones (exitoso) y el de PANAVI (fracasado), es que hubo señales muy claras de que atrás de ellos hubo un mercadeo de voluntades que sólo es posible ante la inexistencia de reglas para un cabildeo transparente en el ejercicio de la labor del Poder Legislativo.
Señales que hoy comienza a repetirse, incluso, con prácticamente las mismas razones que en 2009: la reducción sin precedentes en el precio del petróleo, una crisis económica mundial y una nueva pandemia. Los tres mismos pretextos para repetir la misma fórmula: comenzar el opaco cabildeo con los diputados, cual si se abriera un nuevo mercadeo de voluntades.
Esta vez el gobernador Juan Manuel Carreras López no invitó a los diputados a desayunar, como en su momento lo hizo De los Santos Fraga, para pedirles su apoyo para autorizar un nuevo endeudamiento para el Estado. Envió a su secretario de Finanzas a tratar el asunto con la JUCOPO. Tanto uno como otro evaden la transparencia en sus actos.
El río ha comenzado a sonar. Señal inequívoca del inicio de un cabildeo oscuro por lograr la autorización de un crédito que se dice puede ser de mil o hasta cuatro mil millones de pesos.
Un pretendido crédito que, al promoverse en la opacidad y gestionarse con un cabildeo de espaldas a la ciudadanía, sólo hace pensar que los operadores de Carreras López ya salieron a comprar voluntades. De los diputados dependerá que se vuelva a denigrar al Poder Legislativo… y que participen en un nuevo mercadeo de voluntades.
