El País
La Procuraduría General de la República (PGR) publicó este miércoles el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Anticorrupción en México, pero esta aún no tiene quién la dirija. Los senadores, que son los encargados del nombramiento, no han logrado ponerse de acuerdo para elegir al titular de la instancia que investigará los casos de corrupción en el país. El retraso en el nombramiento del fiscal es de dos años. Las comisiones de justicia y anticorrupción de la cámara alta pusieron el año pasado como nueva fecha el 15 de febrero, pero incumplieron nuevamente el plazo pese a la exigencia de organizaciones y ciudadanos de darle celeridad al proceso de selección.
México está en la mirada internacional por los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años y que se han avivado durante las últimas semanas. El pasado 10 de abril fue detenido en Italia el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrentará acusaciones de lavado de dinero tras revelarse los vínculos del político emanado del gubernamental PRI con el crimen organizado. El sábado fue aprehendido en Guatemala el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de desviar al menos 223 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) provenientes de recursos públicos. El político, también miembro del PRI, estaba prófugo desde octubre pasado.
En el acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación se establece que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción entrará en vigor una vez que el Senado haya nombrado a su titular. La instancia investigará los hechos de corrupción de todos los servidores públicos, a excepción de los que integran la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General), quienes serán investigados por la visitaduría general de la PGR como ocurre hoy en día.
En julio pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el entramado de leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Las medidas abarcan desde la creación de un tribunal federal especializado y penas más severas hasta el fortalecimiento de los organismos auditores. El nuevo sistema también contempla la creación de una Fiscalía Contra los Delitos de Corrupción. Su responsable, quedó establecido, tendría que ser avalado por las dos terceras partes del Senado, pero esto no ha ocurrido. Desde noviembre del año pasado el proceso se ha ido volviendo más lento debido a que los legisladores no logran ponerse de acuerdo. A finales de noviembre se estableció un nuevo plazo que vencía el 15 de febrero, pero tampoco se cumplió.
El presidente de la Comisión Anticorrupción y senador del PRI, Héctor Yunes, asegura que los legisladores del PAN han pedido que antes de realizar el nombramiento del titular de la Fiscalía se hagan una serie de reformas relacionadas con las atribuciones del fiscal. El legislador explicó que en un principio había 32 candidatos, de los cuales 23 recibieron el certificado de idoneidad al cumplir con los requisitos legales. “Lo que seguía es que la Junta de Coordinación Política lleve las propuestas al Pleno del Senado y que por mayoría calificada podamos elegir al primer fiscal anticorrupción de la república. Sin embargo, veo algunas circunstancias que impiden que esto salga”, destacó. Para Yunes el nombramiento del fiscal -que tendría que estar listo en menos de una semana- dependerá de la posición que adopte el PAN en los próximos días.
El periodo de sesiones concluye el próximo 30 de abril y en caso de que no ocurra el nombramiento, en julio próximo que arranque el Sistema Nacional Anticorrupción lo hará con una silla vacía. El Comité de Acompañamiento Ciudadano para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción expresó su preocupación ante este panorama. En un comunicado, los integrantes del Comité criticaron la demora por parte de los senadores y aseguraron que no existe justificación alguna para aplazar el nombramiento. En los próximos meses, expusieron, el Estado mexicano llevará a cabo investigaciones y procesos judiciales en materia de responsabilidades de servidores públicos, algunos de los cuales involucran a exgobernadores y otros funcionarios de alto nivel, por lo que “la omisión del Senado”, debilita el funcionamiento del nuevo sistema.
Además, diversas organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Mexicana, Fundar y Mexicanos contra la Corrupción, han señalado que el proceso de designación ha carecido de transparencia y han dominado los intereses de los partidos políticos. El senador Yunes afirma que no hay elementos para decir que se está buscando un fiscal a modo. “Una vez que tengamos al fiscal anticorrupción, la sociedad civil coincidirá con nosotros en que no hubo ningún acuerdo de carácter político y no se buscó ningún fiscal a modo”, manifestó.
