En su “Reporte sobre Tráfico de Personas 2015”, difundido ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró que México sigue sin cumplir “con los estándares mínimos” para combatir el tráfico de personas y externó su “preocupación significativa” por la “corrupción entre los funcionarios públicos relacionados con la trata de personas, especialmente la policía local, y los funcionarios de inmigración”.
El reporte mantiene a México en el nivel dos es decir, en la misma posición y calificación desde 2001, vuelve a insistir en la necesidad de que las autoridades federales y estatales colaboren para erradicar esta práctica.
Por separado, la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, hizo un llamado tanto a las instituciones públicas como a las organizaciones civiles a establecer acuerdos que permitan eliminar la trata de personas.
En el documento del Departamento de Estado se detalló que “algunos funcionarios extorsionan mediante sobornos y servicios sexuales a adultos y niños en la prostitución”, lo mismo que hay abusos en contra de los migrantes, incluidas las víctimas de la trata. Se “falsifican documentos de las víctimas, hay amenazan en su contra con el si no van a presentar queja oficial contra los traficantes; aceptan sobornos de los traficantes; facilitan el movimiento de las víctimas a través de las fronteras; operan o patrocinan burdeles donde se explota a las víctimas; o dejan de responder a las denuncias de trata crímenes”, se señala en el informe.
Aunque el reporte reconoce que “las autoridades mexicanas han mejorado la cooperación con Estados Unidos” en la lucha contra el tráfico de personas —principalmente las que llegan desde Centroamérica— con la creación de grupos de trabajo para intercambiar información e investigar las redes de contrabando, los esfuerzos para combatir desde el frente judicial han sido “desiguales”.
“Algunos funcionarios públicos se han aliado con el tráfico de migrantes y la prostitución. Las investigaciones y los enjuiciamientos a veces se retrasan mientras las autoridades tratan de determinar qué fiscales tienen jurisdicción o quienes están coordinados con funcionarios de otras partes del país, en detrimento tanto de la causa penal y las víctimas”, señala el documento.
El Departamento de Estado recupera muchos argumentos de su informe pasado para insistir en que el crimen organizado se sigue beneficiando de “la trata sexual y obligan a mexicanos y extranjeros, lo mismo hombres, mujeres, y niños, a participar en actividades ilícitas, incluyendo acciones como sicarios, halcones y en la producción, transporte y venta de drogas”.
En el apartado dedicado a la explotación laboral, se hace un recuento los ciudadanos mexicanos “hombres, mujeres y niños que son explotados, (obligados a) trabajos forzados en la agricultura, el servicio doméstico, el procesamiento de comida, la construcción y en diversas actividades de la economía informal”, tanto en México como en Estados Unidos.
En el informe, por primera vez se hace alusión al caso de mujeres que ejercen la prostitución en la ciudad de México y dijeron que funcionarios les obligaron a firmar declaraciones en las que acusan a las personas detenidas y acusadas por la trata de personas. Esto, subraya, “plantea serias preocupaciones sobre las tácticas policiales” que se han aplicado en casos del DF.
Aunque reconoce que “tanto las autoridades federales como las estatales se han involucrado en una variedad de esfuerzos en la lucha contra la trata de personas”, en general las acciones de prevención “fueron insuficientes dada la magnitud del problema”.
En sus recomendaciones, el informe sugiere a las autoridades mexicanas “aumentar los fondos para la prestación de servicios a las víctimas especializados y a los refugios en colaboración con la sociedad civil”.
Además, pide esclarecer las guías para identificar a las víctimas de explotación sexual de las de trabajo forzado, ya que la falta de información más clara dificulta no sólo la identificación, sino el procesamiento de responsables.
“(En 2014) el gobierno informó de la identificación mil 570 víctimas de la trata en México, pero no informaron cuántos eran explotados en trabajos forzados o tráfico sexual. En 2013, en comparación, entidades federales informaron identificar y asistir a más de mil”, pero nunca se informó si acaso las víctimas fueron restituidas en sus derechos humanos y legales.
El subsecretario Roberto Campa presentó el informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, donde ratificó el compromiso del gobierno federal de mejorar las capacidades de respuesta frente a la trata de personas.
Para erradicar el fenómeno es indispensable sumar los esfuerzos de los tres poderes y los tres niveles de gobierno con la sociedad civil, señaló Campa Cifrián, quien dijo que fomentará la denuncia ciudadana en favor del restablecimiento del Estado de derecho y permitirá garantizar la atención de las víctimas a través de la protección institucional.
El Universal
