María Ruiz
En un contexto donde la defensa de derechos humanos y el periodismo son esenciales para la sociedad, Mario Andrés Hurtado Cardoso, asesor en políticas públicas para organizaciones de la sociedad civil, ha monitoreado y abogado por políticas de protección durante más de 12 años en todo el territorio mexicano.
Señaló que México, lamentablemente, se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.
“En los últimos cinco años se han registrado alrededor de 113 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que protegen tierras, territorios y comunidades indígenas. Además, en el mismo período, 43 periodistas han perdido la vida en el cumplimiento de su deber”, dijo.
De igual modo, señaló que el estado de San Luis Potosí enfrenta desafíos significativos en la implementación de medidas de protección. Esto se origina por la falta de recursos, capacidad técnica y coordinación interinstitucional, lo que ha dificultado abordar este problema a pesar de contar con un marco normativo.
Otro aspecto adicional que se suma a la vulnerabilidad para los periodistas potosinos, es la falta de apoyo por parte de sus empleadores.
Hurtado Cardoso dijo que han detectado que muchos periodistas enfrentan situaciones de peligro sin áreas de acompañamiento adecuadas por parte de los medios de comunicación para los que trabajan.
Aunque aclaró que no todos los empleadores son negligentes, es crucial que asuman su responsabilidad y que las instancias gubernamentales supervisen estas condiciones.
“La Secretaría de Previsión Social y del Trabajo tendría que estar atendiendo esas problemáticas, vigilando que se garanticen las condiciones idóneas, que se generen seguros médicos, protocolos de acompañamiento, de trabajo en campo e impulsar ese tipo de políticas internas laborales”.
Hurtado Cardoso hizo un llamado enfático para que los empleadores y las autoridades gubernamentales se involucren activamente en garantizar condiciones seguras para quienes defienden derechos y ejercen el periodismo.
“La protección de estas personas debe ser una prioridad y la colaboración entre sectores es fundamental para lograrlo”.
