Autoridades sanitarias mexicanas continúan autorizando el uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) para uso agrícola, algunos de los cuales ya están prohibidos en otros países, denunciaron activistas en el Foro del Pequeño Productor al Consumidor: Diversidad y Nutrición, organizado por La Alianza por la Salud Alimentaria.
Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) explicó que los PAP son una nueva categoría que se está proponiendo para prohibir cierto tipo de plaguicidas que por su toxicidad son altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación internacionalmente aceptadas.
De acuerdo con el Código de Conducta expedido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), estos pueden causar cáncer, mutagenicidad y ser tóxicos para la reproducción.
Por su ingrediente activo y nombre comercial, Bejarano mencionó algunos ejemplos:
Carbofurán: Furadan, Velfuran, Lucarfuran
Metamidofós: Lucamet, Methan, Tamaron, Hamivel
Monocrotofós : Vanucron, Lucradin, Velcron
Paratión: Mauser, Novafos, Plaguifol
Paraquat: Gramoxone, Diabloquat
Dijo que las pérdidas por muertes prematuras e incapacidad causadas por plaguicidas se calculan en 7.5 millones de años de vida, de acuerdo con datos de la FAO, la mayoría de ellas en países en desarrollo, aunque activistas aseguran que existe un subregistro en dichas cifras.
Bejarano González, denunció lo anterior y dijo que en México no existen datos al respecto, “porque el sistema epidemiológico es muy deficiente”, durante su participación en el Foro del Pequeño Productor al Consumidor: Diversidad y Nutrición, organizado por La Alianza por la Salud Alimentaria.
Los peligros de estos químicos, también llamados agrotóxicos, regados en el campo para terminar con plagas que amenazan los sembradíos afectan directamente a la naturaleza, en el follaje de las plantas, los suelos, el agua y pueden llegar a las comunidades humanas cercanas, provocando igualmente daños a la salud.
En 1990 la organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe en el que estimó en un millón de casos al año los envenenamientos o intoxicación aguda no intencionales causados por plaguicidas, cifra que sólo se refirió a los casos severos que requirieron hospitalización, y de acuerdo con estudios de evaluación epidemiológica posteriores citados por Bejarano González, existe un sub-registro de los casos reales.
De acuerdo con la FAO, los humanos pueden tener efectos adversos a la salud por tener contacto con agrotóxicos a través de la piel, la inhalación o la ingestión. Mientras que en los dos primeros escenarios los más propensos a enfrentarse con los riesgos son los trabajadores agrícolas, sin embargo, en cuanto a la ingestión, la mayoría de la población se encuentra expuesta a ellos por comer alimentos contaminados con plaguicidas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente vinculó desde 1993 los efectos de los plaguicidas al “nivel de morbilidad oncológica (cáncer), pulmonar y hematológica, así como a las deformidades congénitas… y deficiencias del sistema inmunitario”.
Durante su ponencia, el activista denunció dos tipos de toxicidad: la aguda y la crónica. La primera puede causar inmediato dolor de cabeza, de estómago, y sudor excesivo; mientras que la segunda, que se da tras meses o años de exposición a pequeñas dosis, es capaz de provocar cáncer, malformaciones, abortos, problemas de aprendizaje, efectos en la reproducción y perturbación endócrina, es decir, la alteración de las hormonas.
El director de RAPAM expuso que las empresas transnacionales que se reparten el control de la producción de semillas transgénicas y plaguicidas, se sueles excusar diciendo que estas últimas sustancias no son tóxicas si se les da la manipulación adecuada, es decir, con un traje de protección especial, el problema, dice Bejarano, es que “el manejo seguro es poco viable dadas las condiciones sociales de uso”, como las condiciones climáticas y económicas.
Gobiernos, empresas e industria alimentaria, los culpables: Greenpeace
Por su parte, Sandra Laso, representante de la campaña “Comida sana” de Greenpeace informó que la mayoría de los alimentos que se consumen en las ciudades actualmente provienen de la agricultura industrial, actividad favorecida por los gobiernos de los países, las empresas productoras de semillas y agrotóxicos y la industria de alimentaria.
Dijo que además de los impactos ecológicos y en la salud humana que tiene la normalización de esta práctica, también provoca que se agudice la desigualdad social en el capo, favorece el control corporativo de los alimentos y limita el acceso de los consumidores a alternativas sanas y ecológicas.
La alternativa se encuentra en defender a los pequeños productores, dijo, pues pese a existir en alta proporción (73 por ciento de la producción agrícola) y significar buena parte de la fabricación de alimentos a nivel nacional (39 por ciento), el gobierno no los considera como una prioridad.
Catherine Marielle, del Grupo de Estudios Alimentarios (GEA), secundó la importancia de este sector campesino no sólo por la producción de comida, si no por la herencia de alimentación saludable que traen consigo, hizo énfasis en la base “Maíz-Frijol-Calabaza-Chile–Tomates”, como un agroecosistema complejo.
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