Por Antonio González Vázquez
El dato es abrumador: el 72.2 por ciento de las empresas en San Luis Potosí percibe y ha tenido alguna experiencia de actos de corrupción por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, reporta el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
Por primera vez, el INEGI realizó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, en la que se revela que el 76.3 por ciento de las unidades económicas en San Luis Potosí se vieron afectadas por la corrupción para agilizar trámites en oficinas públicas.
El año pasado en San Luis Potosí, 819 de cada 10 mil unidades económicas fueron víctimas de servidores públicos corruptos, en cuyo caso, la entidad superó con amplitud la media nacional que fue de 561.
Según el Informe del INEGI, en San Luis Potosí se cometieron 14 mil 838 actos de corrupción por cada 10 mil unidades económicas. También en este caso se supera con amplitud la media nacional que fue de 3 mil 055.
En el primer lugar entre las experiencias de corrupción para las empresas está el contacto con autoridades relacionadas con la seguridad pública en los niveles federal y estatal.
Le sigue el inicio o seguimiento de averiguaciones previas o carpetas de investigación y después, están los procesos judiciales laborales o mercantiles en los distritos judiciales de la federación, así como las licencias o permisos para giros comerciales en el nivel municipal.
Los sectores más afectados por la corrupción en orden de concurrencia en 2016 son la industria, los servicios y el comercio, mientras que por su tamaño, las víctimas de la corrupción en primer lugar son las empresas grandes y le siguen mediana, peque y micro.
Las principales causas de la corrupción son: agilizar trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias o permisos, evitar la clausura de establecimientos, pagar menos impuestos, evitar inspecciones, obtener un servicio, evitar el cumplimiento de la ley, ganar contratos gubernamentales y participar en licitaciones.
Es en esto donde los funcionarios piden su “mordida”. Según el estudio del INEGI, durante el año pasado el costo de la corrupción para las empresas en el país fue de mil 600 millones de pesos.
