Sergio Díaz
En septiembre del año pasado y tras más de una década en funcionamiento, Santacruz Silver Mining L.T.D. cerró las operaciones de su planta denominada “El Rosario” dentro del ejido de San Rafael, situado al suroeste del municipio de Charcas en el altiplano potosino.
Inaugurada en el sexenio de Fernando Toranzo y operando desde el año 2011, dicha compañía se dedicaba a la extracción de minerales como el plomo, zinc, oro y plata. Uno de los objetivos que se propusieron fue colocar a San Luis Potosí como una de las principales entidades productoras de este último mineral a nivel internacional.
Han pasado siete meses desde el cierre de la planta y en ese lapso de tiempo los principales encargados y supervisores no han hecho acto de presencia para llevarse la maquinaria o equipo de perforación. Además, aún presentan un adeudo de más de 800 mil pesos que tienen con los ejidatarios por el uso del suelo, situación que ha generado conflictos y desacuerdos entre los pobladores.
San Rafael, al igual que el resto de los 245 ejidos ubicados en Charcas, se encuentra marcado como una población en pobreza extrema (por eso forma parte del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias) cuyas escasas actividades económicas son la ganadería y la agricultura, mismas que le han permitido a su población sobrevivir al día desde que fue reconocido como ejido en 1948.
Ante la llegada de la empresa se esperaba un desarrollo social considerable y como ejemplo de ello fue la instalación de la red eléctrica tanto en los caminos de la zona como en los hogares de todas las familias, pero hubo otras obras que no se llegaron a realizar, como la construcción de un salón de cómputo con internet, nuevas áreas deportivas en la escuela de la comunidad y hasta una biblioteca.
La clausura era previsible desde antes de la pandemia por covid-19 dado a que los pagos hacia los mineros ya no eran ni siquiera mensuales, poco a poco se iban postergando y cuando el dinero finalmente era entregado, no se les depositaba la cantidad correspondiente.
Cada minero debía recibir mil 600 pesos semanales, que eran retenidos por hasta tres meses; una vez que eran entregados y tras una larga espera, únicamente recibían el pago de un mes de trabajo, olvidándose de los otros dos; hubo ocasiones en las que solo se les otorgaba una quincena.
Hasta el momento no se ha dado una explicación oficial del porqué del cierre de la mina de “El Rosario”, incluso hubo gente del personal de servicios generales que se enteró mediante su sindicato, el cual les explicó que existía una baja mineralización y falta de capital por parte de la empresa.
Los trabajadores de la planta de Santa Cruz no pudieron encontrar acomodo en la otra excavación situada en el municipio, que pertenece a Grupo México, ya que se obtuvieron fama de “problemáticos” por la lucha de sus derechos.
Francisco Pachuca es un pequeño comerciante que llegó a Charcas proveniente de la capital del estado, en busca de crecimiento profesional con la empresa minera, pero al ver una oportunidad de emprendimiento, decidió instalar una tienda de abarrotes que también funciona como punto de difusión de diferentes eventos en la comunidad.
“Como era de esperarse la economía fue el primer aspecto donde hubo daños, no se sintieron inmediatamente sino hasta dentro de tres meses, la gente ya no tenía para el aceite, huevo, frijoles, arroz, lo esencial casi todas las familias en la región dependían de la mina (…) La gente tenía algo seguro con Santa Cruz, les llegó a generar una dependencia y comenzaron a descuidar sus tierras”.
Fuera de lo económico, el transporte también es una complicación, anteriormente se podía utilizar el camión del personal para llegar al centro de Charcas y su uso era gratuito. En la actualidad la gente debe limitar sus viajes una vez por semana para surtir su mandado. Aunado a esto, existen los casos de personas que necesitan atención médica cada determinado tiempo y la clínica más cercana se encuentra en el ejido “La Trinidad” misma que se ubica a hora y media a pie de San Rafael.
“Ante la situación muchos han optado por migrar hacía Moctezuma o a la capital debido a la industrias que existen y la ventaja que muchas de ellas es que cuentan con transporte desde Charcas hasta sus respectivas plantas”.
Son pocas las familias que cuentan con un vehículo para poder desplazarse, pero aún así, el camino principal representa un peligro para quienes transitan en él puesto que se deterioró con el tránsito de los camiones de carga y material pesado que usaba la mina; por lo anterior, el mantenimiento de dicha vía era uno de los compromisos que asumió la minera con la comunidad, pero tras el cese de operaciones, ya no hay quien se encargue de ello.
Uno de los problemas de la minería moderna es el daño ambiental que provoca, en el caso de San Rafael, Francisco Pachuca prevé que en unos años la desertificación comience a hacer acto de presencia: el viento esparcirá la tierra de la presa de jales (un almacén de minerales y tierra con características químicas que impiden en crecimiento de la vida vegetal en un periodo de entre 15 a 40 años) hacia toda la zona causando así la muerte de la flora y fauna.
Francisco Pachuca aseguró que será cuestión de tres años para que comiencen a aparecer enfermedades de cabras y borregos, debido a la sequía que tiene la zona desde hace más de cinco años y la falta de una estrategia de desarrollo sostenible, además de que el área se encuentra sobre pastoreada.
“Los que se fueron abandonaron sus tierras, ni siquiera las vendieron porque no había compradores ni interesados en adquirirlas, a nadie le interesa una propiedad donde hay poca agricultura, marginación y con demasiado riesgo para la ganadería, no tienen un valor atractivo”.
El comité de ejidatarios ya se ha acercado a las oficinas de la empresa en Charcas para buscar una solución a la serie de problemáticas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta o atención por parte del personal ejecutivo que encabeza el presidente de la compañía Arturo Préstamo Elizondo.
Por último, Francisco añadió que San Rafael está en alto riesgo de quedar como una comunidad fantasma, ya que prevé que cerca del 60 por ciento de la población migre del ejido; las autoridades municipales no han intervenido, pero tampoco los pobladores ni los ejidatarios han pedido su intervención argumentado malas experiencias en administraciones pasadas, acusando al presidente municipal Víctor Guevara, de defender y dar más facilidades a la empresa minera que a los propios pobladores.
