Fernanda Durán
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, acudió este martes 23 de julio a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde presentó el estado actual del Poder Judicial en México, como parte de la promoción que realiza a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En medio del debate nacional sobre las reformas al Poder Judicial, los constantes señalamientos sobre lo que conllevaría estas modificaciones y los diversos foros sobre la propuesta legislativa, la ministra acudió a San Luis Potosí para adentrarse en los argumentos a favor de las modificaciones y las extralimitaciones del Poder Judicial con algunos temas o actuaciones.
Todo esto en presencia de perfiles morenistas potosinos como Rita Ozalia Rodriguez, Gabino Morales Mendoza, Carlos Arreola, y demás candidatos y candidatas electas de Morena en este proceso electoral. También acudieron personas con pancartas posicionándose a favor de la reforma, algunas de ellas se autodenominaron afines a la Cuarta Transformación.
Con el Poder Judicial en cifras destacó varios puntos clave como los altos niveles de percepción negativa sobre la justicia, incluyendo desconfianza hacia los jueces y percepciones de corrupción; una crítica hacia una estructura elitista y costosa del sistema judicial, con altos salarios para jueces y ministros que contrastó con limitaciones presupuestarias de otras áreas públicas; incluso señaló problemas de nepotismo, sesgos raciales y sexistas en las decisiones judiciales, así como críticas a la falta de eficiencia y transparencia en el manejo de recursos y en la administración de justicia.
En su exposición, la ministra también abordó prácticas y decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la declaración de inconstitucionalidad de leyes, con la cual explicó que la Corte no sólo invalida leyes específicas en casos de controversia constitucional, sino que también ha revivido leyes derogadas y ha emitido lineamientos para legislaturas sobre cómo deben abordar ciertos temas, actuando de manera que algunos consideran excede su función original, por lo que criticó la expansión del Poder Judicial sobre aspectos que podrían ser competencia legislativa, como la aplicación estricta de consultas a comunidades indígenas y personas con discapacidad, incluso aseguró que en vez de contribuir, afecta a estos sectores.
En cuestión democrática, Batres Guadarrama se centró en la defensa de la democracia como un sistema que garantiza la igualdad de toda la ciudadanía en la toma de decisiones, donde cada voto cuenta por igual, sin importar la condición económica o social de la persona.
A la vez, se posicionó contra la noción de “tiranía de las mayorías” bajo el argumento de que es un concepto obsoleto y antidemocrático que busca socavar el principio de igualdad que representa la democracia.
Además, aseguró que los jueces en México deben actuar en interés público y social, evitar formalismos injustificados y reparar los daños al erario público, contribuyendo así a una administración de justicia más efectiva y ética.
“Creo que por eso deberíamos dar facultades, sobre todo que es donde se reproducen este tipo de perjuicio o de normas de liberalismo naciente del siglo XVIII del siglo XIX, que debemos desecharlos, en particularmente la comunidad jurídica y la comunidad judicial. Deberíamos ser absolutamente respetuosas de la voluntad democrática de nuestro país”.
Finalmente, en las preguntas y respuestas de la reunión, fue cuestionada sobre cómo eficientizar el trabajo de las fiscalías. Criticó las carencias y deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano, como el largo tiempo que tomó implementar el sistema acusatorio, además de destacar la necesidad de mejorar la investigación penal y el diseño del sistema para combatir la impunidad de manera efectiva.
En entrevista, añadió que sería importante una segunda parte de esta reforma en la que se contemplan los ministerios públicos, pero lo esencial sería la democratización del Poder Judicial.
También abogó por la inclusión de propuestas provenientes de la academia y colegios de abogados en el proceso legislativo; que los jueces cuenten con perfiles sólidos y una trayectoria probada en el ejercicio del derecho donde considera crucial que la población conozca las valoraciones ideológicas y filosóficas de los jueces, especialmente en temas sensibles como el derecho a la vida y otras cuestiones no solo técnicas, sino también ideológicas.
Entre los argumentos que acompañó hacia la promoción de la reforma, mencionó que la democracia no resuelve la corrupción, pero permite visibilizarla y generar mecanismos para combatirla, por lo que insistió en la transparencia del servicio público y la responsabilidad individual en los cargos públicos.
