Antonio González Vázquez
El diputado federal, Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la consulta para definir si los ministros y jueces federales son electos por el voto de la ciudadanía es apenas el primer paso para una reforma profunda al Poder Judicial, que actualmente se ha excedido en sus facultades y atribuciones para tomar decisiones que constitucionalmente solo le corresponden a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El legislador de Morena fue entrevistado en el programa “En el Tintero”, que se difunde a través del canal del Congreso federal. El tema fue la designación de ministras y ministros de la Corte y jueces federales.
Para el diputado potosino, ese tema es el preámbulo de uno mayor, que es el Sistema de Justicia en México. “En muchos aspectos no está funcionando bien la justicia en el país”, expresó.
“Tenemos el criterio de que ministros y jueces se han estado excediendo en sus atribuciones e interpretan la Constitución más allá de lo permisible, se arrogan a sí mismos facultades y crean normas jurídicas y resuelven asuntos que tienen que ver con el Ejecutivo; dictan políticas públicas y ordenan al Congreso hacer o no hacer, elegir o no elegir, detener una obra o revisar libros de texto.
No creo que lo hagan de mala fe o que haya un complot o una consigna para estar actuando así, más bien, creo que el diseño institucional del sistema de justicia les permite hacer interpretaciones de las normas legales y constitucionales y entonces a nuestro juicio, están prácticamente invadiendo a los otros Poderes”, apuntó.
Es decir, “hacen cosas que le corresponden al Ejecutivo, hacen cosas que le corresponden al Legislativo y eso, ha motivado una serie de discusiones y debate, por ejemplo, el presidente con su estilo de decir las cosas lanzó una propuesta que al principio pareció fuera de lugar, pero no”.
En ese sentido, Robledo Ruiz consideró que “ellos también deben tener límites para resolver, para limitar a los demás”.
Elegir a las y los ministros y jueces por medio del voto no resuelve sus extralimitaciones, “pero sí corrige un sesgo partidista que tiene el nombramiento de los ministros a querer o no”.
Actualmente el presidente propone al Congreso y este por su naturaleza, tiene una representación partidista.
Intentar un procedimiento que resuelva esa marca de origen, para ello, “estamos proponiendo que se haga una consulta popular en donde se pregunte si se puede modificar el artículo 96 de la Constitución que establece la manera de designarlos.
Explicó que en la Cámara “no estamos pidiendo una votación directa todavía, que vayan a una elección o que los partidos tengan algo que ver, al contrario, la consulta es para preguntar si la población está de acuerdo en reformar ese artículo y de ser así, entonces será el punto de partida para hacer una revisión profunda al sistema”.
“Vamos a invitar a las y los ministros para conversar de la reforma y expresen sus opiniones, que nos hagan el honor de venir”.
Aclaró que no se trata de un tema electoral, sino que es un ejercicio “plebiscitario o referéndum de participación democrática directa”.
En este momento, acotó, “no estamos con el método de designación de los ministros, apenas estaríamos preguntando por una reforma constitucional para luego pensar en un método de designación que puede ser complementario, indirecto, puede ser que el presidente sea el que haga la consulta y con base a eso le proponga al Senado, puede ser que el Consejo de la Judicatura se convierta en una especie de comité seleccionador, pero sin la presencia del presidente actual de la Corte y proponga ternas o sextetas al Senado o a las dos cámaras o que se elija popularmente”.
Todo lo anterior, precisó Robledo Ruiz, “está abierto a la Constitución”.
Eso solo por lo que toca a los ministros, pero para los jueces, hay que señalar que son cerca de dos mil los que hay en el país, lo cual hace más complejo el asunto.
Pero el otro punto importante, “es revisar los alcances de la Ley de Amparo y las facultades que tienen los jueces para suspender leyes y actos administrativos y asuntos que tienen que ver con la administración pública”.
Es tan grave lo que está ocurriendo, que “ellos toman decisiones en asuntos que corresponden a la autoridad sanitaria, a la autoridad aduanal o educativa o que francamente le corresponden al Congreso”.
Sobre las decisiones de ministros y jueces, refirió que se trata de un tema fundamental por la invasión competencial que realizan en múltiples temas y asuntos.
Lo grave es que mientras los otros poderes y niveles de gobierno y organismos autónomos los revisa la Corte, “a la Corte nadie la revisa”.
“Ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación se mete con ella, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en materia laboral resuelven sus asuntos en la Judicatura y ellos mismos; la Corte maneja su presupuesto aparte, es intocable, no podemos llegar a esos extremos”.
Por ejemplo, “la Corte tiene facultades para revisar las leyes que expide el Congreso y confrontarlas con la Constitución para ver si compaginan, para ver si no hay un sobrepase de una norma secundaria frente a un precepto constitucional, pero no tiene facultad para resolver que una norma constitucional se aplique o no se aplique; esas las dicta el Congreso y son inamovibles”.
Claro, acotó, “el constituyente si las puede modificar, pero no los ministros y ministras de la Suprema Corte”
Por eso, afirmó, “necesitamos una reforma que haga el Legislativo consultando al Ejecutivo y al Judicial, pero la decisión la deben de tomar el constituyente, es decir, Congreso de la Unión y los congresos de los estados”.
Cuestionó qué caso tiene que haya elecciones “si los jueces van a cuestionar y a decir la última palabra en todo, los jueces expertos en todas las materias, me parece absurdo”.
Hay que lograr que la Constitución sea clara en cuanto a los límites de los poderes y hasta dónde puede llegar el alcance de intervención de los ministros y jueces federales de amparo, sostuvo el legislador.
Tanto jueces como ministros, “crean prácticamente normas de Derecho y leyes, las elevan a principios jurídicos que están en la doctrina y la teoría”.
Por ejemplo, citó, “los ministros, para suspender la primera parte del Plan B (electoral), el ministro instructor dio entrada a una controversia constitucional en la materia electoral que no está permitido por la Constitución, le dio entrada para efectos de suspender esa primera parte del Plan B, después vinieron varias acciones de inconstitucionalidad y resolvieron diciendo que se había violado el principio de democracia deliberativa y que se habían roto disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso”.
En todo caso, “si se violó esa disposición, fue en la ley y no constitucional y los señores ministros compararon ley contra ley y no ley Constitución. ¿Cómo se llama eso?”, cuestionó al afirmar que nunca se violentó el principio de democracia deliberativa.
Juan Ramiro Robledo recordó que en la Constitución ir a las urnas a elegir a los ministros de la Corte no es algo ajeno en la historia, pero para encontrar una solución se realizan conversatorios donde se presentan muy diversas propuestas de legisladores y especialistas.
Por último, reflexionó que como está la Corte con la reforma del 94 y del 2011, es un tribunal constitucional, pero también es un tribunal de alta atribución ordinaria pues atrae asuntos entre particulares; la propuesta es perfilar un tribunal puramente constitucional y un Tribunal Superior que resuelva todas las cuestiones ordinarias.
“Estamos en un momento en el que México debe voltear a ver de manera profundo su sistema de justicia, pues en el caso del amparo administrativo, está horadando la función de la administración pública y yo agrego que está produciendo ingobernabilidad porque está sobre bases que permiten a los jueces de amparo ir a parar todo, ir a modificar todo lo que haga el poder Ejecutivo”.
Censuró que “los jueces creen tener la potestad de detener todo; el amparo administrativo está provocando ingobernabilidad en el país y los abogados de amparo están encantados con eso porque les permite ganar dinero fácilmente, nada más invocan los derechos humanos y los jueces se encargan de hacerles el trabajo”.
