Gloria Serrato
Los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política, se vulneran cuando hay conductas que amenazan nuestra integridad, dignidad y limitan nuestras libertades. Las conductas de muchos hombres en contra nuestra, y también de algunas mujeres contra mujeres, pueden ser constitutivos de delitos, o de carácter cívico o de faltas administrativas.
Desde las instituciones federales se trabajó para contar con diferentes modelos que ayuden a la prevención, atención, erradicación y sanción de las violencias contra las mujeres y las niñas. Para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia, se debe trabajar de manera conjunta en la atención, prevención y sanción para lograr la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
En fecha reciente, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es un mecanismo interinstitucional que coordina los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones en los diferentes niveles de gobierno, aprobó el Modelo Integral para la Sanción de las Violencias contra las Mujeres, con el propósito, precisamente de integrar los esfuerzos de todas las instituciones con un enfoque de derechos humanos, de género.
Este modelo integral identifica las violencias por razones de género, como son los tipos que son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual; en las diferentes modalidades familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, política, y feminicida. Reconoce los diferentes niveles para dirimir las controversias, en el terreno federal, estatal y municipal.
La federación puede actuar si se trata de un delito de carácter penal a través de la Fiscalía General de la República; cuando son situaciones que deban revisar los tribunales de justicia, o si se tratan de casos en que deban resolver las autoridades administrativas con funciones para sancionar; de igual manera en el orden estatal. Los ayuntamientos con los juzgados cívicos, los juzgados calificadores, las autoridades administrativas con funciones para sanciones.
El Modelo enfatiza en la necesidad de revisar cada asunto con un enfoque de derechos humanos, intercultural, Interseccional, diferenciado y especializado, para que se actué con la debida diligencia; para lo cual la capacitación y evaluación continua de las autoridades involucradas es clave.
Las acciones dependen de las situaciones que se denuncien o se demanden, es decir la sanciones pueden ser de control constitucional, administrativas, civiles, familiares, laborales, electorales y penales. Es importante siempre que se valoren los factores de riesgo, para que se puedan otorgar medidas de protección, señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley de Víctimas, o bien las órdenes de protección señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
El Modelo Integral de Atención a Víctimas, es uno de los modelos rectores para alcanzar la reparación integral de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, con un plan de reparación integral, que se realice de manera individualizada y que tenga que ver con la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición.
Uno de los aspectos importantes son las medidas de seguridad, la Comisión Nacional de Erradicación de la Violencias contra las Mujeres (CONAVIM) así como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), apuestan por medidas reeducativas, siempre y cuando no existan hechos de carácter penal, con un plan de acción concreto en el que promuevan las masculinidad no hegemónica, evitar la reproducir estereotipos de género.
El Modelo hace énfasis en la importancia de la posibilidad de la reducación y la reinserción social libre de estereotipos de género. Alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es complejo, el Modelo busca generar una sinergia propositiva, en la que los hombres generadores de violencia tengan la posibilidad del cambio de mentalidad.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es periodista y abogada, doctora y maestra; especialista en atención a víctimas, derechos humanos, transparencia y salud. Actualmente es directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Anteriormente se desempeñó como directora de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado; fue comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y presidenta de la Mesa Interinstitucional de Feminicidios. Cuenta con diversas publicaciones entre las que destaca su tesis doctoral Construcción de Personajes: El Subcomandante Marcos y la prensa en México 1994 a 1995.
