Por: Eduardo Delgado
Representantes de comunidades indígenas presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), contra la directora del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INDEPI), Margarita Viñas Orta, porque ésta envió policías por una consejera para que la llevaran al lugar donde ella se encontraba y exigirle que firmara un documento para desistirse de los amparos que promovieron por no haber sido tomados en cuenta en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Con el mismo propósito, la titular del INDEPI “visitó” a otros líderes indígenas en sus domicilios, entre las once y las doce de la noche, acompañada por policías.
Un grupo de miembros del Consejo Consultivo del INDEPI ofrecieron este martes una rueda de prensa en la oficina del Centro Potosino de Derechos Humanos “Samuel Ruiz García”, para hacer público su temor a ser víctimas de represalias y por ende hicieron responsable a la funcionaria de cualquier cosa que les pudiera llegar a pasar a ellos o sus familias.
Hermelinda Vázquez, líder náhuatl en el municipio de San Martín Chalchicuatla, denunció que por órdenes de Viñas Orta una de las consejeras fue sacada de su casa por policías, que la llevaron ante la funcionaria.
“La persona se siente muy mal porque dice: “¿Qué pensarán de mi los vecinos cuando llegó una patrulla?.. Yo no soy ningún delincuente para que me lleven”.
En aras de alcanzar un acuerdo con Gobierno del Estado “nosotros seguimos extendiendo la mano”, sin embargo “estamos siendo perseguidos por la directora, quien estuvo como dos semanas en la huasteca yendo con todos los consejeros, intimidándolos con policías, para obligarlos a que firmen el desistimiento”, denunció Leodegario Durán Botello, consejero representante de la etnia Xi´ui.
Por esa razón, dijo, exigen la destitución de la priista Viñas Orta, porque no conforme con la omisión de no consultarlos presiona a los consejeros para que firmen documentos ya redactados.
Lo que a parecer de ellos “es un delito”, porque entre once y doce de la noche ha ido a buscar a los consejeros a sus casas, “llevándoles policías” con la finalidad de “asustarlos para obligarlos a que firmen el desistimiento y la convocatoria a una reunión de consejeros”, añadió.
Ricardo Sánchez García, vocero del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”, expuso que los representantes exigen ser escuchados en audiencia por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, “porque no tendría que haber una orden de un juez” para que el mandatario los reciba.
Condenó que las autoridades estatales profieran incluso amenazas contra quienes reclaman sus derechos de manera pacífica y legal.
Regina Martínez Santos, consejera titular del INDEPI, en representación de la comunidad indígena de Tanlajás, expuso que Viñas Orta le dijo que si los representantes no firmaban “íbamos a ser los responsables del recurso estatal y que también de lo sectorial íbamos a perjudicar”.
Enseguida manifestó: “siento temor porque tengo familia, estaba mi suegra y mi cuñada y ellos están con el temor de que yo ando aquí y temen que a mis hijos les vaya a pasar algo”.
En ese tenor, señalo a Viñas Orta como la responsable de cualquier cosa que les pudiera suceder a ellos o sus familiares, porque “supuestamente ella es la que debe de apoyarnos y manda elementos a hostigarnos”.
Juan Domingo Hernández, en representación de la comunidad de indígenas en el municipio de Axtla, refirió que en su caso lo buscó un enviado del INDEPI, quien los acusó: “Ustedes van a echar a perder el Plan Estatal de Desarrollo”.
