Por Victoriano Martínez
Por mucha sensibilidad que pueda derrochar la diputada Beatriz Benavente con su propuesta para que el Congreso del Estado done 10 millones de pesos a la Secretaría de Salud como apoyo para atender la contingencia por el coronavirus Covid-19, el punto de acuerdo que presenta abre paso a un agravio más a las comunidades indígenas, y agrega a los grupos de discapacitados.
El hecho de que proponga la donación “en favor de la Secretaría de Salud en el Estado” podría parecer una nimiedad si el nombre correcto de la dependencia es Servicios de Salud del Estado, pero muestra parte del descuido con el que se armó la propuesta.
La diputada hace referencia a que administrativamente la actual Legislatura ha logrado ahorros.
“El año pasado se devolvió una cantidad significativa a Gobierno del Estado por no haberse ejercido, cabe mencionar que dicho recurso fue devuelto apenas a principio de año y en parte se planteaba ejercer mediante consultas, tablero electrónico entre otras cosas, por lo que, en ese orden de ideas resulta pertinente dicha asignación de recursos a la Secretaría de Salud”, menciona.
Y agrega que deberán “eliminar o disminuir gastos superfluos como lo son, la compra de computadoras, tablets, ipads, muebles, insumos, combustibles, todos ellos para los diputados integrantes de esta Legislatura, entre otras banalidades en las que actualmente se está dilapidando el recurso de este Poder Legislativo”.
En la sesión el 15 de enero de este año, la Junta de Coordinación Política aprobó el acuerdo JCP/LXI-II/73/2020, para solicitar la ampliación presupuestal por 9 millones 870 mil 352.20 pesos equivalentes a lo devuelto por no haber sido ejercidos en 2019, “los que en su caso serán destinados a los procesos de consulta indígena, de discapacidad y electoral a cargo del H. Congreso”.
A la fecha, sólo la consulta electoral ha terminado su recorrido.
La Consulta Indígena fue irresponsablemente suspendida sobre lo que ya hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no sólo por el acto discriminatorio a las comunidades indígenas, sino también por violar los derechos laborales del Grupo Técnico Operativo (GTO), integrado en su mayoría por personas pertenecientes a distintas etnias.
Sobre la consulta relacionada con personas con discapacidad, nada se ha avanzado para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el pasado 20 de enero, que anuló Decreto 1033, que reformó dos artículos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La diputada Benavente tendrá que aclarar con mucha precisión si propone donar los recursos de la ampliación presupuestal –lo que eliminaría el presupuesto para las consultas pendientes, incluido el adeudo a los integrantes del GTO–, porque de ser así, le abriría una puerta para empeorar el agravio a las comunidades indígenas a los diputados que ya han obstaculizado el proceso.
Además, se debe tener en cuenta que las consultas no son una concesión por parte de los legisladores, sino una obligación legal que, incluso, los podría llevar a caer en desacato a la sentencia de la SCJN en el caso de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La SCJN invalidó las reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad porque en su momento, los legisladores no cumplieron con la necesaria consulta a ese grupo vulnerable y mantiene vigente por 180 días los artículos modificados para “que no se prive a las personas con discapacidad de los posibles efectos benéficos de la norma que se declara inválida”.
El Congreso del Estado tiene esos 180 días para cumplir “su obligación de practicar consulta previa a las personas con discapacidad” antes de poder emitir una nueva medida con relación a la permanencia y ajuste de esas reformas, porque de no hacerlo, simplemente privará a los discapacitados de los posibles efectos benéficos que tuvo.
Así como la SCJN invalidó las reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad por la omisión de la consulta, la reforma electoral corre el mismo riesgo si antes no agotan la consulta indígena que irresponsablemente suspendieron, sin tomar medidas para asegurarla en tiempo.
Loable resulta que se promueva un donativo “para la adquisición de insumos necesarios para la atención prioritaria de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, pero es más que obvio que tales recursos no pueden ser tomados de condiciones obligadas que afectarían el proceso legislativo.
Con que eliminen los gastos superfluos y sus muchas otras banalidades les alcanzaría para donar muchísimo más que diez millones de pesos.
