Abelardo Medellín
Guadalupe Ávila Hernández, oriunda de Matehuala, se encadenó al medio día de este jueves 21 de marzo a las puertas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), para exigir que el Poder Judicial rompa el pacto de impunidad que ha permitido el despojo de casas a ciudadanos a través de “fraudes procesales”.
Ávila Hernández explicó que ella fue una de las miles de personas que vieron su patrimonio lesionado por el fraude del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Tras la disolución del banco, diversos movimientos financieros derivaron en que la deuda por su vivienda intentó ser adquirida por un grupo especulador que, a través de procedimientos fuera de la ley y la colusión de jueces, pretendían quedarse con la propiedad que Guadalupe Ávila ha ocupado por más de 20 años.
Entre algunas de las actuaciones irregulares, ocurrió que tras la muerte del esposo de Ávila Hernández, un abogado promovente de nombre Jorge López Enríquez nombró como albacea de la Beneficencia Pública a un ministerio público adscrito al juzgado, actuación que no es legal ni valida.
Este nombramiento fue aceptado por los jueces del Poder Judicial que, según la afectada, están coludidos para permitir los despojos de viviendas que padecen decenas de personas afectadas por el fraude del Fobaproa.
Tras años de juicio y haber obtenido sentencias favorables que, pese a serlo, no les han dado una conclusión satisfactoria, Ávila Hernández informó que desde agosto del año pasado decidieron buscar reunirse con la magistrada presidenta del Poder Judicial, Manuela García Cázares, pero no les ha dado respuesta.
“¿Qué se puede hacer cuando las autoridades encargadas de impartir justicia, son las mismas que continuamente violan los derechos de la ciudadanía?”, afirmó Guadalupe Ávila.
Por último, aseguró que también la Fiscalía Anticorrupción a cargo Felipe Aurelio Torres Zúñiga se ha involucrado en este asunto que busca encubrir cotos de impunidad.
