María Ruiz
En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, decenas de mujeres viven encerradas sin haber recibido sentencia. Algunas llevan años a la espera de un juicio, mientras el tiempo detrás de las rejas no solo las condena a ellas, sino también a sus hijas e hijos, que quedan sin sustento.
“El Estado estuvo ausente en sus vidas antes de la cárcel”, dice Fátima Gamboa, activista y defensora de derechos humanos. “Muchas buscaron ayuda en instituciones, pero lo único que encontraron fue indiferencia. Ahora, la respuesta que reciben es el castigo”.
San Luis Potosí no es la excepción en un problema que atraviesa todo México, en donde la prisión se ha convertido en un mecanismo que criminaliza la pobreza. El 40 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el estado no tienen sentencia y el 65 por ciento cumple condenas por delitos menores, principalmente relacionados con el narcomenudeo y el robo. Siete de cada diez mujeres eran el principal sostén de sus familias antes de ser detenidas.
En este sentido, Fatima Gamboa recordó el testimonio de Rosa, una mujer potosina de 32 años, privada de su libertad.
“Ella vendía dulces en la calle, pero no alcanzaba. Un día le ofrecieron dinero por llevar un paquete y lo hizo. Le dijeron que era marihuana, pero no sabía cuánto era ni qué podía pasar si la detenían”.
Rosa fue arrestada en un retén y lleva dos años en prisión preventiva sin haber sido sentenciada.
Fátima Gamboa, quien presentó la conferencia Castigo a la Desigualdad: Mujeres en Prisión, señala que el aumento en el encarcelamiento femenino responde a un sistema que persigue con más dureza los delitos cometidos por mujeres en situación de vulnerabilidad.
“El 43 por ciento de las mujeres en prisión están ahí por prisión preventiva oficiosa, es decir, sin condena. Para las mujeres indígenas, la cifra alcanza el 58 por ciento”, explica.
Las cárceles potosinas están llenas de mujeres que antes de su detención vivían en pobreza extrema. Más de la mitad tienen solo educación básica y muchas eran víctimas de violencia doméstica.
“Si analizamos sus casos, encontramos que antes de ser criminalizadas, muchas de ellas ya habían sido violentadas por el Estado”, dice Gamboa.
No obstante, muchas mujeres pidieron apoyo antes de caer en prisión. Algunas acudieron al DIF en busca de programas sociales, a hospitales para recibir atención médica o a ministerios públicos para denunciar violencia doméstica.
“La respuesta fue casi siempre la misma: negación de ayuda o indiferencia”, denuncia la activista.
Uno de los principales problemas es la falta de perspectiva de género en el sistema de justicia. La mayoría de las mujeres encarceladas en San Luis Potosí cumplen condenas por delitos menores, muchas veces relacionados con el transporte de drogas en contextos de necesidad económica o coerción.
Sin embargo, el sistema judicial las castiga con sentencias desproporcionadas, sin considerar las circunstancias en las que cometieron el delito.
Además, las condiciones dentro de los penales agravan la situación. En La Pila, las internas han denunciado la falta de acceso a productos de higiene menstrual y atención médica adecuada. Muchas desarrollan enfermedades dentro del Cereso sin recibir tratamiento oportuno.
El sistema habla de reinserción social, pero la realidad es otra. Para muchas mujeres, salir de prisión no significa recuperar su vida, sino enfrentar nuevos obstáculos.
“Las que logran salir se encuentran con que nadie les quiere dar trabajo, que sus familias las rechazan y que siguen sin acceso a derechos básicos. Entonces, ¿qué tipo de reinserción estamos ofreciendo?”, cuestiona Gamboa.
Por ello, la activista insiste en que es urgente un cambio en el modelo de justicia, pues “el Estado no puede seguir pavimentando con cemento de injusticia las vidas de las mujeres más vulnerables”.
La solución, explica, no está en más cárceles ni en castigos más duros, sino en construir un sistema que garantice derechos y oportunidades antes de que estas mujeres sean criminalizadas.
