Angélica Campillo
Mujeres potosinas, entre ellas madres de niñas y adolescentes, acudieron al Congreso del Estado a presentar una iniciativa para impulsar la armonización legislativa de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Ley de Atención a Victimas, todas del estado de San Luis Potosí.
Las mujeres estuvieron acompañadas de las integrantes de Lúminas Centro de Derechos Humanos, A.C. (Lúminas A.C.), una organización sin fines de lucro, desde donde se impulsa el proyecto “Tejiendo redes seguras para que niñas y adolescentes conozcan y defiendan sus derechos”, con presupuesto de la organización Rise Up.
La finalidad de esta armonización es que estas leyes cuenten con una perspectiva de niñez y de derechos humanos, para estar en posibilidades de proteger y garantizar sus derechos, al colocar al centro el derecho a una vida libre de violencia.
De acuerdo con el primer informe de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), que se presentó en 2021, del 2015 al 2020 se registró un aumento en un 76.1 por ciento del número de casos de lesiones por violencia sexual contra niñas y niños menores de cinco años.
En 2020, el 92.4 por ciento de los casos de violencia sexual de personas menores de 18 años fue en contra de mujeres; y para el mes de mayo de 2021, el número de casos contra ellas presentó un incremento que alcanzó el 93 por ciento.
También se identificó que en 2020, el 78.5 por ciento de los agresores por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes fueron parientes o conocidos cercanos, lo que implica que las autoridades involucradas no solo sean las fiscalías y los juzgados penales, sino también los juzgados familiares, el DIF a nivel municipal y estatal, así como el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
En ese sentido, señalaron que la violencia contra niñas, niños y adolescentes va en aumento, por lo que es necesario fortalecer el marco jurídico para que las acciones integrales y multidisciplinarias que atienden y acompañan los casos de violencia sexual contra este sector se den de forma ágil y clara, con el propósito de buscar siempre la garantía y respeto de sus derechos humanos mediante el acceso a la justicia, reparación del daño y restitución de derechos.
Quienes presentaron la iniciativa proponen que esta se acompañe con un plan de trabajo, que consiste en llevar a cabo distintas acciones, como mesas de trabajo, talleres con niñas y adolescentes y una campaña de difusión, del mes de mayo al mes de septiembre de 2022, para fortalecer la presente propuesta legislativa de la mano del Congreso del Estado.
Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, representante de Lúminas A. C., apuntó que a veces pasan años para que se integren las carpetas de investigación para muchos de los procesos que se acompañan, y posteriormente para que puedan concluirse los asuntos.
Manifestó que, por ejemplo, aunque haya quienes sean autoridades escolares y tengan las medidas de protección, incluso así revictimizan a las chicas y cuestionan el por qué alzaron la voz y por qué denunciaron, pues finalmente ellos se ven señalados.
“Queremos que pare esto y haya sensibilidad en el tema y que no se señale a quien alza la voz y hace una denuncia, más bien que se entienda y no haya revictimización y que haya un nombramiento de las víctimas, y también un acompañamiento; el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, a una vida libre de violencia”, argumentó la activista.
Cuéllar Ochoa refirió que los delitos más frecuentes en la Huasteca Potosina son el acoso y el abuso sexual, que no se denuncian o que a veces no se pueden integrar.
A su consideración, a la Fiscalía Especializada para la Mujer actualmente todavía le faltan algunos ministerios públicos y, además es necesario la capacitación tanto en perspectiva de infancias como de género, de quienes asuman esos casos, pues muchas veces no la tienen y entonces se revictimiza, al cuestionar a las víctimas el por qué “provocaron” determinada situación.
Dijo que, si bien, para una persona adulta es complicado poder declarar, acudir al médico legista, o a un dictamen psicológico, para las niñas y adolescentes es el doble de difícil, ya que finalmente dependen de personas adultas, que estén consientes de acompañarlas en el proceso y que no es únicamente algo que se les va a olvidar.
