Óscar G. Chávez
Mucha debió ser la urgencia por declarar a Villa de Pozos municipio, tanta que el Decreto 1074, mediante el cual “Se erige en el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre de Villa de Pozos. Se reforma el artículo 13 en su fracción II; y adiciona al artículo 6° un numeral, éste como 53, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Se reforma el artículo 49 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí”, apareció casi al mismo tiempo que concluía la sesión del Congreso y en su transitorio primero señala: El presente Decreto será vigente al momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.
No recuerdo, aunque posiblemente haya quienes sí, algún decreto que hubiera sido publicado con tanta celeridad. Éste, dicen algunos especialistas, contiene una gran cantidad de pifias y omisiones que si bien afectan ya desde su inicio al nuevo municipio, no son suficientes para echarlo para abajo. Villa de Pozos es pues municipio, el número 59.
El artífice principal de esta mutilación a la actual división política de la capital del estado es el gobernador Ricardo Cardona, pero no puede pasarse por alto que contó con la complicidad del propio alcalde del municipio directamente afectado. Primero, muy posiblemente en un afán de atraerse simpatizantes, por impulsar la iniciativa (aunque después haya salido con que siempre no) y, después, por pecar de omiso al no impugnar la municipalización en virtud de todas las afectaciones que causará tanto a la administración pública municipal como a la propia ciudadanía de ambos municipios.
Villa de Pozos, recordemos, como municipio tuvo una vida de 120 años; desde julio de 1826 hasta octubre de 1946, cuando mediante el Decreto 51 le fue suprimida la categoría para como congregación integrarse al municipio de la capital. Viene al caso señalar que la supresión no fue exclusiva de esta villa, se vieron afectados también los de Tierra Nueva, que se integró a Santa María del Río, Villa de Arista a Villa Hidalgo, Huehuetlán a Ciudad Santos (Tancanhuitz) y Agua Buena a Tamasopo. Apenas dos años antes habían perdido la categoría municipal Ciudad Fernández, Pastora y San Antonio.
Fueron años en que se buscó reestructurar por motivos de beneficio de la hacienda estatal la división política del estado; si bien, mucho se ha señalado que en el caso concreto de Pozos la pérdida de la categoría obedeció a motivos enteramente político electorales esto no es del todo cierto. Su población no representaba, como desde décadas atrás, ni el diez por ciento de la población de la capital.
En 1900, por ejemplo, la ciudad de San Luis Potosí contaba con 82,479 habitantes, mientras que Villa de Pozos apenas llegaba a poco más de 5,500 (2,794 hombres y 2,762 mujeres) por debajo de Mexquitic con 16,565 habitantes, Armadillo con 9,845, Zaragoza con 9,267, Ahualulco con 7,477, Soledad con 6,971 y Villa de Arriaga con 5,951. Diez años después contaba con 2,838 habitantes (1,450 hombres y 1,388 mujeres) y para 1921, con 4,470 habitantes (2,265 hombres y 2,205 mujeres) distribuidos en 23 localidades. Veinticinco años después, a momento de la supresión, el decremento era notorio, no rebasaba los cuatro mil habitantes.
Hoy la municipalización podría resultar curiosa, sobre todo considerando que la propia dinámica de la villa y el tiempo transcurrido dificultan el recuerdo del funcionamiento como municipio, aunque esto no quiere decir que en la parte vieja o casco antiguo de la población se conserve cierto sentido de identidad, con el cual jugaron perversamente el gobernador y el alcalde. ¿Cuántos posences (o poceños o villaposences) apelaron realmente a la reivindicación territorial, con plena conciencia de lo que esto implicaba?
#YoSoy59, dirán otros.
Con todo y eso de momento no se puede saber bien a bien qué fue lo que motivó al gobernador a poner sus intereses sobre aquel espacio; hay quienes se inclinan (con pleno fundamento) por lo recaudatorio, otros señalan lo electoral, y menos visualizado porque falta información a detalle sobre el asunto está lo inmobiliario. Como sea, todo parte de la codicia del ambicioso gobernador; un pueblo que será entregado al saqueo.
En el municipio desmembrado se contradice al ambiguo Decreto y se señala que no hay una autoridad ni de jure ni de facto en la nueva demarcación; con más ignorancia que prudencia el síndico municipal Víctor Salgado hace el ridículo frente a los medios de comunicación a los que comparte con sapiencia plena que un decreto no puede estar por encima de la Constitución (¡Vaya cátedra!). Tampoco es para menos porque no da para más, pero existe en general un profundo desconocimiento sobre el tema; y es lógico, hacía treinta años que no se creaba un nuevo municipio (con la diferencia que los anteriores derivaron de estudios fundamentados).
Mientras el gobernador dice horondo invitando como cómplice al sumiso alcalde: “acordamos una transición pacífica y ordenada”. ¿Por qué tendría que ser de otra forma?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
