Abelardo Medellín
Mientras que el Sistema Estatal DIF fue la dependencia que sufrió el mayor recorte al interior del Gobierno del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) fue el ejecutor del gasto que padeció la mayor disminución a sus recursos para el ejercicio 2025 en comparación con los obtenidos este año, así lo revela la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2025, presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Astrolabio Diario Digital tuvo acceso a la iniciativa aprobada esta semana por las y los diputados locales integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado, en la cual se aprueba en primer término que el Gobierno del Estado ejerza el próximo año un presupuesto de 65 mil 561 millones 137 mil 543 pesos, lo cual representa un aumento del 3.06 por ciento con respecto al ejercicio 2024, es decir mil 943 millones 878 mil 410 pesos.
La cifra también representa un incremento del 23 por ciento con respecto al presupuesto del ejercicio 2022, es decir, el primer año en que el gobierno encabezado por Gallardo Cardona gestionó íntegramente el presupuesto de su administración.
Dentro del documento de iniciativa de Presupuesto de Egresos se incluye un tabulador del presupuesto que recibirán 26 dependencias del Gobierno del Estado y una comparativa de estos recursos contra los ejercidos en este 2024.
De acuerdo con el tabulador, la dependencia que sufrió el recorte más drástico fue el Sistema Estatal por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual pasó de haber obtenido mil 330 millones de pesos en 2024 a 81 millones 919 mil 986 pesos para el 2025, es decir, que tuvo una reducción de mil 248 millones 80 mil 14 pesos.
Esta reducción al presupuesto del DIF representa un recorte del 93.9 por ciento del presupuesto ejercido el año inmediato anterior.
Las otras dependencias que sufrieron recortes en su presupuesto con respecto al de este año fueron: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que pasó de 140 millones 509 mil 838 pesos a 28 millones 391 mil 976 pesos, es decir, una reducción del 79.8 por ciento; los Servicios de Salud, de 70 millones a 38 millones 172 mil pesos, lo cual es igual a un recorte del 45.5 por ciento; la Secretaría de Finanzas (SEFIN), que fue de 301 millones 231 mil 11 pesos este año a una proyección de 288 millones 908 mil 816 pesos, es decir, 4.1 por ciento menos; y la Secretaría de Recursos Agropecuarios Recursos Hidráulicos (SEDARH), que fue de 140 millones a 139 millones 158 mil pesos, lo cual es igual a un recorte del 0.7 por ciento con respecto a su ejercicio actual.
En contra posición, las dependencias que recibieron aumentos a sus presupuestos fueron la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La Sedesore, que en el ejercicio 2024 dispuso de un presupuesto que ascendió a mil 119 millones 338 mil 816 pesos, para el próximo año contará con un presupuesto de 2 mil 510 millones 916 mil 935 pesos, es decir, tendrá un aumento del 124 por ciento.
De igual manera, hubo siete dependencias que tendrán el mismo presupuesto que el año pasado: la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la Secretaría de Cultura (Secult), la Secretaría de Cultura (Sectur), la Junta Estatal de Caminos (JEC), el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), el Instituto de las Mujeres (IMES) y el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve).
Dentro del capítulo II relativo a “las erogaciones” dentro del Presupuesto de Egresos, se establecen los presupuestos que podrán ejercer los entes ejecutores del gasto, entre ellos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
De entre todas estas instituciones, la única que sufrió recortes en su propuesta presupuestal para el 2025 fue el Ceepac, que pasó de haber ejercido 382 millones 132 mil 660 de pesos en 2024 a disponer de 244 millones 785 mil 562 pesos para el próximo año, lo cual representa una reducción 137 millones 347 mil 98 pesos con respecto a su presupuesto inmediato anterior.
Aunque la reducción puede atribuirse a que en el 2024 ejercieron presupuesto para el proceso electoral correspondiente a la renovación de ayuntamientos y diputaciones locales, el presupuesto de 244 millones de pesos es menor a lo solicitado por el Consejo, que el pasado 11 de octubre aprobó un proyecto presupuestal por 247 millones 272 mil 200.78 pesos.
De entre los ejecutores del gasto hubo cuatro instituciones que deberán ejercer el mismo presupuesto que en el 2024: IFSE, con 300 millones de pesos; la CEDH, con 47 millones 445 mil 193 pesos; la CEGAIP, con 25 millones 60 mil 259 pesos; y el TEJA, con 56 millones 68 mil 685 pesos.
Después del Gobierno del Estado, los ejecutores del gasto público que recibieron el mayor aumento a sus presupuestos para el 2025 son: la FGE, que obtuvo un aumento de 72 millones 188 mil 527 pesos con respecto al ejercicio anterior; el Poder Judicial, con 28 millones 296 mil 917 pesos de aumento; y la UASLP, con un aumento previsto en la iniciativa de 19 millones 721 mil 229 pesos.
La Universidad, en términos reales, recibirá una asignación presupuestaria de 300 millones pesos, lo cual es 20 millones mayor a la asignación de 280 millones 278 mil 771 pesos del ejercicio de este año.
En lo que respecta al Poder Legislativo, el Congreso del Estado recibirá 317 millones 203 mil 150 pesos para el ejercicio 2025, lo cual es un incremento del 2.3 por ciento, en comparación con los 310 millones de pesos ejercidos en este 2024.
Dentro del apartado de la exposición de motivos del dictamen de Presupuesto de Egresos, se añadió un tabulador que establece los riesgos relevantes para las finanzas públicas del Estado de San Luis Potosí. Sobresale que el primer riesgo mencionado en el estudio fue la transferencia al esquema de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS – Bienestar).
El estudio de este riesgo establece que dos de los principales problemas que se advirtieron cuando se migró al esquema federalizado de salud fue la retención de los recursos correspondientes al rubro de Salud que recibía el estado por parte de la Federación, y el hecho de que los pasivos con proveedores y prestaciones laborales quedaron a cargo del Gobierno del Estado pese a estar en un sistema federalizado.
De igual forma, la transición al sistema federalizado provocó riesgos “estructurales” al Estado:
“El no reconocimiento de las gestiones realizadas con el anterior modelo de INSABI, la pérdida de los recursos obtenidos por cuotas de recuperación por la prestación de servicios de atención médica a la población derechohabiente de otros esquemas de salud, la pérdida del recurso obtenido por devolución como ingreso coordinado del Impuesto Sobre la Renta pagado por el personal que se transferiría y pagaría por el modelo IMSS – BIENESTAR y la necesidad de realizar aportaciones líquidas derivado del posible cambio en los mecanismos de aportación estatal”.
En el mismo apartado, se repasan por igual las situaciones de desequilibrio financiero que padecen entidades como el Colegio de Bachilleres (Cobach), sobre el cual se menciona que la nómina y prestaciones se aumentaron durante los últimos años sin tener sustento presupuestal, además de haber detectado omisiones de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (incluyendo multas y accesorios) de varios periodos, así como el reintegro de recursos federales y la devolución de préstamos.
También se aborda el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECyTE), sobre el que se explica que su desequilibrio financiero se debe a puntos como: que derivado de las malas gestiones de las administraciones pasadas, el CECyTE inicio operaciones con presupuestos deficitarios; existen prestaciones que han sido otorgadas desde ejercicios anteriores a personal docente, administrativo y de confianza que no están contempladas en los Anexos de Ejecución que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; tiene adeudos con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Al igual que en presupuestos de egresos anteriores, en el apartado de riesgos se contempla la condición que padece la Dirección General de Pensiones y se menciona que, de acuerdo con los estudios actuariales, existe un riesgo de descapitalización en la reserva total de los fondos de pensiones.
