Por Victoriano Martínez
El caso de Gabriel Rosillo Iglesias, contralor General del Estado, no sólo muestra que en la administración pública estatal hay influyentismo, sino que ejemplifica uno de tantos casos que exhibe las deficiencias y omisiones con que abordan los temas de transparencia y rendición de cuentas.
Por el cargo que ocupa, el de Rosillo Iglesias resulta un caso grave por tratarse de quien debe vigilar y promover que los temas de transparencia y rendición de cuentas se apeguen a la ley y, sobre todo, a las mejores prácticas en el tema. Si quien debe garantizarlo no lo hace, menos se puede esperar del resto de los funcionarios.
Si su esposa y su hermana también forman parte de la administración pública bien podría no estar relacionado con algún acto de influyentismo. Sin embargo, Rosillo Iglesias no reporta ninguna de esas circunstancias en su declaración de intereses. Al no hacerlo, abre paso a la sospecha.
Desde 2016, en la página Web de la Contraloría General del Estado se publican las declaraciones #3de3 de los funcionarios estatales, con los formatos elaborados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO).
En el caso de la declaración de intereses, en el punto III – 3 requiere las “Actividades profesionales/empresariales/comerciales, cargos y funciones DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS”.
En las cuatro declaraciones presentadas por Rosillo Iglesias ese apartado no cuenta con información. En el caso de la de 2019, los espacios en los que debe aparecer la información se repite la indicación “N/A”, No Aplica.
Con ese espacio vacío, Rosillo Iglesias incurre en ocultamiento de información.
El indicador “N/A” se vuelve así, al ser el recurso que usa quien debe promover la correcta publicación de las declaraciones #3de3, en la clave que les comparte para evadir cualquier dato que los funcionarios no quieran incluir en esos documentos.
De los 130 datos que Rosillo Iglesias debió anotar en su declaración de intereses, en 58 (prácticamente el 45 por ciento) utilizó el “no aplica”.
Si ahí donde debió haber incluido cuando menos el dato del empleo de su esposa como servidora pública optó por anotar “N/A”, que son cinco de los 58 espacios en los que lo hizo, ¿qué habrá ocultado de lo que debió incluir en los otros 53 espacios?
Por deficiencia o por omisión, el caso de Rosillo Iglesias sólo es una muestra del recurso más utilizado entre los servidores públicos en sus declaraciones patrimoniales y de intereses que se encuentran publicadas en el sitio web de la Contraloría.
Impresiona que sean más de tres mil 200 servidores públicos del Poder Ejecutivo quienes publiquen sus declaraciones #3de3.
Decepciona que en su contenido se use con tanta frecuencia el “N/A”.
