Fernanda Durán
La interrupción legal del embarazo es un tema al que las últimas tres legislaturas en San Luis Potosí le han huido o se han negado a despenalizar, ante esto colectivas, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, activistas, académicas y periodistas integraron el Frente Marea Verde San Luis Potosí, el cual buscará “la conquista de la autonomía reproductiva” mediante una estrategia compuesta por acciones legislativas y jurídicas.
El Frente comenzará sus acciones este viernes 8 de septiembre con la presentación de una iniciativa que promueve dos reformas: una al Código Penal del Estado y otra a la Ley de Salud, con el objetivo de garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción legal del embarazo sin que sea necesario recurrir a una causa.
Si bien las organizaciones pidieron al Poder Legislativo avanzar en este tema y exhortaron a las autoridades para que inicien un proceso de comunicación interna con el Ejecutivo; advirtieron que ya no se quedarán únicamente con la voz y opinión del Congreso del Estado, que ha sido omiso y ha aplazado los procesos de legislación en la materia, ya que tocarán las puertas necesarias para lograr la despenalización.
Con el antecedente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado ya a favor de este derecho —y con ello las mujeres organizadas en 12 entidades de la República consiguieran la despenalización del aborto—, el Frente Marea Verde anunció que presentará amparos en las próximas semanas ante tribunales federales radicados en San Luis Potosí.
En caso de no atender a las peticiones, pedirán la atracción de la SCJN sobre los amparos.
Aunque se pidió a las organizaciones cifras sobre el fenómeno que afecta a las mujeres, en las que destaca el acompañamiento a más de 300 de ellas a interrumpir su embarazo al año, al tratarse de temas estigmatizados es muy difícil proporcionar números porque en realidad no se documentan todos los casos o daños, así lo señaló la doctora Yesica Yolanda Rangel Flores.
“¿Cuántas muertes son necesarias para justificar que se siga muriendo una sola mujer?”, cuestionaron, pues afirmaron que son situaciones que “ponen crisis a toda una familia, a todo un grupo social, a toda una sociedad”.
Además, las consecuencias para aquellas mujeres que deciden practicar o acompañar la interrupción del embarazo es el riesgo de ser detenidas, las afectaciones a la salud por acceder a mecanismos poco confiables debido al contexto en el que se encuentran y la discriminación situada, puesto que solo quienes pueden pagarlo van a estados despenalizados a realizarlo, de acuerdo con lo expresado por la abogada y consultora con enfoque en derechos humanos, perspectiva de juventudes y género, Fátima Hernández Alvizo.
“Centenas de mujeres potosinas están abortando fuera del estado y en condiciones de marginalidad, es momento de que el Congreso del Estado nos escuche y despenalice el aborto”, reclamaron las activistas.
La confianza del Frente para lograr la despenalización de la interrupción del embarazo se basa en los criterios dentro de las sentencias de la Suprema Corte en los casos de Sinaloa y Aguascalientes, que establacen que la penalización del aborto voluntario va contra los derechos humanos de las mujeres.
El Frente lo integran organizaciones sociales y colectivas: Bloque de seguridad 8M; Ciclismo Con Conciencia; Feministas Independientes Potosinas Incidiendo; Red de acompañamiento “Las Compas”; Red de Médicas por el Derecho a Decidir; Red de Mujeres Periodistas SLP; Red Socialista Militante (RSM).
Además de las asociaciones civiles: Apoyaré, fundación García Cedillo A.C.; Educación y Ciudadanía A.C.; Lúminas, Centro de Derechos Humanos A.C; Organización para Chicas A.C.; así como académicas, periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas.
