Leticia Vaca
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, Héctor Mendizábal Pérez, se negó a hablar de las empresas fantasmas usadas por los legisladores para facturar supuestos apoyos sociales, luego de que la organización Ciudadanos Observando reveló el pasado lunes una investigación en la que se vincula a varios diputados con compañías inexistentes.
Dijo que ante la insistencia sobre el tema emitieron un comunicado de prensa.
En el boletín del Congreso del Estado se informa que las contrataciones y pagos a proveedores por concepto de gestoría institucional, suspendidos desde enero de 2018, cubren los requerimientos que marca la ley para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Se aclara que cada proveedor, ya sean personas físicas o morales, se sujeta a los procedimientos que marca el Código Fiscal de la Federación y se encuentran debidamente dados de alta ante las autoridades hacendarias y que la verificación del domicilio es responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Los expedientes de proveedores del Congreso del Estado se integran con el acta constitutiva de cada empresa que contiene domicilio fiscal, objeto social correspondiente y los poderes, todo ello certificado ante notario público, se precisa en el comunicado.
Al respecto el diputado Gerardo Serrano Gaviño, uno de los más señalados por facturar en empresas inexistentes, dijo que el objetivo central es que se apoye y eso se cumple. “Las empresas por las que se me señala tienen un acta constitutiva, están avaladas por el SAT, tienen todos sus papeles en regla, si alguna pregunta deberían ir a hacérsela al notario que las avala o al SAT que emite dictámenes favorables para estas empresas”.
Insistió en que el objetivo del legislativo es apoyar y no hay nada oscuro.
