Carlos Rubio
El de las víctimas en San Luis Potosí ha sido un sector desdeñado por este y todos los gobiernos estatales y hasta municipales. Un grupo que debería ser prioridad lamentablemente es el que recibe la atención más deficiente por parte de las autoridades, ¿por qué? Porque no representan material electoral. El día que la atención a víctimas se traduzca en votos, van a recibir ayuda de cualquier mandatario y hasta de partidos políticos. Y es una pena decirlo.
Llámese Centro de Atención a Víctimas del Delito, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) o el nombre que gusten ponerle, han sido instituciones revictimizantes que se convierten en un obstáculo más para que una víctima acceda a la justicia.
Además de enfrentarse a un proceso psicológico y sortear las aguas de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, también hay que pasar por una CEEAV cuyo objetivo termina reconvirtiéndose en volver más difícil el andar de una víctima.
A ese complicado andar hay que sumarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), otra institución que hoy, de la mano de Giovanna Argüelles, ha tocado sus más bajos niveles en productividad. Si anteriormente con Jorge Andrés López Espinoza la Comisión realizaba un deficiente trabajo, hoy se ha sumergido en una terrible parsimonia que acaba por afectar a decenas de usuarios.
Ante la ineficiencia de estas instituciones, hay grupos que han tenido que tomar las riendas de sus propios casos y buscar su propia justicia.
Tal es el caso de Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., una organización de víctimas indirectas de desaparición que de la mano de Edith Pérez Rodríguez ha luchado y se ha enfrascado en la búsqueda de personas desaparecidas.
Lo que Edith Pérez comenzó como un grupo de búsqueda de sus hijos, sus sobrinos y su hermano, hoy se ha convertido en una red de apoyo de muchas familias que han sido hechas a un lado por parte de unas autoridades indolentes ante su sufrimiento. Este grupo ha tenido tal alcance que realiza búsquedas e investigaciones en las cuatro zonas del estado.
Pero estas familias no solamente se enfrentan a la incógnita de dónde estarán sus hijos, sino quién está detrás de su desaparición. En la mayoría de los casos, es el crimen organizado que opera en las carreteras y municipios más olvidados del estado. Entonces no solamente es soportar la desaparición de un ser querido, lidiar con autoridades desinteresadas y tener que realizar búsquedas con sus propias manos, a la vez están en constante acecho de la delincuencia, aquella parte que no quiere que encuentren a sus familias.
Con su trabajo diariamente enfrentan el peligro de no volver, pero poco les ha importado porque su causa es genuina, un valor que también les da fortaleza para plantarle cara a cualquier gobierno o autoridad y exigirle que cumpla con sus obligaciones.
La marcha que las madres y familias buscadoras realizaron el pasado 10 de mayo no fue poca cosa y por eso hay que colocarla en sus justas dimensiones: representan a un movimiento al que no se le puede descalificar con la justificación de que hay infiltrados, tampoco que maneja otros intereses y mucho menos colocarle un sello como el de la herencia maldita.
Cargaron por las calles del Centro Histórico fotografías con el rostro de sus desaparecidos, con el dolor que eso conlleva. Se plantaron dentro de la Fiscalía y salieron de ahí con el compromiso firmado de que habrá una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Llegaron hasta el Congreso del Estado para exigir legislación entorno a la desaparición de personas, también salieron con una firma de ahí.
“Estamos aquí porque tenemos una petición para ustedes, una petición que no nos han podido realizar y cumplir, tenemos muchos años insistiendo. El peor obstáculo para todas las madres que buscamos a nuestros hijos son ustedes porque no voltean a vernos, porque nos etiquetan, nosotros deberíamos estar celebrando con nuestros hijos en casa y como no están salimos a buscar la dignidad de ellos”.
Determinantes palabras que no solo exhiben el dolor que viven en su día a día, sino que desenmascaran a un Poder Legislativo que las ha olvidado y las ha hecho a un lado en su agenda, que en lugar de trabajar en iniciativas basura que solo se acumulan y terminan por desecharse, podría estar elaborando verdaderos cambios que incidan en el bienestar de las familias.
Otro punto a destacar es que no llegan a un espacio a negociar. No es estirar y aflojar como si fueran grilla política. Es exigir a cada quien lo que le toca. Conocen perfectamente qué le corresponde a cada autoridad, en qué ha sido omisa y la capacidad que tiene el Estado para apoyarlas, y es por eso su insistencia. Saben que si se tuviera voluntad, ya hubiera una enorme disminución en desapariciones, pero el panorama actual solo refleja el poco interés en el tema.
De acuerdo con Edith Pérez, las desapariciones han aumentado un 300 por ciento en los últimos tres años, en comparación con los últimos 10 años. En su mayoría las personas de entre 12 y 14 años, y adultos de hasta 30 años han sido los más afectados en la actualidad.
La labor que estas familias realizan diariamente debe ser reconocida por todos los potosinos. Se debe saber que, ante una autoridad omisa, existen grupos que tienen verdadero interés en las problemáticas de San Luis Potosí. Que no le deben nada a nadie y que, en cambio, hay un Estado que les debe todo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
