Carlos Rubio
Lo que sucede en San Marcos Carmona no debe tomarse a la ligera. Es la muestra de que cuando los empresarios, el Gobierno y el Poder Judicial trabajan de un mismo lado, se pueden lograr objetivos; el problema es que, en esta ocasión, esa maquiavélica alianza se formó para confabular en contra de toda una comunidad, su patrimonio y el medio ambiente.
La semana pasada la comunidad de San Marcos Carmona vivió un nuevo embate por parte de los empresarios inmobiliarios cuyos tentáculos controlan fibras del Poder Judicial, las cuales aprovechan para amedrentar comuneros que se dedican a la defensa de su territorio. Una batalla totalmente desproporcionada.
En esta ocasión, los habitantes de San Marcos derribaron una barda, construida ilegalmente sobre tierras en litigio, la cual les obstruía el paso hacia zonas esenciales para su subsistencia.
La indemnización y la pena que exigía la empresa para los comuneros sirve para darse cuenta de que este grupo empresarial opera sin escrúpulos ni humanidad: 8 millones de pesos y 10 años en prisión.
Finalmente, el juez Juan de Dios Flores dio una condena de un año y tres meses de prisión –que podrá cumplirse en libertad– y una sanción de 14 mil pesos, lo cual no lo exime de haber sido cómplice de un grupo de poder que busca callar las voces legítimas de reclamo de todo un pueblo que durante años ha exigido ayuda sin ser escuchado.
La reacción de los fraccionadores no se reduce al simple derribo de una barda, sino a la momentánea victoria que obtuvo la comunidad en cuatro juicios ambientales a los que se les concedió la suspensión definitiva. Con esto avanzó la defensa del Río Calabacillas y deben suspenderse las descargas residuales que han contaminado y afectado su cauce natural.
Promotora y proyectos Proaljo, S.A. de C.V. fue la empresa que presentó la demanda en contra de dos comuneros. La sociedad fue constituida originalmente por Alejandro Torres Ocejo y Jorge Alva Rovira, en donde también Jesús Alfredo Chávez Banda funge como accionista.
A estos personajes también se les puede encontrar bajo la mascara de Altor Compra Venta Rentas S.A. de C.V., empresa que también utilizaron en el pasado para continuar con el robo de tierras en Mexquitic de Carmona y amedrentar a la comunidad.
Entre los nombres que también han colaborado en este ilícito para la construcción de los fraccionamientos Fuerteventura, Forja Real y Ojaranza, se encuentran: Miguel Ángel Torres Corzo, Francisco Torres Ocejo, José Alberto Torres Ocejo, José Ramón Martínez Jaimes, Javier Hernández Andrés, Luis Fernando López Montañés y Francisco José de la Rosa Carpizo.
Era de esperarse que el exgobernador Juan Manuel Carreras López cobijara a este grupo y avalara este crimen contra la comunidad de San Marcos Carmona, que desde el 2016 lucha contra la ocupación ilegal de sus tierras.
Lo que sí sorprende es que el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona siga permitiendo este abuso y proteja a empresarios, cuando ha cargado la bandera de la defensa de grupos vulnerables y –junto a su partido– viste el color verde y pregona la defensa del medio ambiente.
Desde el año pasado fuimos testigos de la incidencia que el gobernador sabe que tiene al interior del Poder Judicial; cuando, en pleno desconocimiento de lo que significaba, pronunció la frase: “Háblenle a la presidenta del Supremo Tribunal para que me atienda el caso directamente”.
Y aunque posteriormente el control que pudiera ejercer el gobernador sobre el Poder Judicial fue negado tanto por Gallardo Cardona como por la entonces presidenta Olga Regina García López, lo cierto es que fue una revelación que se conocía entre las cúpulas, pero que se hizo pública entre nosotros los simples mortales.
Por ello sorprende que el gobernador busque ser completamente ajeno a la problemática de San Marcos Carmona y no intente interceder por toda una comunidad que desde hace años sufre las consecuencias de lo que él bautizó como la “herencia maldita”.
Y digo que busca ser ajeno y distanciarse del problema, porque es obvio y notorio cuando Gallardo se coloca frente a un tema e intenta hondear la bandera de la victoria; claro ejemplo es el de la municipalización de Villa de Pozos, que aunque aún no concluye fue audaz para adjudicarse la iniciativa “ciudadana” cuando la oposición buscaba quitarle la bandera.
Otra situación en la que el gobernador no ha escatimado en posicionarse en contra de grupos empresariales es sobre la concesión que tiene Aguas del Poniente Potosino, de la cual ha reiterado su negativa a que sea renovada por el Ayuntamiento capitalino a finales de año.
Tampoco ha sido cauto al criticar a los empresarios que presionan para que se concluya la Vía Alterna y que así sus tierras tripliquen su valor para la construcción de nuevos fraccionamientos.
En general, no es un secreto el desdén que Gallardo guarda hacia los grupos empresariales y su deseo de posicionarse un escaño más arriba de ellos, con todo y que haya conformado su Consejo Potosí –que más bien fue una trampilla en la que cayeron los empresarios que estaban en contra de su llegada al Gobierno, pero que terminaron posando atrás de él para la foto–.
La problemática en San Marcos Carmona tiene todos los elementos que el gobernador dice “apoyar”: una comunidad que ha sido marginada a lo largo de los años y un río contaminado que ayudaba a la subsistencia de decenas de personas. Por otro lado, también tiene las características sobre las que se ha posicionado en contra: la herencia maldita, el abuso de poder y el dominio de los grupos empresariales.
Tiene todo para tomar la bandera y ondearla, pero no la usa, en cambio lo que sí se ha utilizado es a la Guardia Civil Estatal para proteger a los fraccionadores e intentar ahuyentar a los comuneros.
El poco interés que mostró su gobierno fue concederles hace más de un año una reunión con el subsecretario de Gobierno, Jorge Vega Arroyo, en la que los escuchó, se comprometió, pero al final nada les cumplió, pues la policía estatal sigue siendo utilizada para amedrentar a los comuneros y el gobierno estatal sigue el margen del problema, sin garantizar que los derechos de la población se respeten.
Una serie de acciones que no concuerdan con el discurso del gobernador y que solo hacen crecer la posibilidad de que exista un pacto entre Ricardo Gallardo y las familias Torres Corzo y Torres Ocejo, para permitirles operar y seguir invadiendo tierras en San Marcos Carmona.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
