Alejandro Rubín de Celis
En México, el hecho de que el Estado realice disculpas públicas por violaciones a derechos humanos tiene apenas unos años. Son bien sabidos los excesos en que incurrieron los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, y como casos emblemáticos están la matanza de Tlatelolco y el ataque a estudiantes el 10 de junio de 1971 conocido como el Halconazo.
Tuvieron que pasar 37 largos años para que el Estado mexicano pidiera, por primera vez, una disculpa pública por los abusos del pasado y eso porque fue obligado por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a causa de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco durante la llamada Guerra Sucia. La desaparición forzada del líder comunitario guerrerense ocurrió en agosto de 1974 y el gobierno mexicano pidió la disculpa hasta noviembre de 2011.
Durante la presente administración federal, el Estado ha pedido perdón a las víctimas ꟷprincipalmente familiaresꟷ de ocho casos y sucesos por desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, espionaje, persecución, asesinato, encubrimiento e inacción de la autoridad.
En el ámbito estatal, tocó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en marzo del año pasado, pedir perdón públicamente a los familiares de cinco jóvenes desaparecidos, torturados y asesinados por agentes policiacos en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016.
La administración del alcalde Xavier Nava Palacios inaugura el primer caso a nivel municipal de que se tenga conocimiento en el que se pide una disculpa pública, en acatamiento a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero no fue él quien la ofreció. Nava prefirió una disculpa en privado antes que tener que admitir abiertamente que subordinados suyos incurrieron en abuso de autoridad en el desalojo de la ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales.
Fue a Sebastián Pérez García, secretario general del ayuntamiento de la capital, a quien le tocó ofrecer la disculpa pública el sábado 20 de marzo en ausencia del alcalde, quien supuestamente no asistió por cuestiones de agenda. Tres días antes, el miércoles 18, Xavier Nava pidió una disculpa en privado a Teresa Carrizales, sólo en presencia del gobernador Juan Manuel Carreras, de algunos de sus colaboradores, y del presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Jorge Vega Arroyo.
Si la excusa de no haber asistido al evento protocolario del 20 de marzo fue un asunto de agenda, el alcalde pudo abrir un espacio en ella dada la trascendencia del hecho y ser él quien pronunciara el discurso del perdón, pero fue mayor su soberbia y mandó a su segundo de abordo a cumplir la recomendación, después de todo ─habría pensado el alcalde─ fue Sebastián Pérez quien dio la orden para el desalojo. También se pudo programar la disculpa pública en la fecha en que se hizo en forma privada, pero no, Nava se resistió a dar la cara para asumir su responsabilidad en los hechos como cabeza de la presidencia municipal.
Reconocer, con humildad, que la autoridad policial incurrió en un exceso por la forma como la entonces oficial del registro civil fue retirada de su oficina, le hubiera venido bien a la imagen del presidente municipal, pues las grabaciones que se difundieron sobre el hecho en medios informativos y redes sociales digitales no dejaban lugar a dudas de la violación a los derechos humanos de la ex funcionaria, pero nada, prefirió dejar pasar el tiempo hasta que autoridades estatales mediaron para convencerlo de que lo mejor era acatar la recomendación de la CEDH, que a regañadientes finalmente aceptó.
Poco después del violento desalojo hubo quien le recomendó a Xavier Nava que ofreciera una disculpa pública a Teresa Carrizales para quitarse rápido ese problema de encima, pero él desestimó esa propuesta como si hacerlo hubiese sido un acto humillante en lugar de verlo como una oportunidad para reivindicarse y dejar atrás ese penoso episodio que de todos modos tuvo que enfrentar, y lo dejó crecer a tal grado que Carrizales incluso presentó solicitud de juicio político ante el Congreso contra él, el secretario Sebastián Pérez, y el titular de seguridad pública municipal, Edgar Jiménez Arcadia.
Independientemente de que la forma de pedir la disculpa pública a Teresa Carrizales fuera a través del secretario del ayuntamiento, el hecho sienta un precedente de la mayor relevancia para varios casos pendientes de reparación del daño tanto en la CEDH como en la CEEAV. No es que la disculpa pública cubra los distintos requerimientos legales al daño causado ꟷuno de ellos es la sanción al victimarioꟷ, pero sí es una parte fundamental para que las víctimas se sientan más tranquilas y hacer que quede a salvo su dignidad y decoro ante sí mismas y frente a la sociedad.
Ojalá que, en adelante, el alcalde Xavier Nava Palacios y otros altos funcionarios admitan la responsabilidad de sus subalternos, o la propia si es el caso, cuando se violen derechos humanos, y tengan la suficiente humildad y convicción ─no sólo porque la ley se los exija─ para pedir perdón públicamente por los agravios causados a las víctimas.
Es de elemental justicia.
