Por Victoriano Martínez
Como gobierno del Partido Verde Ecologista de México, la actual administración estatal cumple al pie de la letra la crítica que se le hace a ese partido: ni es verde ni es ecologista, y los casos en los que pudo haber demostrado lo contrario se acumulan, con riesgos para la salud de la población y saldos fatales como el ecocidio en el Sótano de las Golondrinas.
El primer indicador de la inexistente convicción ecologista de la actual administración se muestra en la poca importancia que se la da a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), cuyos dos titulares que ha tenido no han contado con la más mínima experiencia en el tema como para enfrentar las acciones más urgentes en esa área.
La relevancia nacional e internacional que en materia ambiental que representó la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito, lejos de despertar un activismo ecológico por parte de la administración estatal, ha sido tomado como instrumento para oscuros acuerdos con sectores empresariales para sacarle la vuelta al decreto de ANP.
Así, contrasta el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación por la protección ambiental de la Sierra, con los acuerdos del gobierno estatal con un sector empresarial por incursionar en la ANP con la construcción de la Vía Alterna, a la que la Federación le retiró el financiamiento por atentar contra la Sierra, como avanzada para proyectos que atentan contra su condición de área protegida.
El gobierno del PVEM no sólo contradice las posturas de su denominación, sino que también se contrapone con las posturas de protección ambiental del gobierno federal, del que se dice aliado.
Desde hace muchos meses, una amenaza contra la salud de los habitantes de la ciudad ha dejado cada vez más de ser invisible para volverse amenazantemente notoria cada mañana como una gran nata de contaminación sobre la mancha urbana.
Una señal de alerta para la que la Ley Ambiental del Estado ordena a la SEGAM obligaciones para proteger la salud de la población.
El artículo 73 señala que “la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las zonas del Estado” y que “las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y del ambiente”.
En el artículo 74 ordena que se realicen “acciones de prevención y control de la contaminación del aire en zonas o fuentes emisoras” y que se establezcan y operen “sistemas de monitoreo de la calidad del aire”, además de que se deben “desarrollar e implementar proyectos de mitigación de emisiones y mejoramiento de la calidad del aire” (artículo 183).
La aplicación AireSLP, mediante la que se supone es posible verificar desde un teléfono celular la calidad del aire en la ciudad tiene 53 días sin funcionar y, aunque organizaciones como Cambio de Ruta, lo denuncian constantemente en redes sociales, pareciera que la SEGAM no existe, y si existe poco le importa violar el artículo 74 de la Ley Ambiental.
Lo más lamentable es que, cuando surge una señal de existencia de la SEGAM, resulta que va en sentido contrario de las funciones que debe cumplir: otorgó un permiso al Grupo Vidanta para sobrevolar el Sótano de las Golondrinas a pesar de ser temporada de veda por la anidación de las aves de ese santuario ecológico.
Si la SEGAM perdió ahí una oportunidad de demostrar su convicción por la protección al ambiente, la misma actitud se manifiesta desde otras áreas de la administración pública con el incumplimiento de los acuerdos del 10 de mayo con los habitantes de la comunidad Tének de Tamapatz para aplicar justicia en ese ecocidio.
En ese acuerdo estuvieron involucradas la Secretaría General de Gobierno, la propia SEGAM, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Un incumplimiento en el que la Fiscalía General del Estado aporta un elemento más de actitud anti ecologista al pretender hacer perdediza la denuncia por el ecocidio.
Con cada acción con la que el gobierno del estado atenta contra la protección del medio ambiente, no sólo anula la posibilidad de demostrar su compromiso verde-ecologista, sino que confirma lo que siempre se ha señalado contra el PVEM: ni verde ni ecologista.
