Carlos Rubio
–“Mamá, ellas son las maestras malas”.
–“¿Por qué son malas?”.
–“Porque ellas me besan, meten su lengua a mi boca, y en mi pipí”.
Esa fue una de las tantas conversaciones que Marcela tuvo con su pequeña hija Lia, cuando sólo estaba por cumplir cinco años y le confesaba –con temor– cómo en el kínder una psicóloga y una maestra la habían violado. Además, según el testimonio de la menor de edad, la sacaban de la institución para que mantuviera relaciones sexuales con más personas.
La pequeña asistía al colegio Luis Gonzaga Urbina, ubicado en Rioverde, San Luis Potosí. Parecía un lugar bastante seguro, contaba con cámaras de seguridad y equipo de computación avanzado, “todo lo que unos padres querrían para su hija”, según Marcela. De pronto, Lia no quiso asistir más, porque decía que una maestra le pegaba.
Dejó de ir por un mes, hasta que llamaron a sus padres para preguntar el porqué de sus inasistencias. Comentaron el conflicto y les dijeron que esa maestra ya no laboraba más en la institución, y que si llevaban a la menor, todas sus faltas serían justificadas. Ellos accedieron.
Tiempo después, un 6 de marzo de 2017, Lia llegó a su casa con los pantalones embarrados de excremento, señal inequívoca de que algo extraño estaba ocurriendo; a su edad, ella siempre avisaba cuando quería ir al baño. Cansada y con sueño, no quiso comer y les pidió a sus padres que ya no la llevaran a la escuela. Ellos pensaron que simplemente era un apego emocional a no querer separarse de ellos.
Al día siguiente, Lia no quiso asistir a la escuela, de cualquier forma la llevaron, pensando que simplemente era un berrinche común de cualquier niña de su edad. Entró desganada, cuando antes iba brincando y corriendo felizmente; el cambio en su actitud era realmente notorio.
Fue el 8 de marzo, el tercer día que Lia llegó a su casa sin querer comer, cuando su madre le preguntó: “Mi niña, ¿qué tienes?, ¿por qué no comes?”. La cargó y se la llevo a su habitación para preguntárselo una vez más.
–“Pues es que ya te dije que las maestras malas me pegan”.
A lo que su madre respondió que desde hace mucho ya no estaba ahí esa maestra.
–“Es que me pega mamá, me pega y yo ya no aguanto”.
–“¿Cómo te pegan?”.
Después el mundo se vino abajo. Lia se levantó su blusa y señalo sus pezones, “me pegó aquí, me pegó aquí”. Luego bajó su pants y bajó su calzón, “aquí me pegó y me dolió mucho, porque me pegó con algo adentro”.
Marcela sintió cómo su corazón se detuvo por un instante y le gritó a Roberto, su esposo: “Ven rápido, mira lo que dice la niña”.
Inmediatamente buscaron una ginecóloga, al encontrarla y contarle lo sucedido, les dijo que no podían ir con ella, debían ir enseguida a la Subprocuraduría Regional de la Zona Media. Una vez ahí, fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, hoy Fiscalía General.
Un médico legista la revisó, sin ningún protocolo por tratarse de una menor de edad. Después se determinaría en el acta que Lia había sido abusada sexualmente. Sus padres interpusieron una denuncia que desencadenó una investigación de más de tres meses. La menor describió físicamente a sus violadoras y se hizo un retrato hablado. Posteriormente, las identificó en una fotografía.
Los elementos judiciales encargados encontraron un video captado por las cámaras de la escuela, donde se observa a una psicóloga del instituto, parada afuera del baño, utilizando su celular. Luego Lia entra al baño y enseguida entra la mujer que se encontraba afuera. La descripción de la mujer encajaba con la que había hecho la menor, el día que se realizó la denuncia.
Las agresoras sexuales fueron identificadas como la psicóloga María Teresa de Jesús Rodríguez Galván y la maestra Ivette del Carmen Méndez Zavala.
María Teresa de Jesús fue puesta a disposición de las autoridades y se determinó que debía permanecer en prisión preventiva como medida cautelar durante el juicio. La otra mujer señalada no pudo ser procesada debido a que no aparecía en el video, aunque la menor ya la había identificada como la segunda implicada en los hechos.
Según cuentan Marcela y Roberto, durante el juicio, el fiscal de la Subprocuraduría, Fernando Lemoine, “se vendió”. En una ocasión los llamaron de la Subprocuraduría para decirles: “Señora, muévase ya, el fiscal Fernando Lemoine se encuentra en San Luis para dar carpetazo a su caso”.
En abril de este año, Fernando Lemoine fue removido de su cargo por diversas denuncias en su contra.
La familia es comerciante, originarios de Matehuala, pero por la oportunidad de un negocio, decidieron irse a Rioverde, donde lo perdieron todo. Para pagar el juicio de su hija tuvieron que vender parte de sus pertenencias.
Tuvieron el infortunio de acercarse a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), encontrarse con Jorge Vega Arroyo, y con las secretarias y psicólogos que trabajan en la comisión. En una ocasión, cuando les iban a entregar un vale de gasolina, alguien les gritó: “¡Huevones, pónganse a trabajar!”.
“Nos revictimizaron. A Jorge Vega le solicité el apoyo económico para poderme mover, y él me dijo: ‘¡Aquí no hay apoyos de nada!’”.
Como la atención psicológica brindada en la CEEAV era deficiente y era urgente que Lia fuera tratada, sus padres la llevaron por su cuenta a terapia. En dichas terapias, la pequeña ha revelado otra parte del infierno al que fue sometida y que sus padres desconocían.
Lia confiesa que era sacada del colegio y forzada a tener relaciones sexuales. “Mi hija me decía: ‘mamá, ellas dos se quedaban sin ropa, se besaban y luego me besaban’”. También confesó que le ponían falda, vestido y peluca y la hacían entrar a una “alberquita”, lo que Marcela dedujo que se trataba de un jacuzzi. “También me dijo: ‘me metían al agua con ellas, y jugábamos al juego del dedo malo’”.
Apenas hace un mes, la menor de 6 años, les dijo que también era abusada por hombres.
Durante el juicio, decidieron regresar a Matehuala y como una jugarreta para desestimar el caso y dividir la opinión pública, personal de la escuela, familiares y amigos de la acusada, comenzaron a difundir en redes sociales información falsa y fotografías de la familia. Derivado de ello, cuando la niña ingresó a una nueva escuela fue señalada por sus compañeros como “la niña violada”, e inclusive sus dos hermanas también fueron víctimas de bullying.
En una ocasión el psicólogo de la escuela llamó a Lia para preguntarle si en verdad había sido violada en Rioverde. Asistieron a la Coordinación de Derechos Humanos de Matehuala para presentar una queja por lo ocurrido, y ahí, comentan, el IV Visitador, Juan Jesús Mireles Palacios, sólo se burló de ellos.
Las situaciones continuaron empeorando: quebraron un vidrio de la camioneta de Marcela, forcejearon la puerta de su casa para intentar entrar, fueron extorsionados por un llamado “Cártel de Los Rojos” que les dijo que si no depositaban cinco mil pesos en un Oxxo, matarían a sus hijas. Cuando hicieron la denuncia, los judiciales les dijeron que “no tienen gasolina para moverse e investigar”; pero la tragedia no se detiene ahí, además, cortaron la línea de frenos de la camioneta de Roberto.
Un año y ocho meses después, María Teresa de Jesús Rodríguez Galván fue liberada. Marcela, inconsolable, lamenta que los jueces Zamay de la Soledad, Giovanni Efrén Camarillo y José Luis Ortiz, declararan auto de formal libertad porque “las pruebas no estaban claras”. Existiendo un dictamen médico y psicológico que determinaban violación, además del reconocimiento por fotografías que realizó Lia y el video recuperado de las cámaras de la escuela.
La familia acudió a apelar a la Fiscalía General del Estado, pero únicamente le dijeron que no podían contradecir a los jueces que dieron la sentencia. “Yo les digo, cómo un niño se va a atrever a denunciar que son víctimas de violación, si no hay justicia para ellos”.
Lia entra continuamente en crisis, en las que sólo se sienta o acuesta con la cabeza escondida, sin hacer nada durante mucho tiempo. Su madre la ha grabado en múltiples ocasiones cuando le sucede. Una vez, mientras se trasladaban en auto, Lia entró en una crisis e intentó saltar por la ventana.
Según lo que Marcela y Roberto han podido averiguar, la escuela Luis Gonzaga Urbina, donde se suscitaron los hechos, pertenece a alguien conocido como Lalo Botica, un famoso apodo en Rioverde que pertenece a una persona poderosa que también maneja algunas farmacias en el municipio. Además, “compró a todos los medios de Rioverde”.
La cobertura que se le dio al caso en Rioverde fue enorme, en las transmisiones en vivo que realizaron distintos medios del municipio se puede constatar que la psicóloga salió aplaudida entre un tumulto de gente y cámaras, incluso se puede escuchar a una reportera decir: “Teté, unas palabras para los medios de comunicación. Te hemos estado apoyando, todo el tiempo estuvimos contigo”.
Hoy, los padres de Lia se manifiestan afuera de la CEEAV, esperando que el caso no quede impune. Esperando que su pequeña pueda recuperar los años de vida que le quitaron, porque la inocencia se ha ido, nunca volverá a ser la misma, lo único que le queda es no perder más tiempo en juzgados.
“Mi hija no sale, no tiene amigos, no va a la escuela, no es como los demás niños. Está en crisis, entra en depresiones”.
Lia y sus hermanas ahora deben ocultarse de la gente, aquellos que han herido a esa pequeña y delicada niñez, esa etapa de la vida, que se encargaron de convertir en un infierno.
“Hasta la fecha parece que mi niña violó a la maestra”.
