José de Jesús Ortiz
En la continuación de la audiencia de vinculación a proceso penal en contra de Miguel Ángel N., extitular de los Servicios de Salud en el estado, que se efectuó la mañana de este viernes 24 de febrero, no se presentó ninguno de los 26 testigos —en una decisión que pareció coordinada— requeridos por la defensa jurídica del imputado para ser interrogados, entre ellos el actual titular de Salud en el estado, Daniel Acosta Díaz de León.
Ante esto, la defensa solicitó al Juez de Control, Javier Pérez Contreras, hacer valer las facultades previstas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como el auxilio de la fuerza pública, para llevarlos a comparecer en el juicio; el Juez determinó procedente la petición del defensa y reprogramó la audiencia para este sábado por la tarde, por lo que se volverá a notificar a los testigos.
“¿A qué tienen miedo los testigos de comparecer?”, cuestionó Alejandro Manríquez, titular del despacho MLegal que lleva la defensa jurídica de Miguel Ángel N., y advirtió además que (de parte de la Fiscalía) “están protegiendo a sus piezas para que no sean interrogados”.
El lunes pasado, durante el inicio de la reposición de la audiencia en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito —originada a partir del juicio de amparo 704/2022 que ordenó reponer el auto de vinculación a proceso—, la defensa jurídica del imputado solicitó al Juez que se llamara a comparecer a 26 personas, en su mayoría empleados y exempleados de los Servicios de Salud, así como al actual titular de esa dependencia Daniel Acosta Díaz de León, todos incluidos en la Carpeta de Investigación.
Parte de la estrategia jurídica de la defensa era interrogar a estos testigos, como parte de la imputación que hace la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del extitular de los Servicios de Salud, Miguel Ángel N., detenido el 3 de mayo de 2022 por los supuestos delitos de ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa, en un caso relacionado con la supuesta compra simulada de 193 tambos de plaguicida para combatir el dengue, que habría generado un daño al erario por más de 32 millones de pesos.
Por ello, se esperaba que la audiencia de este viernes fuera larga y permitiera desahogar los interrogatorios a esa lista de testigos. Sin embargo, en una acción que pareció concertada, ninguno de ellos se presentó.
Al inicio de la audiencia, la defensa jurídica del imputado solicitó al Juez de Control se informara si estaban presentes o no los testigos y así establecer el orden en que se les interrogaría para que aportaran información del caso. Enseguida, la operadora de la Sala de Juicio Oral expuso la situación de cada uno de ellos, aunque en ningún momento mencionó que se haya notificado a Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud.
De acuerdo a su recuento, en su mayoría se les intentó localizar y notificar vía telefónica, aunque en muchos casos ni siquiera se les contactó pues entraba el buzón del teléfono; en otros, los menos, se les pudo notificar por teléfono y en algún otro se dejó la notificación en el domicilio particular, como fue el caso de Patricia Gómez Esparza, ex subdirectora administrativa de Salud; en otros, los testigos requeridos se justificaron al argumentar que no trabajaban ya en los Servicios de Salud y algunos más señalaron que estaban comisionados para laborar fuera de la ciudad, por lo que no podían asistir a la audiencia.
En respuesta, Alejandro Manríquez, del despacho MLegal, advirtió que se tuvo un plazo razonable (de cuatro días desde que se fijó la fecha de la audiencia de este viernes) para haber localizado a los testigos y, en su caso, notificar a la defensa que en su mayoría no habían sido notificados. Reclamó que nada de esto sucedió, por lo cual consideró que se trata de un hecho que se suma a otras incidentes en los que el administrador del Órgano Jurisdiccional no notifica a la defensa, como sucedió también durante la audiencia del 27 de enero pasado cuando tampoco se les notificó de diversos autos o respuestas a escritos interpuestos por la defensa.
“Es una constante que no se notifique, en ocasiones sí, en ocasiones no”, denunció. Por ello, pidió que se aperciba al administrador del Órgano Jurisdiccional (integrado por los distintos jueces del proceso penal).
Señaló también que hay diversas formas de notificar a los testigos para que comparezcan en la audiencia, por lo cual cuestionó que se les haya buscado solamente vía telefónica y no se hayan agotado otros mecanismos. “¿A qué tienen miedo los testigos de comparecer?”, espetó y dijo que (de parte de la Fiscalía) “están protegiendo a sus piezas para que no sean interrogados… No veo el impedimento para que el secretario de Salud no venga”. También, consideró “mucha casualidad” que a diversos testigos requeridos, como fue el caso de Francisco Aarón Acuña Moreno —ex secretario particular de Mónica Rangel en la dependencia de Salud y actualmente empleado en la Guardia Civil Estatal—, se les haya comisionado fuera de la ciudad justamente este día.
Por todo ello, solicitó al Juez de Control que haga valer las facultades previstas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se haga comparecer a los testigos con el auxilio de la fuerza pública y dijo que el actual titular de los Servicios de Salud en el estado, Daniel Acosta Díaz de León, tiene “la obligación de comparecer al ser servidor público”, y los demás testigos igual.
Finalmente, solicitó al Juez de Control, Javier Pérez Contreras, que aclarara si tenía o no una relación de parentesco con el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, pues de ser el caso habría un conflicto de interés que afectaría el desarrollo del proceso, a lo cual el aludido respondió que no existe ninguna relación con el fiscal y expuso que su familia es originaria del estado de Guanajuato.
En tanto, la representante de la FGE expresó que se encontraba justificada la ausencia de los testigos y consideró ilógico que con ello “se estuviera dilatando” el desarrollo del proceso; consideró que los testigos requeridos por la defensa son los mismos que se encontraban en la carpeta de investigación, por lo cual sería “interrogarlos sobre lo mismo”.
También, agregó que no se está vulnerado el debido proceso del imputado y remarcó que se está dentro del plazo constitucional para que se resuelva la situación del Miguel Ángel N., sobre la vinculación a proceso.
Luego de las intervenciones de la representante de la Fiscalía y el abogado defensor, el Juez de Control decretó un receso que se extendió por más de una hora. Al continuar la audiencia, expresó que era procedente el planteamiento formulado por la defensa jurídica del imputado, por lo cual reprogramó la audiencia para este sábado por la tarde, pues argumentó que el artículo 20 de la Constitución, en el Apartado B Fracción IV (sobre los derechos de las personas imputadas) aporta el fundamentó de esta decisión, al conceder el tiempo necesario para recibir los testigos y pruebas de defensa.
Finalmente, determinó volver a notificar a los testigos requeridos a través de los datos proporcionados por la defensa, hacerlo en los domicilios particulares de cada uno de ellos (ya no por teléfono) y en el caso de los servidores públicos a través de su superior jerárquico
