Fernanda Durán
A pesar de que las iniciativas presentadas ante el Pleno del Congreso del Estado tenían contenido “copiado y pegado” de artículos provenientes de la Constitución Política del Estado de México y de un estudio publicado en 2008, el diputado del Partido del Trabajo (PT), René Oyarvide Ibarra, negó que se tratara de un plagio y defendió el texto.
Oyarvide Ibarra justificó que la primera de las iniciativas que presentó como suya sea idéntica a diversos párrafos de la constitución política del Estado de México sobre el derecho humano a la ciudad con el argumento de que se trata de una “homologación”, por atender la Agenda 2030 en materia ambiental y porque esta entidad fue la primera en implementarlo, ya que las condiciones en los estados son las mismas.
“Estado de México fue el primero que lo implementa y lo pone como derecho a la ciudad y no es nada más el único, también lo está haciendo Quintana Roo. Yo creo que al final si yo hubiera hecho tal cual puntos y comas de una iniciativa de otro diputado que hubiera presentado en otro estado de la República, a lo mejor pudieras decir que es plagio”.
El Congreso de Quintana Roo recibió una iniciativa para adicionar el derecho a ciudades habitables al artículo 19 de su constitución política en 2019, en la que incluso se menciona qué artículos y constituciones políticas de otros estados lo manejan, sin embargo, actualmente la carta magna de ese estado no contempla tal derecho.
Mientras que el diputado plantea adicionar tres párrafos al artículo 7 de la Constitución de San Luis Potosí, mismos párrafos que fueron exactamente copiados del artículo 5 de la Constitución del Estado de México, incluida su última reforma realizada en abril de este año.
Por otro lado, el diputado consideró que “copiar y pegar” fragmentos exactos de la Constitución del Estado de México, del estudio de la doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, María de Montserrat Pérez Contreras, publicado en 2008 e incluso de otras investigaciones no es un plagio, ya que no tiene derechos exclusivos reservados.
“Una investigación que no dice derechos exclusivos reservados, nosotros no somos investigadores, nosotros somos legisladores. Entonces, el hecho de que así como esa investigación de la cual nos basamos precisamente para ser parte de la iniciativa, también vimos otras tres y de las otras tres no dijeron nada. Yo en ningún momento puse que eran derechos míos o que yo había hecho la investigación”.
Agregó:
“Pusimos la bibliografía, a lo mejor bueno hoy aprendo que el día de mañana no esté este mal entendido ‘parte de estos trabajos fueron tomados de tal investigación tal investigación y tal investigación’. Si así quieren que lo utilicemos así lo vamos a hacer no pasa absolutamente nada”.
En cuanto a las reformas para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado se pretende “actualizar” la definición de la violencia digital e incluye la actuación del ministerio público, que de acuerdo con la abogada Claudia Espinosa Almaguer, corresponde al Código Nacional de Procedimientos Penales y no a la legislación local, aseguró que no se reforma el Código Penal.
La reforma contempla lo siguiente:
“Tratándose de violencia digital o mediática, el Ministerio Público encargado de la persecución de delitos y, en su caso, el Órgano Jurisdiccional competente ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, para garantizar la integridad de la víctima ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales…”.
Nuevamente volvió a insistir en que intenta homologar y definir cuáles son los tipos de violencia, como lo ha hecho Baja California, Quintana Roo y el Estado de México.
Aunque el legislador cuenta con asesoría para realizar sus iniciativas, ante las críticas de la abogada le extendió la invitación “para que nos ayude a aportar elementos”.
“Uno lo que hace como legislador es tratar de aportar un granito de arena en una lucha en la que hoy les debemos mucho [a las mujeres]”.
Rene Oyarvide refirió que diputados y diputadas se adhirieron a sus iniciativas presentadas el jueves pasado, entre ellas Cinthia Segovia del PT; Yolanda Cepeda del PRI; Aranza Puente del PAN; Nadia Ochoa y Dolores García del Partido Verde Ecologista de México; Claudia Tristán de Nueva Alianza; y Emma Saldaña de Movimiento Ciudadano.
No obstante, al ser de diferentes bancadas descartó que se tratara de un respaldo político.
“Entonces los 10 – 11 diputados que se adhirieron a esta iniciativa, que sus asesores las revisaron diputados del PRI, diputados del PAN diferentes bancadas ¿también están mal? (…) yo digo que no, ni siquiera se hubieran adherido, no les hubiera llamado la atención”.
Al menos Cinthia Segovia, presidenta de la Directiva del Congreso, y Emma Saldaña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, manifestaron que sus adhesiones fueron con base en la presentación del diputado y la revisión rápida de los textos promovidos, por lo que se entrará a detalle en las comisiones.
La diputada del PT aclaró que si bien no tenía información sobre el plagio, consideró que si es así, deben revisarse, pues “los diputados tenemos que estar conscientes de que si agarras información de algún lado hay que citarlo, hay que plantear el tema y la exposición de motivos como queremos que se tenga para evitar este tipo de situaciones”.
Aunque el legislador aseveró que “falta un largo camino por recorrer” en las comisiones a las que se ha turnado; sólo una de sus iniciativas pasará por dos comisiones, el resto serán analizadas en una para determinar si son procedentes o no.
“Yo voy a seguir legislando y voy a seguir presentando iniciativas y no importa si me dicen que estoy tomando parte de la Constitución Política de la Ciudad de México o del estado de Colima, si son realidades sociales que hoy están adecuadas a nuestra realidad”.
