Por Victoriano Martínez
De todas las formas de revictimización, la que resulta de las negligencias, omisiones y obstrucciones en la investigación suele abrir una larga ruta de violencia institucional contra las víctimas directas o sus familiares, que difícilmente logran con el paso de los años que se haga justicia.
Por eso, casos como el de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, encontrada sin vida el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, se vuelven emblemáticos cuando logran una resolución cuyos alcances van mucho más allá de la atención al agravio particular.
Un caso en el que, después de casi 13 años, se hace justicia. Trece años en los que Buendía Cortés tuvo que ser perseverante, con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para poder superar la resistencia de las autoridades de procuración de justicia que necesariamente no estuvo libre de actos revictimizantes.
Un tortuoso recorrido de 156 meses de búsqueda de justicia que, combinado con el alto porcentaje de impunidad, para otras víctimas aparece como una expectativa desalentadora y explica por qué en muchos casos se desiste.
Pero también, a pesar de lo tortuoso del recorrido, una sentencia que –aunque llegue casi trece años después– abre caminos y establece líneas y criterios para que en los siguientes casos se corrijan o se eviten las negligencias, omisiones y obstrucciones en la investigación, con los protocolos y estándares derivados de la sentencia.
Un ejemplo de líneas generales para la atención de casos de feminicidio expresados en la sentencia es que la investigación se debe tomar como base la perspectiva de género y evitar la discriminación, además de que el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural.
“El artículo 8 de la Convención del sistema universal establece como deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades adopten medidas progresivas específicas para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad”, cita la sentencia.
Una serie de consideraciones en la sentencia que la vuelven didáctica a tal grado, que el recorrido de Irinea Buendía Cortés se justifica porque el feminicidio es un mal que lacera en todo el país y somete a los familiares y allegados que buscan justicia a violaciones a sus derechos humanos que las medidas expuestas en la sentencia contribuyen a prevenir.
Sobre todo, porque exponen la importancia actual del artículo 1º Constitucional en cuanto a la obligación de cualquier autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanor. La sentencia señala que el Poder Judicial debe no sólo puntualizar la violación específica por parte de una autoridad y cambiarla, y agrega:
“También debe buscar disuadir un cambio de conducta en la sociedad y de potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos humanos”.
Para Buendía Cortés, la justicia ha llegado trece años después.
Una noticia que seguramente para Esperanza Luccioto López, madre de Karla Pontigo Luccioto, víctima de feminicidio en 2012, quien acompañó a Buendía Cortés, llega como aliento a la lucha similar que va para 11 años, en la que ya cuenta con avances como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reabrió el caso.
También abre las expectativas para Carmelo Hipólito, papá de Odalys Anahí Hipólito, víctima de feminicidio el 11 de marzo de 2018, quien ya ganó un amparo para que se reabra la investigación sobre la muerte de su hija.
Buendía Cortés, 13 años después del feminicidio de su hija, con una sentencia emblemática en mano, puede recorrer todo el país para exigir a las instancias de procuración de justicia lo que expresó este miércoles en una frase:
“Ya basta. No es posible que las autoridades se nieguen a cumplir con su trabajo”.
¿Cuántas autoridades, y de cuántos ámbitos, tendrían que ponerse ese saco?
