Xochiquetzal Rangel
En conferencia de prensa, la titular de la Coordinación de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Olga Palacios Pérez, aseguró que en el desalojo de la exoficial del Registro Civil número 11, María Teresa Carrizales, no se violaron sus derechos humanos y tampoco se hizo uso excesivo de la fuerza por parte de las tres policías municipales que intervinieron en el apoyo para llevar a cabo la acción.
“La Coordinación de Derechos Humanos es un ente autónomo, yo no doy un respaldo de las actuaciones de la autoridad, más bien me coloco como observadora en cada acto de autoridad y así como estuve presente en este pasado 1 de julio, estaba en otros más. Se inició con un asunto laboral debidamente notificado el día 28 de junio en el cual el procedimiento administrativo se había llevado acabo, el día lunes se procedió a tomar posesión de un edificio cuyas cerraduras habían sido violadas, estamos hablando de que desalojaron un edificio público que se había allanado”, argumentó Palacios Pérez.
Asimismo, tanto la funcionaria municipal como Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Dirección General de Seguridad Pública, justificaron la actuación de las tres oficiales que apoyaron en el desalojo de la exoficial del Registro Civil, ya que, indicaron, se le notificó el desalojo a Teresa Carrizales, además de que se le invitó a abandonar el recinto público ya que, según lo dicho por Jiménez Arcadia, al no tener ya el cargo como titular de la Oficialía número 11, no podía estar en el área restringida de las oficinas: “nadie puede apropiarse de un edificio público”, sentenció.
No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de un comunicado, informó que se inició una queja contra la Dirección General de Seguridad Pública Municipal debido al actuar de las tres policías y a que el comandante Arcadia, titular del área, ordenó el desalojo sin presentar una orden judicial.
Por su parte, por la negativa del desalojo, Sebastián Pérez, secretario general del Ayuntamiento, explicó que en la capital existen siete jurisdicciones dentro de las oficialías cuyos trabajadores dependen del Ayuntamiento, y se están realizando reestructuraciones, como la baja de la exoficial María Teresa Carrizales.
Detalló que estos movimientos se están llevando a cabo con el fin de que se le garantice a los ciudadanos el registro de sus trámites con un fin social, ya que el viernes que se le notificó la baja o suspensión de labores a Teresa Carrizales, cinco oficialías estaban dentro de una misma jurisdicción, y lo que se busca es diversificarlas.
Aseguró que se actuó con derecho tanto en la remoción de la exoficial como en la desocupación de las oficinas, pues, apuntó, se llevó a cabo en presencia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Coordinación de Derechos Humanos.
En este sentido, Rocío Romero, oficial cuarto del Registro Civil de la capital potosina, narró que, una vez que fue notificada del cambio temporal para ser la titular de la oficialía número 11, llegó el sábado a las oficinas y se percató de que las chapas habían sido cambiadas y no pudo entrar sino hasta el día lunes, cuando se dio cuenta de que los formatos y folios para llevar a cabo los registros de defunción, de nacimientos y todos los trámites, no se encontraban.
Subrayó que “superficialmente yo no lo encontré y faltan sellos, y falta la agenda de la oficialía, por eso no hemos podido trabajar”, aunque no descartó que dichos documentos y folios puedan estar en algún otro lado, pero de eso podrían tener conocimiento hasta hoy: “Nada más me percaté que en la gaveta donde deben estar esos documentos no están”, mencionó.
Especificó que en este tipo de sellos la oficialía tiene gran responsabilidad, por lo que, en caso de que no estén los documentos, se procedería legal y penalmente contra María Teresa Carrizales, ya que están bajo el resguardo de los registros civiles.
Respecto a la denuncia a la que presuntamente hizo María Teresa Catrizales, y que documentó en el video que circula en redes sociales, por corrupción y cobros dentro del Registro Civil, Sebastián Pérez, aseveró que la licenciada no realizó ninguna denuncia al respecto.
Sin embargo, en un principio indicó que la presunta corrupción a la que hizo referencia la quejosa se debió a un ajuste de tabuladores de cobros en las oficialías, las cuales tuvieron un error y en su momento a las personas que pagaron de más se les notificó para que acudieran por su dinero, pero en una segunda entrevista el refirió que sí había malas prácticas, pero realizadas por la ahora exoficial del Registro Civil 11, quien cobraba de más por algunos documentos.
