I. El inicio de la práctica de la desaparición de personas
Marcela Del Muro
Tere Castillo cuenta que cuando su hija Perla era una bebé, no quería alejarse de ella ni un minuto; no le gustaba que nadie más la cuidara, incluso, piensa que la llegó a sobreproteger. Desde junio de 2013 no sabe dónde ni cómo está Perla y aquel recuerdo de madre primeriza se volvió muy doloroso para ella.
“Yo que me la pasaba hablando por teléfono para saber que estaba bien cuando se la llevaba la familia de mi esposo, mira lo que nos vino a pasar”, comenta la menuda mujer que vive en el municipio de Rioverde, en la zona Media del estado.
La madrugada del 14 de junio de 2013, un grupo de encapuchados que portaban armas largas irrumpieron en la casa de la familia Gallegos Padrón, en el municipio de Ciudad Fernández, y se llevaron a Perla Guadalupe Padrón, de 26 años, y a su esposo José Alberto Gallegos, de 22 años.
La madre de José Alberto fue testigo del violento incidente. Horas después su otro hijo fue detenido por colaborar, supuestamente, en un robo y fue torturado por la policía. El joven, que era menor de edad, fue liberado, pero su hermano y Perla continúan desaparecidos.
Los vecinos denunciaron haber visto, días antes, a Genaro Sandoval Plascencia, inspeccionando la colonia y los alrededores de la casa de los Gallegos. En aquel momento, el general Sandoval era el mando único en la región y es uno de los principales sospechosos de la desaparición forzada del matrimonio.
Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es decir, que el delito de desaparición sea cometido por servidores públicos o por personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Este texto es la primera entrada de un proyecto que busca brindar mayor claridad sobre la dinámica regional de la desaparición de personas, a través de las historias de las familias que buscan a sus seres queridos ausentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Es también un ejercicio de activación de la memoria, evocando a los inicios de la búsqueda y de la resistencia de las familias.
Al día de hoy, se reportan más de 582 personas desaparecidas en San Luis Potosí, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Siendo el 2021 y lo que va de 2022, los años que más denuncias se han presentado por dicho delito en el estado. Por esta razón, es importante no olvidar. No olvidar a nuestros desaparecidos, no olvidar sus historias y no olvidar las historias de lucha de sus familias.
Comprendiendo la desaparición y la ausencia
La desaparición de personas es una estrategia para generar terror que ha sido utilizada en México desde hace muchos años. En los inicios de la práctica de este delito en el país, el perpetrador fue el Estado, utilizándolo como una estrategia de control político.
El historiador Camilo Vicente Ovalle, experto en desaparición forzada, refiere que existen casos documentados de los años 30, donde la desaparición era utilizada como castigo para disidencias políticas. Pero es a partir de 1940 que se comenzó a construir esta práctica como una estrategia que se volvió sistemática a finales de los 60’s y principios de los 70’s, durante la contrainsurgencia y la primera declaración de la guerra contra las drogas, donde “la violencia ejercida por el Estado formaba parte de la administración del Estado”, dice el académico.
Desde entonces, el gobierno se encargó de construir la imagen de las personas desaparecidas como vidas dispensables, práctica que se sigue utilizando actualmente.
En el 2000 llegó la alternancia y, posteriormente, la llamada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderon Hinojosa, declarada el 11 de diciembre de 2006.
Ahora constatamos que las técnicas de la violencia son pedagógicas cuando no existe la justicia. La guerra contra el narco descentraliza la desaparición de personas, que comenzó a ser utilizada, principalmente, por el crimen organizado cuyo principal objetivo continuó siendo el control, pero ahora no es sólo político, también es control territorial y económico.
Aunque se agregaron perpetradores y las dinámicas violentas evolucionaron, la responsabilidad por la desaparición de personas sigue recayendo en el Estado, por acción, inacción, omisión o colusión.
La militarización que trajo la guerra contra el narco aumentó los niveles de violencia y la desaparición comenzó a ser una práctica frecuente que es reconocida, actualmente, como una crisis humanitaria, con más de 105 mil personas desaparecidas en el país.
“Ninguna persona está exenta de vivir la desaparición que destroza la vida de las familias”, cometa Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que busca a sus hijos Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, de 16 y 20 años; a sus sobrinos Aldo Pérez y Milynali Piña, de 20 y 13 años; y a su hermano Ignacio Pérez, de 52 años, desaparecidos el 14 de agosto de 2012, cuando regresaban de vacaciones, en la carretera que atraviesa Ciudad Mante, en Tamaulipas, territorio dominado por el crimen organizado.
El cuarto de Alexis y José Arturo continúa como lo dejaron hace más de diez años. En una visita a la casa de la familia Dominguez Pérez, en Tamuín, en el 2018, Edith relataba que frecuentemente entraba a la recamara de su hijos y cambiaba las sábanas y las cobijas; sacudía sus zapatos y metía a lavar la ropa que se había empolvado. “Para que cuando regresen, tengan algo limpio que ponerse”.
La desaparición devasta la vida de las familias, pero el amor impulsa la búsqueda, a pesar de la violencia, y trae esperanza de encontrarlos con vida.
Parados en San Luis Potosí
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el primer aumento significativo en las denuncias por este delito se da en el 2009. Pero, se comenzaron a vivir crímenes violentos desde el 2007, casi a la mitad del sexenio del gobernador Marcelo de los Santos Fraga.
Algunos periodistas señalan el 13 de septiembre de 2007, como el día que inició la violencia en San Luis Potosí, con el asesinato de Jaime Flores Escamilla, titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
Se dice que aquel día, alrededor de las tres de la tarde, el comandante fue atacado por un grupo de personas con armas de alto calibre que circulaban a bordo de una camioneta blanca Suburban y un carro rojo, marca VolksWagen Bora. Flores Escamilla, que manejaba una camioneta azul, iba a comer mariscos con su esposa y su hijo de 11 años en la colonia Valle Dorado. Hasta la fecha, este crimen continúa impune.
Dos meses después, aproximadamente a las siete y media de la noche del 30 de noviembre de 2007, se vivió un enfrentamiento entre tres camionetas con civiles armados y corporaciones policiacas y militares, que inició en pleno centro, en la avenida Carranza y atravesando hasta la avenida Juárez, los delincuentes escaparon por la carretera 57 y la carretera a Guadalajara.
Entonces los potosinos comenzamos a escuchar rumores de autos o camionetas que se llevaban a personas que caminaban o circulaban en sus autos por las calles de la capital o Soledad de Graciano Sánchez, llamados “levantones”. El 24 de abril de 2008, el subdirector de averiguaciones previas de la entonces llamada Procuraduría General del Estado, Raúl Santamaría Casas, fue “levantado” y posteriormente asesinado.
Cuatro policías ministeriales fueron señalados como presuntos asesinos, entre ellos el director de la Policía Ministerial del Estado, pero 20 meses después, en diciembre de 2009, fueron absueltos, acusando al gobierno de De los Santos de construir los cargos falsos en su contra.
Así como los policías fueron los primeros en ser asesinados, también fueron de los primeros en ser desaparecidos. A principios de 2009 fue desaparecido un policía ministerial en Soledad, cuya ropa fue entregada a su familia con la advertencia de “no lo busques”; no es nombrado por seguridad, aunque su familia aún desea poder encontrarlo.
Pero no solo fue en la zona Centro del estado, una de las primeras denuncias en Rioverde, el 16 de enero de 2011, fue por la ausencia del policía municipal Edgar Daniel Hernández, de 22 años.
Marisela Torres recuerda que comenzó a buscar a su hijo, desesperadamente, entonces llegaron las amenazas. La familia decidió desplazarse de su lugar de origen, Marisela, que es una excelente cocinera, puso un restaurante en la ciudad de San Luis Potosí, donde vive desde hace 10 años.
Aún con las amenazas y el cambio de domicilio, Marisela no ha parado de buscar a Edgar Daniel, pero señala que no hay pistas que digan dónde está. Unas semanas antes de la desaparición, su hijo le comentó que quería cambiar de trabajo porque la región se estaba volviendo peligrosa. Ella piensa que, quizá, le ofrecieron algo a su hijo y él lo rechazó.
Con el paso del tiempo existe mayor claridad para comprender, un poco mejor, qué pasó con los primeros casos de desaparición registrados en el estado. La búsqueda de las familias ha dado las principales pistas para determinar si la ausencia de sus seres queridos se investiga como desaparición forzada o como cometida por particulares.
La desaparición de personas es un delito costoso. Para esfumar todo rastro de una persona es necesario tener recursos, sobre todo si el delito se masifica.
La desaparición de un ser querido y la incertidumbre que genera su ausencia destruye las dinámicas familiares. También destruye las dinámicas comunitarias, las personas prefieren no salir por miedo. “Tenemos que entender que desaparecer no es normal”, cometa Edith Pérez.
