Estela Ambriz Delgado
El nombramiento de la exdiputada Bernarda Reyes Hernández como la nueva titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), es una muestra más de que para el Gobierno del Estado este sector sólo es “folklor, fotos y votos”, y no le importan sus derechos ni la institución que debiera serles útil, según lo considera el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, señaló que parece que para el Gobierno del Estado los pueblos y comunidades indígenas no son de importancia dadas las circunstancias en que se encuentra el Indepi, con un severo recorte presupuestal que ha llevado al grado de perder casi la mitad de su personal, y hasta sus oficinas por no tener para solventar la renta.
En este sentido indicó que, si no hay ni para comprar el papel higiénico, mucho menos se atiende a los problemas torales de las personas indígenas, por lo que la gestión del organismo pasa por una crisis inédita y sólo justifica su existencia a través de acciones virtuales, pero en términos prácticos está inhabilitado para incidir en la agenda indígena elemental y cotidiana.
Cisneros Sánchez hizo mención de que en estos últimos años el Indepi fungió como parte de las instituciones normativas para las consultas indígenas, siendo ineficaz, puesto que terminaron judicializadas y hasta con acciones de inconstitucionalidad que obligan al Congreso del Estado a realizar otra consulta en materia electoral en 2025.
Los antecedentes de la ahora titular
El activista informó que el Indepi no pudo ni siquiera sostener las sesiones de su Consejo Consultivo Indígena, compuesto por representantes de los municipios con mayor presencia de población indígena, y no fue hasta en últimas fechas que se retomó para intentar manipularlo con el fin de abrogar la Ley de Consulta Indígena.
Detalló que este intento ilegal fue condenado por el propio consejo y el entonces director del Indepi, Filemón Hilario Flores, quien se vio en la obligación de comunicar la negativa a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Bernarda Reyes, quien encabezaba la propuesta.
Por otra parte, Cisneros Sánchez sostuvo que la ahora titular del instituto ha demostrado su insensibilidad e incapacidad para dirigir, pues si alguien incidió en el fracaso de la pasada consulta fue Bernarda Reyes, dejando una “herencia maldita” de rezagos en el Congreso nada fácil para nadie, además de que como presidenta de la Comisión no hizo nada para evitar el recorte presupuestal.
“La paradoja es que el reciente nombramiento es más bien para un enterrador o sepulturero, pues lo que recibe la directora es un fiambre. Peor aún, fue ella quien llevó al fracaso la pasada consulta indígena y ahora será quien norme la consulta del 2025. ¿No es una incongruencia y un despropósito nombrarla en dicha responsabilidad? Con este nombramiento se confirma que lamentablemente, para el señor gobernador los pueblos y comunidades sólo son folklor, fotos y votos. No le importan ni sus derechos y menos la institución que debería serles útil para su desarrollo humano y social”.
