Por Victoriano Martínez
Mañana será martes de elecciones en el Congreso del Estado.
Los diputados seleccionarán a quien los represente en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y elegirán a dos integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se trata de dos organismos que tienen relación con la prevalencia o no de la impunidad.
Del representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura se esperaría que reportara con regularidad a los legisladores las situaciones irregulares que detecte en el Poder Judicial para que el Congreso del Estado intervenga en aquellos casos que lo ameriten.
No se conocen datos sobre algún informe de esa naturaleza. En cambio sí una solicitud de juicio político en contra de quien está por terminar su periodo como representante del Congreso del Estado y denuncias en contra del antecesor de éste por pedir moches y traficar ascensos.
Dos representantes del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura que, lejos de dar elementos para que los legisladores herramientas para mejorar el desempeño del Poder Judicial, han sido expuestos a la opinión pública como ejemplo de lo que no debe hacerse.
Se trata de Guillermo Balderas Reyes, quien representó al Congreso del Estado de 2009 a 2014, y de Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, quien concluye este año el nombramiento que se le dio el 30 de agosto de 2014. Por ilógico que parezca, ambos aspiran al nombramiento que se define mañana.
Los demás aspirantes son Martín Joel González de Anda, Gilberto Fuentes Guzmán, Adriana Lemoine Landeros, Jesús Xerardo Martínez Muñoz, Hutzilihitl Ortega Pérez, José Ernesto Piña Cárdenas, César Jesús Porras Flores, Rebeca Pozos Aguilar y Erika Velázquez Gutiérrez.
La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción quedó incompleta desde el pasado mes de noviembre, cuando las dos mujeres que formaban parte renunciaron. Son nombramientos que se dan con cuatro meses de retraso, pero a los diputados poco les ha importado cumplir la ley con ese tipo de minucias.
En este caso hay cuatro aspirantes: tres mujeres y un hombre, José Mario de la Garza Marroquín. Ellas, Gabriela Enríquez Capetillo, Mariana Salazar del Villar, Ileana Fabiola Filio Rivera, tienen ventaja de género. La Comisión se compone por cinco integrantes y las renuncias fueron de las dos únicas mujeres que formaban parte de ella.
De la Garza Marroquín tendría una desventaja adicional porque se le señala que se prestó para encubrir y proteger la corrupción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), e impedir la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con la promoción de 147 demandas de amparo.
El nivel de corrupción del que se le acusa haber contribuido a encubrir es 38 veces más grande que la Estafa Maestra por la que hoy se encuentra presa Rosario Robles Berlanga.
Podrían ser desventajas. Así, de manera condicional, porque los criterios de los diputados son tan elásticos que, antes que atender al interés general, privilegian pactos de complicidad y protección mutua, que lo que pudieran ser desventajas los acerca más a obtener los nombramientos.
Así lo acredita la historia de nombramientos desde el Poder Legislativo, y como los actuales diputados poco han hecho para diferenciarse de sus antecesores, seguramente se justifican con que se trata de una forma de mantener una tradición muy conveniente… sólo entre ellos.
