Por Victoriano Martínez
Si algo prevalece en los procedimientos con los que el Congreso del Estado determina los nombramientos de titulares de organismos autónomos o ratifica o rechaza aquellos que realiza a propuesta del Ejecutivo, es la opacidad que les permite prestarle un servicio al gobernador –y en gran parte a sí mismos– para mantener una red que les garantice impunidad más allá de su gestión.
Lo mismo se trate de nombramientos de órganos autónomos que deben garantizar el respeto los derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública, la aplicación correcta del erario, los derechos electorales, que de nombrar a los titulares del Poder Judicial, así el Legislativo encabece un proceso de selección o reciba la propuesta del Ejecutivo, éste al final se impone.
Los presidentes del Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados Litigantes y del Consejo Potosino de Abogados se reunieron con los presidentes de las comisiones de Justicia y de Gobernación, ante quienes aseguraron: “Estamos casi ciertos que el Ejecutivo sólo mandó los mejores expedientes que favorecen a la ratificación de los magistrados actuales”.
Una afirmación que sólo es posible porque prevalece la opacidad en el procedimiento para la renovación de varias magistraturas en el Poder Judicial que tendrá que darse en las próximas semanas.
Un ocultamiento de información a cargo de los tres poderes del Estado: un Ejecutivo que no hace públicos los mecanismos de evaluación a los magistrados que le sirve de base para las propuestas incluso de ratificación, un Legislativo que evita la transparencia proactiva y no informa sobre el proceso, y un Judicial que omite informar (o hasta realizar) el registro del desempeño de los servidores judiciales.
Un solicitante de información le requirió el 26 de julio al Poder Judicial la siguiente información:
De todos y cada uno de las y los magistrados que integran el Poder Judicial;
- ¿cuántas denuncias o quejas se han interpuesto en contra de cada uno de ellos?
- el sentido de las resoluciones de cada denuncia o queja.
- ¿cuántas sentencias han dictado cada uno de ellos?
- ¿cuántos juicios de amparo se han promovido en contra de las resoluciones y/o actuaciones de cada magistrado?
- ¿cuántas de las resoluciones dictas por cada magistrado, han sido revocadas?
Favor de individualizar las respuestas, es decir, enlistar cada uno de los magistrados y de las magistradas, correlativamente con lo solicitado.
En sentido estricto, la información requerida constituye parte de los datos necesarios para construir indicadores de desempeño de los servidores públicos judiciales. Los primeros servidores judiciales son los magistrados, y el solicitante recibió como respuesta una explicación con la que le niegan los datos porque la información no se genera.
“Los datos que solicita no son reportados, registrados o procesados en el sistema de estadística que administra esta Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, por lo que no se encuentra en posibilidad de entregar información alguna que se adecue y esté conforme a su interés”, le indica Juan José Luviano Fukuy, secretario ejecutivo de administración y encargado de la Unidad.
Por su parte, Mariano Olguín Huerta, director de Transparencia, explica al solicitante las atribuciones de la Unidad para aclarar que entre ellas se encuentran en el artículo 97 del Consejo de la Judicatura, fracciones III y IX, solicitar, concentrar, procesar, analizar, sistematizar e interpretar, así como concentrar, integrar y capturar las estadísticas judiciales.
No obstante, omite destacar las fracciones XI y XII de ese mismo artículo que respectivamente dicen: “Proponer la metodología para estructurar los sistemas de indicadores del desempeño, a efecto de evaluar objetivamente a los servidores judiciales” y “Integrar la información cualitativa y cuantitativa del desempeño de los servidores judiciales”.
En atención al principio de máxima publicidad, los documentos que se generen a partir del cumplimiento de esas dos disposiciones resultarían idóneos para atender la solicitud de información. Más aún, constituirían un material base para la valoración del desempeño de los magistrados que se pretendan proponer para ser ratificados.
Las rutas de la transparencia para generar un poco de mayor legitimidad en los nombramientos que hace el Congreso del Estado, sea por facultad directa o por propuesta del Ejecutivo, existen. Sin embargo, lo único transparente y claro es la poca voluntad de hacer a un lado la opacidad, porque en ella es en la que se atrincheran para proteger sus intereses, no los de la comunidad.
