Alejandro Rubín de Celis
La justicia no es de ningún modo algo de lo que San Luis Potosí se pueda enorgullecer; por el contario, más bien es motivo de vergüenza.
A los penosos casos de la Ecuación Corrupta, la alteración de facturas y uso de empresas fachada, el Moches Gate y el virtual congelamiento de indagatorias relevantes como la del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en donde es clara la ausencia de procuración de justicia, se suma la inacción y el desprecio de las autoridades ante el clima de hostigamiento y violación de derechos humanos que prevalece en la comunidad de la Noria de San José.
La situación ha llegado a tal grado que vecinos del lugar han tenido que hacer un llamado de auxilio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Senado de la República, a funcionarios federales y al Congreso del Estado para que intervengan ante las arbitrariedades y amenazas ꟷhasta de muerteꟷ, que han recibido algunos de ellos, e investiguen los hechos para llegar a la verdad y que se haga justicia.
Las vejaciones han escalado de tal manera que la empresa American Industries S.A. de C.V. ha llegado incluso a allanar una vivienda sin autorización y a cercarla, con tal de continuar obras de infraestructura en predios todavía en litigio en donde pretende vender espacios que representan un lucrativo negocio para la compañía transnacional del orden de los 245 millones de pesos. Se trata de una superficie de terreno de 60 mil 804 metros cuadrados, a un precio de 209 dólares por metro cuadrado.
Y ninguna autoridad o corporación de seguridad pública actúa para proteger a las personas que están siendo víctimas de estos atropellos, a pesar de que en años anteriores ya hubo enfrentamientos entre policías y vecinos con saldo de algunas personas lesionadas. ¿Será hasta que suceda algo más grave cuando las autoridades locales actúen para proteger vidas, independientemente del diferendo entre particulares?
Tan son reales las agresiones y los abusos de autoridad que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido tres recomendaciones al gobierno estatal y el presidente Andrés Manuel López obrador exigió en mayo pasado al gobernador Juan Manuel Carreras que atendiera el asunto. “Quiero que me lo resuelvas ya”, le dijo.
En seis meses, la instrucción presidencial apenas ha derivado en la inhabilitación por 10 años del ex director jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Julio César García Meléndez, quien en los acontecimientos que dieron origen al conflicto en junio de 2016 hizo también las funciones de actuario judicial, es decir, fue supuesto defensor de víctimas y a las vez ¡defensor de los victimarios!
Y aún está pendiente la reparación del daño causado por este ex funcionario y el deslinde de posibles responsabilidades de otros servidores públicos que, por acción u omisión, tienen relación con los lamentables hechos que han sucedido a lo largo de más de tres años: Óscar Candelas Reyes, ex delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ꟷquien al tiempo de ejercer ese cargo también defendía a través de su despacho de abogados a American Industriesꟷ; José Guadalupe Castillo Celestino, entonces director de la Policía Ministerial del Estado; y Federico Garza Herrera, fiscal general del estado.
El timing de Juan Manuel Carreras sigue jugando a favor de sus allegados políticos para evitar más sanciones, y desde luego de la empresa, que ha intentado a toda costa despojar a residentes de sus bienes inmuebles, lo que pone en serio peligro la integridad física de víctimas que ya han sido agredidas o amenazadas por defender su patrimonio.
Desesperados, los afectados de estos intentos de despojo han pedido a través de redes sociales la intervención de Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH; del Senado de la República y en particular de los senadores de Morena Primo Dothe y Nestora Salgado; de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal; de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaria de la Función Pública; y del Congreso local, para que se investiguen los hechos y se llegue a la verdad.
“La percusión, hostigamiento, amenazas y violaciones a #DDHH para mi familia y para mi, dan cuenta de la indolencia con la que este @GobEdoSLP se ha conducido”, posteó en Twitter Griselda Haro, una de las principales afectadas y representante de las víctimas de Noria de San José. “Solicitamos su ayuda @RosarioPiedraIb así como nuestro derecho a audiencia. Repudiamos las amenazas que han llegado a extremos gansteriles, de las que hemos sido objeto mi familia y yo. Presidente @lopezobrador_ dio instrucción sobre nuestro caso”, dice otro de sus mensajes en esa red social.
Es un grito desesperado de quien representa a un grupo de personas en estado de indefensión que debe ser atendido a la brevedad.
Está claro, pues, que no es un asunto de diferencias menores, ya hay amenazas de muerte.
Ante el desdén, la negligencia y el menosprecio de las autoridades locales hacia las víctimas durante casi tres años y medio se hace indispensable la intervención federal antes de que haya nuevos hechos que lamentar y de mayores proporciones de los que hasta ahora se han suscitado.
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