Marcela García
Saber, que desde el cuartel ubicado en Damián Carmona se investigue a los grupos opositores y críticos a la política del gobierno del estado no es ninguna novedad. Si conocemos la historia, las mujeres organizadas para defender los derechos humanos en San Luis Potosí debieron suponer que en el contexto de la sociedad actual, las feministas estarían incluidas en las tareas de inteligencia militar y de seguridad pública; lo que sí es una novedad, y lo digo con sorpresiva ironía, es que sus agentes no sean tan efectivos como se creía, y lo digo porque, con base en este informe publicado en redes sociales y algunos medios de comunicación, se nota que es un documento con un supuesto orden metodológico y hasta con tablas, pero que en el fondo es vago, impreciso, incompleto y desordenado, carente de deducciones y propuestas serias.
Me atrevería incluso a valorarlo como un reporte de asignatura colegial, pues, aunque exhibe datos reales, no logran entregar una interpretación próxima a la realidad que le permita al Estado identificar claramente los riesgos en el caso que los exista, para tomar decisiones equilibradas y evitar en todo momento violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
¿Por qué, siendo el Cuartel General XII, se pueden cometer semejantes disparates? Existe una respuesta bien sencilla desde la mirada feminista, que por supuesto ellos no la tienen, dueños del poder, enfundados en sacos oficiales y fusca en mano: para estos hombres, y seguramente mujeres militares aliadas del patriarcado, el movimiento feminista representa un movimiento osco, molesto, incomodo cuyo origen emana de la histeria femenina freudiana, que, de acuerdo con su imaginario militarista, es cosa de mujeres mal cogidas o sin familia, o sea, de mujeres ociosas e indeseadas, no aceptadas y rechazadas por la sociedad, de todas aquellas a las que ningún hombre eligió o escogió por insubordinadas.
Los señores del Cuartel XII, al desconocer el origen y sentimientos del feminismo, niegan los principios del movimiento y dejan entrever su identidad machista –patriarcal y discriminatoria–, eso les impide contar con elementos científicos sociales, antropológicos y políticos para realizar investigaciones serias y objetivas para obtener deducciones reales.
El informe que se ha viralizado es una burda amenaza para los grupos de mujeres feministas y del movimiento ampliado de mujeres en San Luis Potosí, porque suponen que su publicación les atemoriza pretendiendo que le bajen al tono de su organización (recordemos que apenas la semana pasada se movilizaron en Fundadores para conmemorar el #28S), pero el feminismo no le teme a las amenazas del Estado, porque su causa no está sujeta a negociaciones, y porque tiene una historia, una identidad y una colectividad organizada que la respalda.
De acuerdo con los datos publicados, es perceptible la intromisión de agentes de seguridad pública dentro del movimiento, y no solo en las marchas sino también en las asambleas comunitarias, virtuales o presenciales. Pero más preocupante, es notorio que hay feministas infiltradas en el gobierno del estado que sostienen íntimas relaciones con otras mujeres cercanas al poder que se encargan de transmitir la información que se genera entre las colectivas, lo que estaría poniendo en riesgo la seguridad de las activistas y de sus familias, así como de los objetivos del movimiento. Podrían pasar de una simple estigmatización a un movimiento represor de hostilidad y desaparición de liderazgos en San Luis Potosí, no en vano hoy, un gran número de mujeres líderes de movimientos se manifestaron en redes sociales.
El ejército tiene información de compañeras feministas y activistas, direcciones y acciones en las que hemos participado, incluida información sobre mí. Hace mucho que no me sentía en riesgo como con la filtración de esta información; si algo me llega a suceder como activista que quede fe de que fue el Estado.
En el contexto de San Luis Potosí donde el movimiento feminista es más pequeño, me hace sentir especialmente vulnerable que el ejercito guarde información de ciertas compañeras en especifico, se me hace muy poco empático que nos pidan no estar asustadas con esta situación porque no todas hacemos activismo bajo las mismas condiciones.
“En vez de investigar de cerca a grupos delincuenciales reales, SEDENA boletinó y tiene clasificadas a colectivas feministas a la par de grupos subversivos y guerrillas”, dijo Olga Lucio, de Feministas Universitarias Zona Oriente.
Por último y no menos relevante, resultaría muy, muy preocupante, que el gobierno del estado, en su afán de controlar y garantizar la seguridad ciudadana-machista-patriarcal, llegara a considerar como referencia el sesgado y limitadísimo informe que entregan las y los elementos responsables de recabar la información. Entonces pagarán justas por pecadoras.
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