Por Victoriano Martínez
La integración de las nuevas fuerzas especiales de seguridad tan presumida por el gobierno del Estado tiene muchos visos de simulación a los que se suma un indicador más: el contraste entre la presunción ostentosamente propagandística y un acuerdo de reserva que busca ocultar lo que pomposamente promocionan.
Que se compraron tres vehículos artillados tipo “Rhino”, y la meta de contar con 20, que tendrán un costo de 200 millones de pesos.
Que las fuerzas especiales se conformarán por 200 personas divididas en 10 grupos de 20 elementos, que se distribuirán por todo el estado.
Que trabajarán 25 días ininterrumpidos y tendrán cinco días de inactividad y contarán con un lugar específico para descanso y serán proveídos de alimentos.
El grupo fue presentado el 25 de octubre y ahí soltaron esas cifras y datos que, por obra y gracia de la opacidad, al atender una solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia se recurrió a un acuerdo de reserva para que lo declarado de manera propagandística no se volviera público con precisión en un documento oficial.
¿Acaso lo que declara públicamente un funcionario no cuenta con un respaldo documental que lo avale? O en sentido opuesto, ¿acaso los funcionarios pueden violar los acuerdos de reserva porque la emoción de promocionarse anula cualquier prueba de daño?
Las fuerzas especiales de seguridad fueron presentadas el 25 de octubre. Se habló de que inició con 43 personas para, el mes que hoy comienza, llegar a 200 elementos.
Cómo se conformó este grupo, quiénes lo integran y de qué manera operará en el estado, fueron cuestiones que desde aquella fecha quedaron en el aire, y ahora bajo el resguardo de un acuerdo de reserva. Sólo se dijo que pertenecerían a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a pesar de que aquel mismo día ésta dijo vía transparencia que desconocía a qué corporación se asignarían.
Hoy que reservan la información sobre las fuerzas especiales, revelan la denominación de los puestos de quienes las integrarán y los sueldos que, por coincidentes con los que aparecen en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) para los elementos de la SSP, puede decirse que efectivamente pertenecen a esa corporación.
Los cargos con que se designa a los integrantes de las fuerzas especiales que, se dijo el 25 de octubre, militares que realizarán labores tácticas, son Primer Oficial, Oficial, Sub-oficial, Policía Primero (A), Policía Segundo (B) y Policía Tercero (C).
Los seis cargos aparecen en la plantilla de personal publicada en la PET con exactamente los mismos sueldos que reportan en la respuesta que se dio a la solicitud de información.
Al revisar la plantilla de personal de la SSP en la PET el número de elementos que ocupan esos cargos no ha variado de enero a octubre de este año: 2 mil 764 en total. O no se han incorporado los 43 militares de los que se habló el 25 de octubre, o no fueron militares sino policías de la plantilla los que fueron habilitados como fuerzas especiales.
El dato desmiente, además, la afirmación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el sentido de que sólo había mil elementos en labores de vigilancia, dado que había mucho más del doble y que son los mismos que durante octubre mantuvo la actual administración. Habrá que esperar a conocer los datos que hagan públicos correspondientes al mes que acaba de terminar.
La información que se muestra en la PET aún no refleja cambios en materia seguridad, en tanto que los resultados muestran que se mantiene la inercia de aumentos en la incidencia delictiva, con incrementos en los asesinatos: en el estado pasaron de 41 en septiembre a 53 en octubre, y en la capital de 13 a 21.
Un golpe de realidad que advierte que la seguridad y el vivir sin miedo, no se logra a fuerza de propaganda ni con la exhibición de equipo táctico que después se oculta atrás de un acuerdo de reserva.
