Alejandro Rubín de Celis
Dos casos recientes contribuyen a confirmar la opacidad y la discrecionalidad con que los poderes Legislativo y Ejecutivo ejercen recursos públicos para beneficiar a miembros de la clase política potosina.
En la sesión legislativa celebrada este 15 de febrero el reportero de Astrolabio Diario Digital, Jaime Nava pudo captar un mensaje que envió por WhatsApp el diputado Oscar Bautista al gobernador Juan Manuel Carreras en el que le pide al mandatario su apoyo para que el secretario de finanzas libere 3.5 millones de pesos que no ha podido ejercer ─como sí los han ejercido sus demás compañeros legisladores─ y que estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2017.
El diputado negó en todo momento al reportero que existiera el mensaje de marras y menos haberlo compartido con el ─hasta ese momento─ diputado con licencia, José Luis Romero Calzada.
Como la prueba gráfica mostrada es irrefutable la pregunta es ¿a qué partida pertenece ese recurso que presuntamente ya se entregó a los demás legisladores? Es probable que se trate de aquella polémica partida que se aprobó en un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos 2017 por un monto de 80.5 millones de pesos y que facultaba a los diputados para incidir en la asignación de esos fondos de acuerdo supuestamente a necesidades de sus distritos.
Desde que inició la legislatura, los diputados gestionan y entregan dádivas para construir o mantener clientelas políticas, y al poner la mira en las elecciones de este año no perdieron oportunidad de asignar la mayor cantidad de recursos posibles para obras y apoyos sociales en el 2017. Teniendo como uno de sus objetivos buscar nuevos cargos públicos decidieron incorporar esa partida al presupuesto del año pasado, hecho que fue cuestionado por diversos sectores sociales y económicos.
A mediados de 2017 resurgió la controversia sobre el caso cuando el diputado José Luis Romero Calzada declaró que la Secretaría de Finanzas había entregado aproximadamente 3.5 millones de pesos a cada diputado, excepto a él, para realizar obra pública en sus distritos. Romero Calzada dijo que había rechazado recibir el recurso debido a que no había reglas claras para su ejercicio y rendición de cuentas, y porque se podía prestar a malas interpretaciones. Algunos diputados como Sergio Desfassiux negaron haber recibido ese dinero.
Días después de la declaración de Romero Calzada, el diputado Héctor Mendizábal anunció que buscaría un consenso con sus compañeros para derogar el artículo transitorio relativo a los 80.5 millones de pesos en virtud de que los legisladores no tienen facultades para ejercer esos recursos y afirmó que hasta ese momento ningún diputado había recibido dinero de ese fondo. El secretario de Finanzas, José Luis Ugalde dijo que ese artículo transitorio era confuso y que debía aclararse para tener certeza de dónde saldrían los recursos, pero el asunto no se aclaró y el transitorio nunca se derogó.
El otro caso tiene que ver con la aprobación de una partida adicional por 3.9 millones de pesos al rubro de Gestoría Institucional, la cual ha servido a los legisladores para entregar a discreción y en muchos casos sin la debida comprobación apoyos sociales de toda índole. Como los “representantes populares” agotaron los fondos de esta partida ─que en dos ocasiones se comprometieron a eliminar y no lo hicieron─ el último día de noviembre cuando decidieron gastarse los últimos 2.1 millones de pesos que les quedaban de los 12.3 millones presupuestados en este renglón para 2017, decidieron aprobar otros 3.9 millones de pesos que se gastaron en diciembre. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad de entregar más dádivas para fortalecer clientelas y asegurar votos para este 2018? Ya varios diputados solicitaron licencia para buscar un cargo de elección popular y otros lo harán próximamente.
El uso opaco y discrecional que se hace de los apoyos sociales fue motivo de que en agosto pasado el Consejo Ciudadano de Transparencia del Congreso local hiciera una serie de observaciones a los integrantes de la Junta de Coordinación Política por aprobar, entre septiembre de 2015 y mayo de 2017, un gasto por 17.1 millones de pesos en este tipo de ayudas en forma discrecional y sin los controles necesarios para asegurar que se entregaran a sus destinatarios.
Sin embargo, en una revisión periodística a la lista de cheques por diversos conceptos de ayudas sociales, en el mismo periodo, la cifra asciende a 31.4 millones de pesos.
Así, otros dos casos se suman a una larga lista de asuntos relacionados con el uso discrecional y opaco de los recursos públicos, sin contrapesos, sin ley que se aplique ni autoridad que actúe para frenar los excesos y el contubernio de la clase política potosina.
