El niño, de 12 años, murió ahogado en actividad acuática en campamento universitario
Eduardo Delgado
Hoy se cumple un lustro del deceso de Diego González Ruiz, niño ahogado en actividades acuáticas del campamento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), entonces a cargo del ex rector Manuel Fermín Villar Rubio. Luego de más de dos meses bajo la rectoría de Jaime Alejandro Zermeño Guerra, la actual administración no ha mostrado ningún interés en el caso, aseveró Socorro Ruiz Medellín, progenitora del menor.
Para ella, hasta el día de hoy, Luis Antonio Cuevas y Armando Mariscal Mata, de quienes desconoce si siguen o no como directivos universitarios, son los responsables del deceso, pues los menores iban bajo su cuidado y tampoco permitieron la intervención de rescatistas del complejo recreativo.
En entrevista, descartó “hacerle un llamado” al nuevo rector, para “implorarle” que retome el asunto, pues estimó que en la entrega recepción el ex abogado, Juan Manuel Reynoso, se lo reportó a su sucesor, Martín Joel González de Anda, quien a su vez debió valorarlo y exponérselo a su superior jerárquico. “De haberlo hecho ya me habrían llamado”, opinó.
“Ellos tendrían que retomarlo, ver la situación en que está el caso, valorar y estudiarlo, porque a mí no me queda duda que la muerte de mi hijo fue responsabilidad del personal de la Universidad”, reiteró.
Intensificado su trabajo como doctora a causa de la contingencia sanitaria, la cual motivó también el establecimiento de restricciones en la Fiscalía para atender al público en general, dijo no tener tiempo para acudir a la Fiscalía General del Estado a dar seguimiento a la integración de la averiguación, cuyo expediente es identificado con la clave AP/PGJE/SLP/IE/0421/2015.
Además la desanimó el burocratismo, pero sobre todo que el encargado de las indagatorias, Hugo César Azuara Argüelles, una magistrada del Poder Judicial del Estado y sus abogados, que le empezaron a cobrar “muy alto”, le dijeron que no se podía hacer nada.
En ese tenor, anticipó, el caso “va a prescribir” en unos dos años más, después de acumulados siete, pues a la fecha tampoco percibe interés de la nueva gestión universitaria en atender el caso.
Tampoco, añadió, espera nada del nuevo rector: “Pues sino le movieron cuando estaba el anterior, no creo que el doctor Zermeño, por la contingencia, le vaya a hacer caso, aparte de que en las condiciones actuales a la Universidad no le interesa reanudar los campamentos”, abundó.
El 17 de julio de 2015, Diego y otro compañero se deslizaron por un tobogán, del cual salieron y se sumergieron en la alberca. En un ducto sin rejilla de protección, por el que se succiona el agua para subirla y escurrirla por el aparato, quedaron atrapados.
Avisados por los infantes, los encargados de su cuidado rescataron a uno vivo y a Diego sin vida, sin embargo le aplicaron maniobras para resucitarlo y lo trasladaron de Villa de Reyes a un hospital de la capital.
La mamá del menor presentó una demanda penal contra funcionarios universitarios y aparte se quejó del trato inhumano que recibió del ex rector e incluso de parte de sus ex colaboradores.
Un día, recordó, el ex abogado Juan Manuel Reynoso le dijo que mientras no se comprobase la responsabilidad de los directivos universitarios, “nosotros no vamos a hacer nada”. Sólo presumieron haber pagado los servicios funerarios.
“Lo que me dejó satisfecha, por una parte del balneario, es que ellos siempre me apoyaron y me dijeron que el personal de la Universidad tuvo mucho que ver, porque no estuvo al pendiente de los niños, no supieron que hacer para evitar que Diego muriera y no estaban preparados para atender una emergencia”, finalizó.
