Estela Ambriz Delgado
El proyecto del Gobierno del Estado, conocido como Vía Alterna, ha continuado desarrollándose sin contar con la aprobación de su Manifiesto de Impacto Ambiental en la modernización del mismo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destruyendo parte de la zona de amortiguamiento y de influencia del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito.
De acuerdo con el resolutivo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Regulación Ambiental, emitido el 28 de noviembre de 2023 mediante oficio SRA/DGIRA/DG-04484-23, se niega la autorización solicitada por la Junta Estatal de Caminos para la modernización del proyecto denominado “Estudio de Impacto de la carretera E.C. Av. Juárez/eje 140, tramo ramal al eje 122, incluye 1 paso superior vehicular y 2 pasos superiores de ferrocarril”.
En el documento se detalla que, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), para la autorización de las obras y actividades enlistadas en el artículo 28, la Semarnat se sujetará a lo establecido por la propia ley, su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio; las declaratorias de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que la negativa se da en función del incumplimiento con lo dispuesto en el artículo 13 fracciones II, IV, V, VI y VII del REIA.
Asimismo, se explica con base en qué razonamientos técnicos y jurídicos se niega la aprobación, y como primer punto se señala la falta de precisión de la ubicación, el área de afectación que tendrá el proyecto sobre el ecosistema y los impactos que este pudiera ocasionar.
El Gobierno del Estado tampoco presentó el análisis y la evaluación de los componentes ambientales susceptibles a ser afectados, omitiendo información que resulta relevante para realizar un análisis integral y evaluar la viabilidad ambiental del proyecto.
En el oficio se indica también que el proyecto estuvo carente de un análisis técnico respecto a los posibles impactos ambientales y sus efectos en el Sistema Ambiental Regional (SAR), las medidas de mitigación, pronósticos ambientales.
“Por lo cual no se tiene certeza de que los impactos ambientales no representan riesgo alguno para la integridad funcional del SAR o si pueden causar desequilibrios ecológicos, rebasando los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referentes a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”.
Finalmente, otro razonamiento descrito en el oficio por el que se da la negativa fue que la descripción de los pronósticos ambientales, regionales, y el contenido de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la Manifestación de Impacto Ambiental, no correspondían con una evaluación integral de todas las obras y actividades que se requieren para la modernización y ampliación del camino para mejorar la comunicación entre las localidades involucradas.
Al respecto, el colectivo Guardianes de la Sierra explicó que el Gobierno del Estado inició el trámite de ampliación del proyecto en 2021, cuando vieron que se acercaba el decreto de Área Natural Protegida, pues ya existía una MIA aprobada entre 2018 y 2019, lo que en su momento fue cuestionado y controvertido por los activistas. Sin embargo, tanto Juan Manuel Carreras López como el actual mandatario Ricardo Gallardo Cardona intentaron modificarlo, pero la tramitología que siguieron fue errónea.
“El Gobierno del Estado está construyendo con base en el Manifiesto de Impacto Ambiental y autorizaciones que ellos ya tenían desde 2018 y 2019, ¿o por qué ahora después de que Semarnat les niega la autorización, se avientan a seguir construyendo?”, cuestionaron.
