Por Victoriano Martínez
Desde que Carlos Hank González acuñó la frase “mientras más obra, más sobra”, todo gobernante que presume obras ostentosas y las promociona como acciones sin precedentes provoca una sospecha que rememora el enriquecimiento inexplicable del profesor y político mexiquense… a menos que se desarrollen con total transparencia.
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública no sólo son un instrumento para que cualquier persona pueda constatar la forma en la que se ejercen los recursos públicos, sino que también lo son para que los propios servidores públicos generen confianza entre la población al dar a conocer la información con toda claridad y sin la envoltura propagandística que la desvirtúa.
Tres obras de indudable impacto positivo para la población comparten lamentablemente una misma característica: desde su planeación hasta su realización se mantienen envueltas en la opacidad.
Sobre el costo de la rehabilitación de los Parques Tangamanga I y II, y la construcción del Parque Las Camelias en Matehuala, así como los detalles en qué consistieron, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) incumple la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley al no publicar esos datos en la Plataformas Estatal de Transparencia.
A pesar de tratarse de información que se debe difundir de oficio, la SEDUVOP incurre en una segunda violación a la Ley a evadir proporcionar esa información en las respuestas que dio a las solicitudes de información 240470323000012 (Las Camelias), 240470322000063 (Tangamanga I) y 240470322000142 (Tangamanga II).
Una envoltura de opacidad que se trata de disimular con una propaganda, como suele ocurrir con la mayoría de las obras que se han emprendido durante este sexenio, en la que se da una danza de cifras con arranques en los que se anuncia un costo muy inferior al que finalmente se da a conocer en su inauguración… y hasta en los informes oficiales.
Como muestra el caso del Tangamanga I que, al iniciar la obra se dijo que costaría 150 millones de pesos, cuando fue reinaugurado se habló de 200 millones de pesos, y en el primer informe de gobierno se reportó con una erogación de 336 millones de pesos.
Una discrepancia en las cifras que resulta aún mayor en el contraste que se da entre las obras que, a golpe de publicidad –sea abierta o simulada en gacetillas–, se promocionan diariamente con un alto costo para el erario, y las pocas que se reportan como cumplimiento a sus obligaciones de transparencia. Un contraste que muestra la magnitud de la opacidad gubernamental.
No pueden presumir de ser transparentes porque, si lo fueran, en la Plataforma Estatal de Transparencia estarían todas las obras que se presumen día con día y ahí sólo aparecen nueve contratos.
Transparencia no es hacerse propaganda a modo, sino informar lo que la ley obliga, y en el apartado correspondiente, en los primeros 16 meses de este gobierno sólo reporta nueve contratos sobre cinco obras: la rehabilitación del Anillo Periférico, la de Fray Diego de la Magdalena, la de la Avenida Juárez, la conversión de la Casa de Gobierno en albergue, y el bulevar Cd. Fernández-El Refugio.
De octubre de 2021 a enero de 2023, la SEDUVOP sólo reportó la existencia de adjudicaciones de obra por invitación restringida en enero de 2022, dos contratos por el Anillo Periférico, y en junio de ese mismo año, cuatro contratos para Fray Diego de la Magdalena y los de Avenida Juárez, Casa de Gobierno y el bulevar de Ciudad Fernández.
De conocerse todos los contratos, podría saberse que los dos publicados sobre el Anillo Periférico no fueron los únicos porque apenas suman 162 millones 813 mil 979.10 pesos y se presumió un costo de la obra por 478 millones de pesos. Poco más de 315 millones de pesos en la opacidad… o lo que sería peor, de sobrecosto. Y sólo es un ejemplo.
¿De qué tamaño es la opacidad? O lo que sería peor, ¿de qué tamaño es el sobrecosto? Dudas que podrían quedar resueltas si la SEDUVOP cumpliera con la Ley de Transparencia.
