Angélica Campillo
De acuerdo con la encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, la mayor parte de las observaciones a las cuentas públicas de los entes auditables, del ejercicio fiscal 2021, se concentran en el capítulo 1000, correspondiente a sueltos y salarios, así como en el capítulo 6000, que corresponde a inversión pública en obras y proyectos.
El universo seleccionado para la fiscalización superior de la cuenta pública 2021, fue por la cantidad de 13 mil 308 millones 566 mil 478.05 pesos, mientras que la muestra auditada asciende a 10 mil 892 millones 023 mil 599.27 pesos, es decir, que la Auditoria Superior del Estado revisó el 81.8 por ciento.
El monto observado fue de 2 mil 078 millones 544 mil 118.49 pesos, mientras que el total resarcido al erario público fue de un millón 092 mil 613.06 pesos, es decir, únicamente el 0.0526 por ciento.
Si bien Muñoz Gutiérrez evitó especificar cuáles fueron los hallazgos más graves dentro de las auditorías practicadas que ameritarían denuncias penales, adelantó que las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia ya cuentan con esos datos, los cuales informarán en su momento.
“Hay una situación que se da mucho en el capítulo 1000 y 6000, que impacta más el tema de las observaciones”, indicó la encargada de despacho de la ASE.
Tras la aprobación del Congreso del Estado a los informes de auditoría llevadas a cabo por la ASE, a las cuentas públicas de 113 entes del ejercicio fiscal 2021, Muñoz Gutiérrez indicó que será en el mes de enero de 2023 cuando los entes que fueron objeto de observaciones, podrán presentar la documentación respectiva.
Señaló que una vez que los entes puedan justificar o de alguna manera desahogar las observaciones, la ASE tiene 60 días hábiles para generar el pronunciamiento en el cual se definiría si incurrieron en acciones graves o no graves.
Según lo referido por la encargada de despacho de la ASE, en caso de ser faltas no graves, se remitirán al órgano de control de cada ente, y en caso de ser graves, a la Auditoría Especial Jurídica de la ASE, para posteriormente enviarlas tanto a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se finquen las sanciones que correspondan.
