Abelardo Medellín
Pagos en apoyo del Congreso Nacional Charro 2023 e irregularidades en diversos rubros, es lo que reveló el informe individual de la auditoría realizada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) a la cuenta pública del Instituto Potosino del Deporte (Inpode).
Astrolabio Diario Digital tuvo acceso a los informes individuales de 20 entes fiscalizables del Gobierno del Estado, de entre los cuales destaca el Inpode por ser el cuarto ente con más observaciones (21 en total), la dependencia individual con mayor monto observado (667 mil 207 pesos) y, además, haber obtenido un dictamen negativo en su ejercicio fiscal 2023.
De entre los 41 resultados de la auditoría resaltan un grupo de puntos que, si bien no todos generaron observaciones, sí evidencian que el Inpode erogó recursos públicos para apoyar y fomentar la realización del Congreso Nacional Charro 2023 que fue impulsado de forma personal y oficial por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El primer punto que recuenta este apoyo es el número nueve, relativo a gastos en materiales y suministros; en este, se describe que el IFSE analizó una muestra de 2 millones 71 mil 165 pesos, que el Inpode utilizó para adquirir papelería material de limpieza, pintura, productos químicos para albercas y también, para la compra de “vestuario charro”.
En el apartado de “transferencia de recursos”, se recuenta que el Inpode recibió de la Secretaría de Finanzas (Sefin) 21 millones 829 mil 812 pesos, por conceptos como: la Carrera del Primer Serial Trail Mágico, Juegos Nacionales CONADE, el Maratón internacional Tangamanga, la tercera fase de la liga de Charros “Acero Copa San Luis” y el Congreso Nacional Charro 2023.
En el apartado de proyecto de inversión, relativo al capítulo 6000 del presupuesto, se advierte que, de una muestra de 34 millones 228 mil 649 pesos erogados, éstos se utilizaron principalmente en diversos proyectos “productivos y acciones de fomento social”, entre las que también se incluyó al Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023.
Sin embargo, de este apartado en específico destaca que el punto 27, relativo al análisis del mismo capítulo 6000, se encontraron erogaciones por 6 millones 86 mil 482 pesos que no tenían documentación comprobatoria y justificación.
Tras recibir la aclaración pertinente por parte del Inpode, el IFSE señaló que aún así hubo un “probable daño o perjuicio a la hacienda pública por un monto de 667 mil 207 pesos”, monto por el cual se generó una observación.
Al analizar las erogaciones por proyectos productivos y acciones de fomento social, el IFSE también advirtió, en el punto 29 del informe, que el Inpode pagó la renta de mobiliario para el Congreso y Campeonato Nacional Charro y adquisición de otros servicios, pero esto se realizó a través de una adjudicación directa, sin realizar contrato con proveedores y sin presentar acta al Comité de Adquisiciones.
Al intentar solventar la irregularidad advertida, el Inpode entregó el contrato que celebró con uno de los proveedores, sin embargo, el IFSE señaló en el informe que la dependencia no pudo entregar la totalidad de los contratos, ni el acta del comité de adquisiciones donde se señale la razón por la cual se adjudicó de forma directa y no a través de una invitación restringida como lo señala la ley.
Además de las dos mencionadas el IFSE recuenta en el informe decenas de otras observaciones no solventadas entre las que destacan, por ejemplo, que durante 2023 el Inpode registró erogaciones al rubro de servicios personales por 95 millones 71 mil 810 pesos, lo cual rebasó el montó aprobado de 88 millones 539 mil 239 pesos, con una diferencia de 6 millones 532 mil 571 pesos.
Tal aumento ilegal del rubro de servicios personales durante el 2023 derivó en que el IFSE dictara el realizar una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con el Inpode. Cabe destacar que las observaciones al Instituto Potosino del Deporte fueron tantas, que en total fue acreedor de seis promociones sancionatorias como estas.
Algunas de las otras promociones sancionatorias fueron: por no expedir Comprobante Fiscales Digitales que permitieran verificar cuánta gente usa las instalaciones; por no añadir los conceptos de cobros por uso de ciertos espacios, lo cual dificulta comprobar sus ingresos reales; por haber adquirido bienes muebles durante el 2023, pero no contar con su resguardo ni tenerlos en inventario, y otros.
