Angélica Campillo
Funcionarios estatales refirieron que, por el momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no cuenta con elementos para señalar alguna irregularidad en la cuenta pública del 2018 de la administración encabezada por Juan Manuel Carreras López, ya que, aseguraron, dichas observaciones serán aclaradas y solventadas.
En rueda de prensa, el Contralor General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, explicó que la ASF solicitó que se aclarara el destino de tres mil 47.4 millones de pesos, que corresponden al rubro de Ingresos de Libre Disposición, mismos que fueron detectados a partir de una auditoría de cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. Agregó que el informe entregado a la Cámara de Diputados por parte del órgano federal fiscalizador, es parcial y su versión final será presentada en febrero del 2020.
Mencionó que la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado aportó la documentación requerida por la ASF, pero no fue suficiente, en razón de que la instancia federal pidió un desglose más específico debido a que estos recursos fueron ejercidos por organismos públicos descentralizados, cuya contabilidad no está en los estados financieros de la dependencia estatal.
Señaló que “el registro contable específico a nivel de pólizas de partida contables lo tienen los organismos públicos descentralizados”, por lo que en ese contexto aseguró que dicho monto no fue mal ejercido, y reiteró que “la ASF no tiene elementos para decir que hay alguna irregularidad, únicamente se necesita más información para completar la auditoría”.
Rosillo Iglesias indicó que en la auditoría realizada por la ASF hubo 25 resultados: 19 sin observación alguna, cinco que fueron solventados por la Secretaría de Finanzas y sólo quedó una observación, de nivel de solicitud de aclaración.
Se dio a conocer que estos Ingresos de Libre Disposición fueron ejercidos, en su mayoría, por organismos públicos descentralizados, inversión pública, amortización de deuda, obligaciones financieras y, en menor medida, gastos de operación, de los cuales la Secretaría de Finanzas aportará la justificación y comprobación en el plazo señalado por la ASF.
Se mencionó que, adicionalmente a la solicitud de aclaración por parte de la ASF, las únicas observaciones señaladas a la entidad potosina corresponden a las auditorías realizadas al Seguro Popular, por 68 millones de pesos; al Fondo de Infraestructura Social para las entidades federativas por 63 millones de pesos; a la sustitución del Hospital Central Ignacio Morones Prieto por 14.8 millones de pesos; y a Prospera por 189 mil pesos, montos que están sujetos a procesos de seguimiento y que serán notificados formalmente a esta entidad a más tardar el 15 de noviembre por parte de la ASF, y posteriormente, en un plazo de 30 días hábiles, la entidad fiscalizada deberá solventar las observaciones correspondientes.
El contralor general del Estado expuso que el monto observado al Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y al Fondo de Hidrocarburos, que asciende en total a 180 millones de pesos, corresponde solventarlo a los municipios que aplicaron estos recursos, así como en el caso de las auditorías que se practicaron al Fondo de Infraestructura Social Municipal y al Fondo de Fortalecimiento Municipal, que suman 221 millones de pesos.
Refirió que lo que sigue es que la ASF valore y dictamine que estos recursos fueron utilizados de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene por objetivo que el estado no se endeude más de lo necesario, que no dediquen más de lo razonable para gasto corriente o para servicios personales o de comunicación, por lo que dijo tener confianza de que este monto sea valorado de manera correcta por la dependencia federal de fiscalización.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas estatal, Daniel Pedroza Gaitán, comentó que se encuentra esperando la notificación formal de la ASF respecto al monto señalado, situación que, dijo, seguramente ocurrirá en unas semanas más, y posterior a ello contarán con un plazo de 30 días hábiles para complementar la información que les solicite la dependencia federal de fiscalización.
